Israel y una sociedad cómplice (I)

La ocupación, colonización y exterminio de Palestina y su pueblo, la alianza tejida entre el imperialismo estadounidense y el sionismo israelí ha marcado parte importante de un proceso, que signa el desarrollo de los acontecimientos en el Levante Mediterráneo y por extensión al conjunto de Asia Occidental.

La constitución del régimen sionista en Palestina ha significado, por ejemplo, el mismo año de su nacimiento, la expulsión de 750 mil palestinos de sus tierras históricas en lo que se conoce como al Nakba –catástrofe en árabe– acompañada de la destrucción de aldeas, pueblos y ciudades palestinas en un proceso de limpieza étnica, que ha continuado hasta el día de hoy sin pausa alguna y con un incremento sostenido de la cantidad de destrucción y asesinatos. Todo ello con la acción continua de tres delitos mayores en el plano del derecho internacional y que no prescriben: crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, equiparables en su gravedad y que han sido establecidos en el llamado Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En Palestina, cualquier tribunal internacional que investigara la conducta de Israel en estos 75 años encontraría abundantes pruebas de los dos primeros delitos y argumentos más que suficientes para sostener el tercero de ellos.

Por ello causa impotencia que la Corte Internacional de Justicia el pasado 26 de enero haya dado a conocer un veredicto, que si bien da paso a la viabilidad al hecho indiscutible para el mundo que Israel es un régimen genocida, no va a al fondo del asunto presentado por Sudáfrica respecto a avanzar en la necesidad de establecer un alto a los crímenes contra el pueblo palestino y ejecutar los pasos destinados a sancionar a Israel. En su veredicto, la CIJ ordenó a Israel que tome todas las medidas posibles para prevenir el genocidio en Gaza. Además, dictaminó que el régimen sionista debe prevenir y castigar casos de incitación directa al genocidio en el enclave palestino. Al mismo tiempo, el tribunal exigió que Israel permita la llegada de la ayuda humanitaria a la región.

¿Qué es eso de prevenir? Un concepto errado que da a entender que los crímenes cometidos no son genocidio sino que los miles de asesinatos deben frenarse, de tal manera de cautelar que no se avance hacia un estado que pueda ser calificado de genocidio. Un uso sibilino de los conceptos que hizo exclamar al gobierno de Netanyahu que ellos harán lo que les venga en ganas porque la CIJ es antisemita y seguirán con su política de crímenes. Ante ello es evidente que el único camino para detener a este ente criminal es aplicar el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 42. Sancionar, embargar, establecer una zona de exclusión aérea, prohibirle participar del comercio internacional, establecer una fuerza militar multinacional para obligar a Israel a cesar sus crímenes. Nada de eso sucedió y más bien se le ha dado un mes más de gracia criminal.

Tal conducta del organismo genera impotencia y que marca lo que ha sido el derrotero del sionismo primero y de Israel después en la arena internacional desde fines del siglo XIX hasta hoy. Lo mencionado, sobre todo con un sionismo que se destaca en su papel de entidad perversa, criminal, que desde su entrada en Palestina desde fines del siglo XIX sirvió en primera instancia de punta de lanza del imperialismo británico a inicios del siglo XX y del imperialismo estadounidense desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Ello, con un papel añadido: centrar sus ataques contra la comunidad del islam y generar procesos de desestabilización contra la República Islámica de Irán. Consigno, igualmente, las herramientas utilizadas por el sionismo para limpiar su imagen y de la necesidad de poner fin a esta ideología como alternativa para alcanzar la paz en la región y entre ello la autodeterminación del pueblo palestino. Lavado de imagen que va acompañado de decisiones destinadas a tejer una nebulosa, ocultar cada una de sus acciones criminales.

El régimen sionista, en su desesperación por ocultar los crímenes cometidos contra el pueblo palestino, multiplicado por miles en estos últimos cuatro meses desde que la resistencia palestina concretó la llamada Tormenta al Aqsa, ha intensificado su política de castigar a todo aquel que grabe, filme, fotografíe e incluso escriba sobre los asesinatos, que día a día comete las tropas SS –soldados sionistas– en Gaza y esa misma soldadesca junto a los colonos extremistas sionistas en Cisjordania. Además, el ente infanticida israelí utiliza a destajo la influencia de los dueños globales de las redes sociales; se ha limitado el acceso a ellas para impedir, infructuosamente, que no salga a la luz la política de exterminio de hombres, mujeres y entre ellos miles de niños, junto a la destrucción piedra sobre piedra de casas, edificios, hospitales, escuelas a manos del régimen nacionalsionista israelí.

Crímenes ordenados por el gobierno de Benjamín Netanyahu y sus aliados políticos, civiles, militares y religiosos extremistas, entre los que destacan Itamar Ben Gvir –ministro de seguridad nacional-, Bezalel Smotrich, líder del Partido Sionista Religioso de extrema derecha y ministro de Finanzas desde 2022, y Yoav Galant, ministro de guerra, quienes han llamado a exterminar a la población palestina, expulsarlos de su tierra y no dejar rastro alguno de sus movimientos de resistencia. Delirantes que llaman a asesinar a hombres y mujeres palestinos, menores de edad, demoler viviendas, judaizar las ciudades palestinas y afianzar el dominio colonialista y el régimen de apartheid que se ha instalado en Palestina.

La “mayor democracia de Oriente Medio”, falacia con que suele denominar la entidad sionista a su régimen de terror y muerte en el Levante Mediterráneo, esta punta de lanza del imperialismo incrustada en el corazón del mundo árabe, es consciente que la guerra de relaciones públicas, a la que han destinado cientos de millones de dólares, la está perdiendo y de modo contundente desde el 7 de octubre de 2023 a la fecha. Más aún con el veredicto de la Corte Internacional de Justicia, que si bien no profundiza sobre la acusación de genocidio presentada por Sudáfrica y da un mes para presentar “las medidas para evitar ese genocidio”, resulta evidente que la humanidad ya califica al régimen israelí como lo que es: criminales, genocidas, exterminadores, racistas. Violadores de los derechos humanos del pueblo palestino.

Mirar el vaso medio lleno de este veredicto de la CIJ respecto a la denuncia de Sudáfrica contra Israel por genocidio que visibiliza al criminal, no nos debe hacer abandonar el análisis más fino respecto a la política de doble rasero que suelen esgrimir organizaciones internacionales como la ONU y sus organismos que  frente a Israel y su padre putativo estadounidense tienen una mirada de complacencia, medrosa, timorata producto del chantaje permanente que Washington esgrime en aspectos financieros, políticos y diplomáticos contra estos organismos y sus funcionarios.

El mundo, sus sociedades, mayoritariamente califican al régimen nacionalsionista israelí como lo que es: criminales y en eso, de nada han servido las escuelas de Hasbará diseminadas por decenas de países del mundo, de la mano de entidades judías dependientes directamente de la oficina del corrupto primer ministro sionista, Benjamín Netanyahu; de nada sirven las operaciones de lavado de imagen que pretenden mostrar a una sociedad “democrática y de corte occidental” pues la porfiada realidad demuestra que el criminal podrá vestirse de ropajes de demócrata, pero la sangre que chorrea de su vestimenta lo denuncia y condena. Y los ataques genocidas lanzado en estos casi cuatro meses develan a un régimen brutal, perverso, criminal. Una muestra de 75 años de crímenes en su proceso de ocupación, colonización y exterminio del pueblo palestino. Sus ataques contra El Líbano, Siria, Irak, su proceso de desestabilización como testaferro de Estados Unidos, en su objetivo de derrocar a los gobiernos de la República Islámica de Irán.

En este afán de tratar de invisibilizar al pueblo palestino, recuerdo la acción del colono y diputado sionista nacido en Uzbekistán, Robert Ilatov del partido terrorista Yisrael Beitenu, quien presentó, con apoyo del también colono de origen moldavo y ex ministro de Asuntos Militares, Avigdor Lieberman, un proyecto de ley destinado a lograr la impunidad total de los crímenes cometidos por soldados y colonos en los territorios ocupados. La propuesta era encarcelar a todo aquel que visibilice, con cualquier medio tecnológico, las brutalidades y crímenes ejecutados por la entidad invasora en Palestina. Periodistas, turistas, visitantes, miembros de organizaciones no gubernamentales, palestinos, israelíes, cualquiera que ose develar a los criminales y sus acciones puede recibir entre cinco a diez años de cárcel.

Esta medida, más que tratar de ocultar la política genocida contra el pueblo palestino, que lleva a cabo el régimen israelí y sus colonos que ocupan el territorio palestino, está destinada a invisibilizar los crímenes de lesa humanidad al resto del planeta. Esto, porque mayoritariamente la población israelí está de acuerdo con el sistema de apartheid en el cual viven y del cual se benefician. Esa población otorga su pleno apoyo a un régimen que de otro modo tendría cientos de miles de personas oponiéndose al asesinato, al crimen, al expolio, la usurpación y el genocidio. Esa población israelí prefiere mirar, mayoritariamente, para el lado, no ver ni escuchar y menos opinar.

Esos cientos de miles de israelíes que han salido a la calle para exigir el fin de las reformas judiciales del sexto gobierno de Netanyahu, nunca han exhibido bandera alguna, pancarta o reivindicaciones alusivas al fin de la ocupación, del sistema de segregación, el fin del exterminio contra el pueblo palestino. Es, claramente, una sociedad cómplice, en forma mayoritaria. Como tampoco esos miles de israelíes que le exigen a Netanyahu liberar a sus “rehenes” apresados en Tormenta de Al Aqsa no pretenden el fin de la ofensiva bélica exterminadora. No está en ellos maximizar demandas que favorezcan al pueblo palestino. Sólo buscan mantener sus privilegios.

Por Pablo Jofré Leal

Articulo para HispanTV

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