Organizaciones defensoras de derechos humanos están exigiendo a las autoridades colombianas, profundizar las investigaciones para esclarecer el asesinato de dos jóvenes, presuntamente venezolanos, uno de ellos menor de edad, en la localidad de Tibú, un municipio que forma parte de la subregión del Catatumbo, en la zona fronteriza con Venezuela.
Los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados tirados en un camino. Ambos habían recibido un disparo en la cabeza y el niño de 12 años llevaba un cartel al cuello con la palabra ‘ladrón’, cuenta el diario colombiano ‘El Espectador’.
“Pedimos a las autoridades que aclaren las circunstancias que rodearon este hecho para que los responsables sean judicializados”, dijo Carlos Camargo, director de la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de velar por los derechos humanos en el país, reseñó la agencia AP.
“No es posible que un menor de edad haya resultado asesinado, dado que los niños, niñas y adolescentes gozan de especial protección del Estado”, agregó en una declaración oficial.
Los hechos ocurrieron el 8 de octubre en Tibú, un municipio que forma parte de la subregión del Catatumbo, históricamente golpeada por el conflicto interno. Las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas, pero la Policía indicó que tendrían “nacionalidad extranjera” y habrían sido señalados de hurtar en un comercio.
“Fueron retenidos por los comerciantes y la comunidad por esta situación, fueron golpeados. Posteriormente, llegaron unos sujetos armados en motocicleta, quienes se llevaron y los asesinaron en las afueras del municipio”, dijo el coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía de Norte de Santander, en un video difundido a la prensa.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por Juliette de Rivero, “condenó” el asesinato de un “niño de 12 años”, expresó condolencias a sus familiares e instó a las autoridades a investigar los hechos. “Hacemos un llamado al respeto a la vida y protección de los niños y las niñas”, indicaron el domingo en Twitter.
La Policía señaló como presuntos responsables a las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en la zona. Sin embargo, allí también operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo y Los Pelusos.
En Tibú los grupos ilegales buscan controlar las rutas de narcotráfico y la producción de hoja de coca que llegó en 2020 a más de 19.300 hectáreas, ocupando primer lugar de afectación nacional según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
“Este tipo de situaciones duelen mucho cuando se trata de actos tan fratricidas… el mensaje es claro: no vamos a seguir permitiendo esa connivencia que hay en las zonas de frontera donde tienen estructuras de narcotráfico y los vamos a seguir enfrentando con toda la contundencia”, dijo el lunes el presidente colombiano Iván Duque a la prensa en Washington, donde cumple una visita de trabajo.
La Fiscalía colombiana asignó a un grupo compuesto por investigadores y forenses para que «adelanten la investigación.
En la zona del Catatumbo tienen presencia las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Ejército Popular de Liberación (EPL), así como disidentes de las extintas FARC y otras bandas que se enfrentan por corredores para el narcotráfico y cultivos de coca.
Del Catatumbo, también una de las regiones más pobres y olvidadas de Colombia, son los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.
Por su parte el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, estatal que se encarga de la niñez), también rechazó el hecho y aseguró que «ningún motivo es justificable para afectar la integridad de los menores de edad, ni ningún ser humano.
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