Este año estuvo lleno de hitos para la ciudadanía. Se habla del año en el que la ciudadanía despertó. Camila Vallejo, líder del movimiento social más importante del año, es reconocida internacionalmente como la figura de 2011. Hubo masivas movilizaciones por distintas causas, temas locales o generales. De alguna forma, se asentó en el imaginario social de nuestro país que desde este minuto siempre existirán acciones ciudadanas para contrarrestar los abusos del poder, o para influir en él.
Uno de los grandes hitos ciudadanos de este 2011 es el lanzamiento que la Fundación Ciudadano Inteligente realizó de la aplicación Inspector de Intereses. Esta página web es el resultado de un año de investigación, en la que se pesquisaron las sociedades en las que los parlamentarios tienen participación, cruzando estos datos con los proyectos de ley que senadores y diputados votan o promueven en el Congreso, detectando así alertas sobre posibles conflictos de interés.
El Congreso es el espacio donde idealmente debieran coexistir todas las visiones de la sociedad, y esa convivencia normada debiera generar modificaciones institucionales para mejorar nuestra calidad de vida. Es, por tanto, un espacio trascendental de nuestra democracia, porque en él se consagran, al menos idealmente, los valores de representación, institucionalización del conflicto y consenso.
Dada la importancia que tiene nuestro Congreso, los ciudadanos debiéramos estar mucho más informados de lo que sucede en este espacio de deliberación, pero esto no ocurre necesariamente por falta de interés, educación y, sobre todo, acceso a la información. El Congreso es para muchos una caja negra en la que entran iniciativas y tiempo después salen leyes. El acceso a la información del proceso no es expedito ni funcional a los intereses de la ciudadanía, por lo que la influencia en las decisiones y el control ciudadano sobre un poder de representación político es restringido.
El rol fiscalizador de la ciudadanía es garantía de que una democracia no sólo es un mecanismo de procedimientos formales sino también una forma de organización social, en la que sus instituciones buscarán siempre el bien común. Esto exige que quienes detenten cargos de representación política tengan un profundo sentido de servicio público, pues sus intereses personales deben quedar postergados en sus decisiones para privilegiar el interés común.
Existen distintos mecanismos para evitar que un conflicto de interés se concrete, y uno de los que estamos utilizando en Chile es la declaración de patrimonio e intereses de nuestras autoridades. Este mecanismo promueve el empoderamiento ciudadano, pues le otorga a la ciudadanía la principal acción fiscalizadora al acceder a información de las autoridades. El problema es que, en nuestro país, el sistema impide que la ciudadanía pueda ejercer plenamente su derecho de fiscalización en materia de patrimonio de las autoridades.
¿Cuáles son algunas de las limitaciones para que la ciudadanía pueda efectivamente fiscalizar? Actualmente, la ciudadanía no tiene la facultad de investigar más allá de los datos públicos a los que como ciudadanos tenemos acceso, pues el resto corresponde a datos privados de los que no se puede tener información certera, a menos que sean entregados por las partes involucradas. La regulación sobre las Sociedades Anónimas Cerradas, por ejemplo, al no contemplar la fiscalización de un organismo público, hace imposible que la ciudadanía pueda conocer sus cambios de administración o las modificaciones de los socios que la componen, ya que no tienen la obligación de informar públicamente este tipo de hechos. El sistema económico protege la confidencialidad de los datos del patrimonio accionario, reserva que impera tanto en las bolsas de comercio del país como en las entidades financieras que manejan fondos de inversiones bursátiles.
Con el objetivo de resguardar y vigilar el predominio del interés general por sobre el interés particular, la Fundación Ciudadano Inteligente creó el Inspector de Intereses. Con este instrumento, utilizamos la información como una herramienta para exigir, denunciar y promover la transparencia, permitiendo que los ciudadanos pudiéramos acceder a información pública que se encuentra dispersa en distintas fuentes.
¿Cómo hicimos el estudio? Los parlamentarios están obligados a declarar su patrimonio e intereses en una declaración que es pública. La información contenida en esos documentos fue contrastada con información del Diario Oficial y del Servicio de Impuestos Internos, para detectar qué sociedades en las que los parlamentarios tienen participación no habían sido declaradas. Cada sociedad fue etiquetada según las áreas económicas en las que se desenvuelven. Así, pudimos relacionar las sociedades con proyectos de ley, ya que éstos también fueron etiquetados según área económica a la que afectan.
Los resultados que obtuvimos fueron enviados, de manera particular, a cada parlamentario, con el fin de corroborar la información que, debido a las dificultades de acceso a las fuentes de datos públicas, podía estar desactualizada. 11 diputados (2 PPD, 4 RN y 5 UDI) actualizaron sus declaraciones de patrimonio e intereses y, por nuestra parte, a partir de la información que entregaron las autoridades con antecedentes, realizamos 22 actualizaciones en nuestra base de datos.
Entre varios resultados generales, vale la pena destacar que 25 parlamentarios tienen al menos una sociedad no declarada, es decir, no están cumpliendo la ley. La ley, a este respecto, no tiene dobles o terceras interpretaciones; si existe participación en una sociedad, por muy pequeña que sea, debe ser declarada, y esto no se está cumpliendo. Si tenemos parlamentarios que no están cumpliendo la ley, ¿quiénes debieran sancionarlos? Este es un enorme problema de nuestra legislación, pues actualmente quienes deben fiscalizar y velar por el cumplimiento de estas disposiciones son las comisiones de ética y transparencia, conformadas por parlamentarios que, en este caso, debieran juzgar a sus pares.
Por esto, desde la Fundación Ciudadano Inteligente propusimos una serie de medidas para mejorar los mecanismos de fiscalización: Aumentar las sanciones por omisiones o errores en las declaraciones de patrimonio e interés y publicar éstas en formatos procesables por computador, así organizaciones como la nuestra puede ejercer un rol fiscalizador mucho más eficiente. Agregamos, además, que es necesario que una instancia con cierta autonomía tenga la potestad de investigar y sancionar los errores u omisiones que tenga una declaración de patrimonio e interés.
La ciudadanía ya cuenta con una herramienta de fiscalización a los posibles conflictos de interés que pudieran tener nuestros parlamentarios, y ellos saben que la ciudadanía los está observando. Como ciudadanos debemos utilizar esta herramienta y crear nuevas que permitan empoderarnos en nuestro rol fiscalizador. El compromiso de Ciudadano Inteligente es ampliar esta aplicación al poder ejecutivo y a los familiares de nuestras autoridades, para así dotar a la ciudadanía de una herramienta mucho más eficaz en su rol fiscalizador.
Por Manuel Arís Alonso*
*Director del Proyecto Vota Inteligente de la Fundación Ciudadano Inteligente
El Ciudadano Nº117, primera quincena enero 2012
Texto -de origen externo- incorporado a este medio por (no es el autor):
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
