De los 16 parlamentarios pertenecientes a la comisión, sólo asistieron 6: las diputadas Denise Pascal y Karla Rubilar junto a los diputados Jorge Ulloa, José Pérez, Juan Coloma y el presidente de la misma, Leonardo Soto. Además, se hicieron presentes el Director de Previsión de Carabineros, Jaime Gatica, Pamela Sanchez, fiscal institucional de la institución y algunas de las personas sindicadas como receptoras de pensiones irregulares, todos ex funcionarios de gendarmería: Hernán Ayala Rivera, Juan Carlos Estay Vergara, Oscar Ernesto Garcés Cid, Hernán Molina Torres, Víctor Alfonso Pereira Acevedo, Nelson Villarroel Román. Asimismo, compareció el abogado de 4 de ellos, Roberto Gatica Matamala.
Centrados en el papel que Gendarmería tuvo en las abultadas cifras entregadas a algunos de sus funcionarios (ya que ni la PDI ni Carabineros tuvo mayores cuestionamientos) y tomando en cuenta que las pensiones aún continúan siendo pagadas, a pesar de la objeción de la Contraloría, los parlamentarios acordaron que la comisión deberá extender su trabajo hasta la quincena de marzo, a fin de poder tener certeza de las acciones encauzadas, tales como la auditoría en Gendarmería (efectuada por Contraloría) y un informe desde DIPRECA.
Asumiendo que el proceso invalidatorio no necesariamente terminará en la invalidación de todos los casos, que esta acción sólo será a partir de diciembre de 2015 (y no desde el primer día en que dichas remesas fueron canceladas) y que además no podrá hacerse un descuento instantáneo de los montos sino que hasta en 72 meses, los parlamentarios acordaron oficiar a DIPRECA por la nula sanción administrativa llevada a cabo y también solicitar, nuevamente, la comparecencia del contralor, Jorge Bermudez, para que explique el procedimiento que llevó a no tomar medidas provisionales frente a un hecho sindicado como erróneo por todos los sectores políticos.
Si bien los 6 asistentes a la sesión expusieron sus descargos, logrando la anuencia de los parlamentarios, e incluso uno de ellos ya devolvió los dineros mal percibidos, se logró entender que el número de pensiones mal calculadas podía ascender, ya que las cuestionadas corresponden sólo al último período de toma de razón y , al menos, se deberían analizar dos años, según lo facultado para invalidar por Contraloría.
Asimismo, otra arista se develó en el análisis de los hechos, ya que se estaba poniendo en duda el límite de pensión y no el límite de imponibilidad, razón por la cual el techo de 60 UF mencionado en discusiones pretéritas no vendría al caso debido a que Gendarmería, de acuerdo a la ley 19.195, queda sujeta al régimen previsional y de término de la carrera que rige para el personal de Carabineros de Chile.
En definitiva, según la opinión de los asistentes, no habrá daño al fisco ya que el procedimiento de descuento se realizará con los reajustes ad hoc. DIPRECA cumplirá con su proceso al 28 de febrero y la protección del interés fiscal se seguirá realizando por todas y cada una de las instituciones cuestionadas.