“Inconstitucional y vulneratorio de derechos”:  La controvertida indicación de la derecha que respaldó Vlado Mirosevic

Vlado Mirosevic y su apoyo a  indicación cuestionada por inconstitucionalidad y transgresión de derechos humanos

El diputado y candidato presidencial por el Partido Liberal, Vlado Mirosevic, respaldó la indicación del artículo 48 que suspende el procedimiento de reconocimiento de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO), regulados por la Ley Lafkenche. Esta acción, promovida por sectores de derecha, ha sido calificada por diversos actores como inconstitucional y una transgresión de derechos humanos.

La polémica surge en torno a esta iniciativa  introducida por los diputados de Renovación Nacional,  Mauro González y Marcia Raphael, declarado inadmisible inicialmente por la Mesa de la Cámara pero luego aprobado por el pleno y ratificado por el Senado. De acuerdo a la versión de diversos parlamentarios, este artículo contraviene las normas constitucionales en materia presupuestaria y vulnera los derechos de las comunidades indígenas, según 41 parlamentarios oficialistas que han presentado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) solicitando su eliminación.

Ver también / En defensa de la Ley Lafkenche: Masivo apoyo de Pueblos Originarios a recurso de inconstitucionalidad

El requerimiento enfatiza que la medida afecta el uso consuetudinario de los espacios costeros por parte de las comunidades indígenas, un derecho protegido por el Convenio 169 de la OIT. La diputada mapuche huilliche Emilia Nuyado criticó la iniciativa, señalando que responde a “presiones de sectores empresariales y de la industria pesquera”. Además, Nuyado declaró que la oposición “no tiene respeto por los derechos de los pueblos originarios ni intención de establecer un diálogo para la paz”.

Llamó la atención en la presentación del Recurso de Inconstitucionalidad, la ausencia del diputado Mirosevic, por el contrario, aparecía en los pantallazos de la votación de la indicación de la derecha, apoyándola.

El respaldo de Mirosevic causó asombro entre organizaciones socioambientales y comunidades indígenas, más aún por sus aspiraciones presidenciales, ya que dicha indicación la consideran un ataque directo a los pocos derechos reconocidos para los pueblos originarios que existen, más aún, cuando ni siquiera existe reconocimiento constitucional.

 Representantes de comunidades han exigido al presidente Gabriel Boric que utilice su facultad de veto para frenar esta indicación. En una declaración pública conjunta, manifestaron: “Esta acción vulnera derechos protegidos por tratados internacionales y afecta el principio de progresividad en derechos humanos”.

Diversas organizaciones también han denunciado que esta iniciativa forma parte de una campaña de desinformación promovida por grupos económicos vinculados a la industria acuícola, comparándola con las prácticas corruptas asociadas a la llamada Ley Longueira. De hecho, la Ley Lafkenche, creada en 2008, surge justamente porque dicha Ley de Pesca excluía a las comunidades y a través de esta nueva norma, se buscaba proteger el uso consuetudinario de los recursos marinos por parte de comunidades costeras, lo que fue considerado un avance en materia de derechos indígenas.

Cabe resaltar que dicha indicación de la derecha ha polarizado aún más el escenario político. El diputado de Renovación nacional, Mauro González, uno de los promotores de la iniciativa, ha respondido a las críticas con ataques hacia las comunidades y organizaciones que defienden la Ley Lafkenche, calificándolas de “extremistas” e “ideologizadas”.

González, indicó en sus redes sociales este sábado: “En los últimos días he sido objeto de ataques y mentiras que vienen de grupos ideológicos extremistas, están molestos porque le suspendimos la ley lafkenche durante el año 2025, sin perjuicio que el gobierno y parlamentarios han amenazado de ir al tribunal constitucional y dejar sin efecto nuestra indicación que ganamos en el congreso nacional”.

Sin embargo, quienes defienden los espacios costeros marinos, advierten que no se rebajarán a responder estos ataques y argumentan que las verdaderas motivaciones detrás de la medida están vinculadas a intereses económicos que buscan beneficiar a la industria salmonera, conocida por su impacto ambiental negativo.

Ni siquiera el Gobierno de Piñera

En contraste con el contexto actual promovido por parlamentarios de derecha y bajo el  apoyo de Mirosevic, durante el gobierno de Sebastián Piñera, paradójicamente, la Ley Lafkenche, fue destacada a nivel internacional como un ejemplo de avances en derechos indígenas. Un informe del Gobierno en 2021 la calificó como ejemplar por su contribución al resguardo de los recursos y las tradiciones de los pueblos originarios.

En su informe, sobre cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Gobierno de Sebastián Piñera, destacaba la normativa como un gran avance: “Otro importante mecanismo de protección de los recursos y medio de sustento tradicional para los pueblos indígenas es la Ley Nº 20.249, que crea los espacios costeros marinos de pueblos originarios, de 2008. Su objetivo es resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero”, señala el Gobierno de Piñera.

¿Por qué es un atentado a los derechos humanos?

De acuerdo a lo expresado por especialistas, el principio de progresividad es un principio interpretativo que establece que los derechos humanos deben progresar gradualmente, es decir, aumentar y no disminuir. Este principio se aplica en distintos ámbitos jurídicos, como son los derechos humanos de los pueblos indígenas.

El principio de progresividad, de acuerdo al estándar internacional de derechos humanos, donde existe variada jurisprudencia,  implica que el Estado debe:

Respetar el alcance y la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales

Asegurar el progreso en el desarrollo de los derechos humanos

No emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan los derechos humanos

El principio de progresividad se debe interpretar de acuerdo al ámbito en el que se incorpore y la actividad para la que se aplique

Por lo mismo, según expertos, iniciativas como esta exponen al país a sanciones internacionales por incumplir con estándares en derechos humanos.

La controversia también pone de manifiesto el papel del Estado en garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Las comunidades insisten en que cualquier retroceso en estas garantías representa una violación directa a los estándares internacionales, dejando a Chile expuesto a un escrutinio global por la vulneración de derechos humanos fundamentales.

Pamela Zúñiga Neún, coordinadora de la Mesa Territorial Wapintu Quinchao (Chiloé), a través de un video,  se refiere a los ataques en el Congreso que enfrentan los derechos indígenas en la Ley Lafkenche: “Su problema no es legislativo sino administrativo… derechamente creo que hay mucho racismo”