Por Luis Mesina
En el debate sobre impuestos, los partidos políticos perdieron todo protagonismo, son intrascendentes, su opinión poco importa, actualmente es un tema exclusivo solo de la elite económica y empresarial.
Varias son las razones que explican esa pérdida de peso en un debate tan importante para el país.
Una, cedieron la hegemonía del debate a los técnicos y perdieron competencias para el abordaje de esta materia y, dos, poco les importa pues al subordinarse a la tecnocracia, invistieron de un poder omnímodo al jefe de la cartera de Hacienda y en tal escenario redujeron su actuación solo a repetir como mantra los pensamientos del ministro que, generalmente, se corresponden con miradas funcionales al modelo económico imperante.
Décadas atrás, el tema de los impuestos era algo de la mayor importancia para la política, en especial para la izquierda y su militancia.
Allí, en ese debate se confrontaban las distintas concepciones respecto de cuanto gravar al capital para generar recursos en pos de políticas sociales, era un tema en disputa permanente, pues en gran medida se definía cuánto, finalmente, de la riqueza generada por los trabajadores le llegaría al capital y cuánto al trabajo.
La izquierda era partidaria de gravar con impuestos permanentes y progresivos a las grandes fortunas, la derecha de bajarlos al máximo, eliminarlos si fuese posible.
En la era actual, la digital, la importancia que adquirió la financiarización en la sociedad plantea gravar con impuestos más altos al capital financiero, cuestión que la izquierda no aborda. De esas ideas que se traducían en demandas y propuestas programáticas de los partidos de izquierda, no queda nada.
¿Por qué es relevante el tema de los impuestos en Chile?
Porque una de las formas que puede ayudar a corregir la profunda distribución regresiva del ingreso es a través de gravar con mayores impuestos a los que más ganan.
Los datos recientes entregados por el Servicio de Impuestos Internos revelaron que entre 2018 y 2020 la evasión y elusión del impuesto corporativo (grandes empresas) superó el 50% y el incumplimiento tributario del IVA, alcanzó el 18,4%.
Es decir, los grandes empresarios mediante triquiñuelas, muchas de las cuales son fríamente calculadas por asesores tributarios, al estilo de Luis Hermosilla, elaboran prácticas que incluyen sobornos, cohecho y otras coimas para evadir el cumplimiento de la ley, y así afectar el erario nacional y aumentar ilegitima e ilícitamente sus fortunas.
El IVA que pagamos todos quienes percibimos ingresos producto del trabajo, es lo que permite en gran medida financiar al Estado para que éste desarrolle políticas públicas en beneficio de todos, en particular de los sectores más vulnerables. Hacer trampas para evadir el pago del IVA de parte de los empresarios es inmoral y solo pueden hacerlo ellos, que, mediante la emisión de facturas truchas, rebajan el pago de los impuestos.
La menor recaudación provoca varios efectos. Por un lado, consolida que un sector social del país siga concentrando la riqueza de manera ilegitima. Por otro, consolida que los sectores más vulnerables vean casi imposible la posibilidad de romper con el círculo perverso de la pobreza. Pues, con menos recursos, el Estado menos beneficios sociales podrá entregar; ello explica el nivel de deterioro de la salud pública, la educación y la previsión chilenas.
¿Cuál es el problema que la discusión sobre un tema tan importante para el país esté capturado por la elite tecnocrática que en su mayoría responde a los sectores más acomodados?
Que se impondrán las concepciones liberales a ultranza que han manejado la economía durante los últimos años; son las de los defensores del Estado Subsidiario.
Estado Subsidiario no solo para atender a los sectores más pobres del país, sino también, estado subsidiario para asistir industrias parasitarias como las Isapres y las AFP, que solo pueden existir con la transferencia directa e indirecta de recursos públicos, ya sea con los voucher en la salud para comprar atenciones privadas y/o con la PGU, subsidiando un sistema que no paga pensiones.
Lo grave, además, que bajo esta lógica se instala la idea de que nuestro país debe contentarse con salarios y pensiones cercanas a la línea de la pobreza. Es decir, ingresos de $221 mil para hogar de una persona, o 359 mil para un hogar de dos personas, o sea bien distante del ingreso mínimo de $460 mil.
Si ese es el estándar que persigue el gobierno a través del ministro de Hacienda, entonces se puede comprender porqué la derecha y los grandes empresarios con su tecnocracia disputan en todos los espacios la idea, por ejemplo, que en materia de pensiones ya basta con la PGU y, que, en materia de salarios, el monto actual del ingreso mínimo ($460mil) es suficiente.
Como se verá, al final, los impuestos están directamente asociados al tema de la distribución de la riqueza. Si los grandes pagan menos, irónicamente mayor será la pobreza de quienes con su humanidad hacen posible la generación de esa riqueza que acaparan ellos.
Vale entonces la pena, tomarse unos minutos para asignarle la importancia a esta temática, pues de ello, en gran medida, depende cuánto nos toca a nosotros, ya sea por mejores salarios o mejores prestaciones sociales.
De eso depende esta discusión.
Por Luis Mesina
Columna publicada originalmente el 6 de febrero de 2024 en Politika.
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