Durante la mañana de este miércoles en Valparaíso, la Comisión de Constitución del Senado se reunió a deliberar sobre el proyecto de Ley de Indulto General, una de las pocas esperanzas que guardan las y los presos políticos de la revuelta popular iniciada en octubre de 2019, así como sus familiares.
Sin embargo, señalar que los senadores de la comisión se juntaron a deliberar sería decir mucho, ya que a los cuatro minutos de iniciada la sesión se planteó que esta se suspendiera. Lo anterior debido a que los senadores y senadora de la comisión no presentaron sus indicaciones dentro del plazo establecido. Los integrantes de la comisión son los senadores Pedro Araya, Alfonso De Urresti, Rodrigo Galilea, Francisco Huenchumiilla y la senadora Luz Ebensperger.
El único senador que presentó indicaciones al proyecto en plazo, y que ni siquiera forma parte de la Comisión de Constitución, fue el senador Juan Ignacio Latorre. «El resto de senadores preparó indicaciones pero no alcanzaron a presentarlas dentro de plazo», señaló el presidente de la comisión, Pedro Araya. Acto seguido, Araya pidió abrir un plazo adicional de una semana para presentar las indicaciones al proyecto ingresado en diciembre de 2020.
Raquel Torres, Vocera del Grupo de Iniciativas por la Liberación de los Presos Políticos de la Revuelta señaló al respecto que es «absolutamente inmoral que se siga dilatando el proyecto de ley. Hoy en la sesión del Senado se volvió a pedir un nuevo plazo para las indicaciones , ¿por qué?, porque los senadores no habían presentado las propuestas. Y ahora tenemos que esperar una semana más para que se discuta y luego se vote y vaya a Sala del Senado.»
En tanto, Verónica Verdugo, Vocera de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, denunció la medida con indignación. «Nos parece nefasto que hagan esta estrategia aplazando una vez más el proyecto de indulto, impidiendo que avance. Nuestros presos no tienen tiempo, ya llevan más de dos años en prisión», señaló.
«No es posible que estemos ad puertas de que asuma un nuevo gobierno, de Gabriel Boric, con los votos de todo el pueblo que está en la lucha por la libertad de los presos de la revuelta y aún los tengamos sin resolver su libertad. Gracias a ellos nosotros podemos hablar de una futura constitución donde estén expuestas todas nuestras demandas. No vamos a dejar las calles y no vamos a dejar de luchar hasta lograr su libertad», sentenció Verónica Verdugo.
Por su parte, dentro de los pocos minutos que duró la sesión de la Comisión de Constitución, el senador Araya señaló que «uno de los principales problemas que ha tenido este proyecto es la información de saber quienes son los denominados presos de la revuelta».
Con este fin, Araya pidió al Ministerio Público, a la Corte Suprema y a la Defensoría Penal Pública que «nos pudieran actualizar la información que nos enviaron hace un tiempo atrás, respecto de las causas asociadas al estallido social, que nos puedan informar si han podido depurar la información que ellos manejaban respecto de cuántas causas habían, cuántas personas involucradas, por qué tipo de delitos y así poder avanzar en la discusión del proyecto.»
Además, el senador solicitó al Ministerio Público individualizar «si existen personas que se encuentren en prisión preventiva producto de esta investigación y el estado y plazo de la misma, para tener una mejor aproximación al proyecto.»
«Volvieron a pedir una nómina de detenidos cuando eso está a su disposición hace mucho tiempo. No puede ser que a casi más de un año de presentado el proyecto recién estén volviendo a pedir una lista de detenidos, cuando ese es un trámite que es de fácil solución, porque son instituciones públicas , y tienen comunicación fluida. Nuevamente, es un juego con las familias«, denunció Raquel Torres.
Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, acompañó al resto de organizaciones en esta manifestación contra la delación del proyecto. «Sabemos que el gobierno abala una forma de castigar a aquellos jóvenes que lucharon en la revuelta popular aplicando la Ley de Seguridad del Estado, para asegurarse de que signa muchos años más encarcelados. Es inaceptable que a dos años aún haya una cantidad enorme de jóvenes que estén con prisión preventiva«, señaló Lira.
«Seguiremos en la calle, y nos dirigimos a nuestro Presidente, Gabriel Boric, que use todos los recursos como gobierno para hacer justicia, y que de aquí en adelante, sean ricos o pobres, si cometieron un delito sean encarcelados y no solamente a aquellos que luchan por una sociedad más igualitaria y por denunciar los abusos en este país. Son aquellos que se coluden, que han estafado, que han sido corruptos los que merecen estar presos, y no que los manden a clases de ética. En ese doble estándar estamos viviendo, que mantiene a nuestros jóvenes en la cárcel», concluyó Alicia Lira.
«Queremos dejar absolutamente claro que no vamos a aceptar ninguna posibilidad de indulto a agentes del Estado violadores de derechos humanos. Queremos urgente una solución. Este es un tema de derechos humanos grave para el país que además nos avergüenza a nivel internacional. No podemos tener un gobierno que asuma con presos políticos y tanto nivel de violación a los derechos humanos en Chile«, finalizó Raquel Torres.
Como fecha tentativa para recibir las indicaciones de los senadores se fijó el 12 de enero, sin embargo, el presidente de la comisión, senador Pedro Araya, señaló que «si era necesario prorrogarla, la prorrogamos unos días más».
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