Industriales en picada contra ley de fraccionamiento pesquero artesanal: Las presiones de Camanchaca y Blumar

Empresas de la industria pesquera amenazan con demandas y despidos si se aprueba Ley de Fraccionamiento que regula sus privilegios heredados de la Ley Longueira

El proyecto de Ley de Fraccionamiento Pesquero, presentado en septiembre de 2024 para redistribuir cuotas y corregir los privilegios otorgados por la cuestionada Ley Longueira, enfrenta una feroz resistencia de la industria. Empresas como Camanchaca y Blumar —vinculadas a familias poderosas y capitales transnacionales, que también se dedican a la industria salmonera— han escalado su oposición con amenazas legales, presiones políticas y advertencias de despidos, según revelan declaraciones recogidas.

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En su junta de accionistas del 25 de abril, destaca una publicación de EMOL / El Mercurio, Ricardo García, gerente general de Camanchaca, anunció que demandarán al Estado si el proyecto se aprueba. Aseguró que la iniciativa «afecta derechos adquiridos» y viola «la confianza legítima en el marco regulatorio».

Según EMOL. El abogado Jorge Bofill liderará el equipo legal, argumentando que la ley perjudica a accionistas, incluidas las AFP Habitat y Cuprum.

Blumar y el fantasma del desempleo

Blumar, controlada por los grupos Sarquis y Vinagre, advirtió en una publicación destacada por MundoAcuícola a fines de marzo, que el proyecto amenaza 6.500 empleos en el Biobío y 400 pymes proveedoras.

Su gerente, Gerardo Balbontín, tachó la ley de «ideológica» y anunció el congelamiento de una planta en Coronel, según El Mercurio. La empresa, al igual que Camanchaca, insiste en que los fondos de pensiones AFPs—accionistas de sus empresas— sufrirían pérdidas.

El lobby coordinado de la gran pesca industrial

Un reportaje de El Mercurio (27 de marzo) expuso cómo Camanchaca, Blumar, FoodCorp y Landes —controladoras del 60% del jurel— coordinan demandas por «expoliación». 

Andrés Fosk (Landes) calificó la ley de «lápida», mientras FoodCorp evalúa recurrir a tribunales internacionales. Las cuatro firmas, herederas de la Ley Longueira, acumulan ganancias millonarias: Camanchaca reportó en 2024 utilidades por US$21,9 millones (EMOL).

El costo humano: pescadores artesanales bajo amenaza

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Mientras las industriales presionan, los artesanales sufren consecuencias mortales. A fines de marzo, siete pescadores artesanales desaparecieron tras el choque del buque industrial Cobra (de Blumar) contra la lancha Bruma. 

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Hugo Poblete, dirigente de la Federación de Bahía Narau, denunció en La Voz de los Que Sobran: » «Estos accidentes son recurrentes porque la ley lo permite. Las grandes embarcaciones navegan entre medio de nuestras lanchas»,  El accidente refleja una conflictividad histórica.

La herencia corrupta de la Ley Longueira

El proyecto de fraccionamiento, busca reparar los efectos de la Ley Longueira (2012), aprobada bajo acusaciones de cohecho y beneficio a siete familias (Angelini, Sarquis, Fernández, entre otras). Según investigaciones parlamentarias, la norma consolidó oligopolios. Hoy, esas mismas dinastías —fusionadas en conglomerados, resisten perder privilegios.

La iniciativa prioriza cuotas para caletas históricamente marginadas. El gobierno y parlamentarios enfrentan un dilema: ceder al lobby o avanzar en una reforma que, según la OCDE, Chile postergó por décadas.

La presión de las pesqueras evidencia la tensión entre un modelo extractivista y la justicia social. Con el Congreso cerca de aprobar la ley, las amenazas de demandas y cierres se intensifican.

Algunas reacciones sobre la presión industrial:

Senador Daniel Núñez: “Camanchaca quiere demandar al Estado para defender privilegios nacidos de la corrupción. No hay expropiación: las cuotas pesqueras son autorizaciones revocables sobre un bien público, no propiedades eternas”.

Senador Fidel Espinoza: “Este nivel de matonaje es inaceptable. En ley fraccionamiento escuchamos a todos, incluidos uds. Hemos avanzado en armonía con la pesca artesanal. Contraten los abogados que quieran, no podrán cometer los abusos del 2013. Eso les molesta? Debemos proteger la pesca artesanal y los empleos de la Industria, pero sin chantajes”.