Institucionalidad cercenada y patrimonio natural a la deriva

Durante la tarde de ayer, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente, en el marco de lo que el Gobierno ha pregonado como la gran reforma en materia de institucionalidad ambiental de los últimos años


Autor: Director

Durante la tarde de ayer, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente, en el marco de lo que el Gobierno ha pregonado como la gran reforma en materia de institucionalidad ambiental de los últimos años.

Sin embargo y a pesar de que diversas ONGs y algunos parlamentarios abogaron por la necesaria creación de un mecanismo que atienda la conservación de la biodiversidad de Chile y resguarde sus áreas protegidas, esto sencillamente no tuvo oídos.

Si bien inicialmente esta reforma institucional incorporaba la creación de un “Servicio de Conservación, Biodiversidad y Áreas Protegidas” la figura desapareció furtivamente bajo el argumento de la oposición expresada por los funcionarios de CONAF. Según el Gobierno, discutir este punto retrasaría injustificadamente la creación del Ministerio.

Es un hecho conocido la constante amenaza y presión que un mal entendido desarrollo viene ejerciendo sobre nuestras áreas protegidas a lo largo y ancho del país. Desde este escenario, resulta francamente poco serio y descriteriado que una reforma institucional de esta magnitud no incorpore un sistema de buena gobernanza que permita conservar nuestros ecosistemas naturales, su biodiversidad y las áreas silvestres que representan patrimonio de todos los chilenos y chilenas. Más aún, cuando dicha figura contaba con un amplio respaldo de organizaciones de la sociedad civil.

El interés y voluntad política del Gobierno en esta urgente materia, se reduce entonces

a la incorporación de un artículo transitorio indicando que dentro del plazo de un año desde la promulgación de la Ley, se deberá generar una propuesta de rediseño de la institucionalidad, en materia de biodiversidad y áreas protegidas.

Mientras que desde tratados internacionales como el Convenio sobre Diversidad Biológica se llama a los gobiernos a “la adopción de medidas oportunas y efectivas” ante el creciente deterioro y pérdida de biodiversidad y la presencia de fenómenos globales como el Cambio Climático, muy por el contrario, Chile mira para otro lado y pospone, una vez más, una tarea impostergable.

Así, el gran cambio institucional, pregonado por el Gobierno con bombos y platillos, se convierte en una mera “reforma cosmética”. Olímpicamente se desconoce el llamado de atención realizado por la OCDE durante el 2005 debido al deficiente desempeño ambiental mostrado por el país y no se atienden las recomendaciones emitidas por esta entidad en materia de protección y conservación de la biodiversidad, lo cual configura una confusa señal ante la comunidad internacional.

¿ Será acaso que se pretende privilegiar la ejecución de proyectos de inversión al interior de nuestras áreas protegidas ? ¿ será que aún no se tiene conciencia de lo vital que resulta proteger biodiversidad ? ¿ o se habrá perdido finalmente la noción de bien común ?

Más que avanzar y crecer, parecemos retroceder y sumirnos en un verdadero subdesarrollo en materia ambiental, con una institucionalidad cercenada y dejando nuestro patrimonio natural a la deriva.

Por Diego Luna Quevedo

Director Ejecutivo de la Corporación Ambientes Acuáticos de Chile


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