La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un informe este miércoles 15 de diciembre donde se analiza lo acontecido durante el Paro Nacional desarrollado entre el 28 de abril y el 31 de julio en Colombia, reportando «graves violaciones a los derechos humanos», que tienen a las fuerzas de seguridad como principales responsables.
Entre sus conclusiones, se destacan «privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza«. Ello, sumado a las «detenciones arbitrarias», la «violencia sexual y de género», y los «actos de discriminación y racismo».
Asimismo, la ONU subrayó «casos en los que las víctimas eran indígenas y afrodescendientes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos».
Sobre las víctimas fatales, la Oficina de Derechos Humanos recibió información sobre 63 muertes en el contexto de protestas. De ese número, pudo verificar 46 casos, de los cuales 28 serían homicidios a manos de la fuerza pública, diez habrían sido cometidos por «actores no estatales» y en ocho no se pudieron obtener datos suficientes.
El informe también refleja que los uniformados habrían usado armas letales «contra manifestantes pacíficos y transeúntes que no estaban participando de las protestas». Ello, sumado al uso inadecuado de otros elementos, como lanzadores de agua, gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y escopetas antidisturbios, que «habrían causado la muerte y graves lesiones físicas de personas». Entre las heridas, hubo «traumatismo craneoencefálico grave, pérdida de globos oculares y deformaciones faciales permanentes».
Además, Naciones Unidas criticó que las fuerzas de seguridad no hayan intervenido para proteger a los manifestantes ante «ataques armados organizados por terceros». Al respecto, resaltó casos ocurridos en ciudades como Medellín y Pereira. En Cali, por ejemplo, «grupos criminales quisieron aprovechar el movimiento del Paro para infiltrarse en algunos puntos de concentración y generar caos», se lee.
En cuanto a las agresiones sexuales «presuntamente cometidas por miembros de la Policía Nacional», la ONU tiene 60 denuncias, de las cuales 48 se corresponden a mujeres. Al respecto, «la Oficina verificó los casos de 16 víctimas», que habrían sido atacadas por agentes.
Por otro lado, la Oficina también indicó que hubo ataques contra las fuerzas policiales, «incluso con consecuencias fatales y destrucción de bienes públicos y privados». Entre las acciones más llamativas por parte de civiles, hubo «bloqueos y cierres de vías que impidieron el disfrute de derechos humanos».
Además, en esta publicación de 63 páginas la ONU celebró el diálogo producido entre autoridades y manifestantes para pacificar la situación, siendo «el instrumento más efectivo para darle seguimiento a los reclamos». También destacó que el Gobierno Nacional de Iván Duque anuncie una política de «cero tolerancia» hacia los abusos policiales.
No obstante, la Oficina remarcó que «Colombia debe reformar de manera urgente la gestión de protestas para prevenir más violaciones a los derechos humanos». En otras palabras, «deberá mostrar una moderación al recurrir a la dispersión y el uso de la fuerza, conforme a los estándares internacionales».
Fuente: RT.
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