Izquierda Cristiana define posición frente a segunda vuelta

La Asamblea de la Dirección Nacional de la Izquierda Cristiana de Chile resolvió el sábado 19 de diciembre respaldar al candidato de la Concertación para la segunda vuelta presidencial, sobre la base de un conjunto de condiciones programáticas y en la perspectiva de derrotar a la derecha.

La Asamblea  de Dirección Nacional de la IC está compuesta por delegados de las estructuras territoriales y de frentes de la IC, provenientes de Arica a Punta Arenas. También la integran los miembros de libre elección, la Comisión de Orientación y Ética, y la Comisión Política.

En la reunión recibieron el saludo del candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, y además participaron quienes fueron candidatos a diputado de la Izquierda Cristiana en las recientes elecciones parlamentarias: el abogado de derechos humanos Roberto Celedón y el ex integrante de “Los Prisioneros”, Claudio Narea.

Hoy el país se enfrenta por tercera vez a la disyuntiva de una segunda vuelta en la elección presidencial, entre el candidato de las fuerzas que sustentaron la dictadura, Sebastián Piñera, y el abanderado del oficialismo, Eduardo Frei.

La Izquierda Cristiana se ha propuesto contribuir a la construcción de una alternativa nacional de Gobierno frente al dominio neoliberal. En esa perspectiva, somos una fuerza de oposición a la Concertación, en la medida que a lo largo de casi dos décadas de transición pactada ha preservado lo esencial del modelo político–institucional y económico–social impuesto por la dictadura. Por ello concurrimos a la formación de Juntos Podemos, levantamos la candidatura de Jorge Arrate y hemos resuelto persistir en ampliar la unidad de la izquierda.

No obstante, queremos también ser claros en que la Izquierda Cristiana no será cómplice, por acción u omisión, de un eventual triunfo electoral de la derecha.

A pesar de la ventaja relativa de la derecha en la primera vuelta, la Izquierda Cristiana no tiene dudas de que la mayoría del pueblo de Chile tiene una clara opción democrática. Es nuestra convicción que es posible derrotar a la derecha.  La decisión de la Izquierda Cristiana es luchar, fundada en razones éticas y políticas, para que la derecha no sea gobierno.

Sin embargo, para que ello sea posible, es fundamental que la Concertación y su candidato Eduardo Frei exprese su disposición de suscribir un conjunto de compromisos programáticos, orientados a la democratización de Chile y dar inicio a una nueva etapa política en la historia republicana de Chile, en perspectiva del Bicentenario.  No entregaremos un cheque en blanco.

Una parte de estos compromisos supone cambios legislativos. No ignoramos que la correlación de fuerzas en el Parlamento constituye un problema. Sin embargo, creemos que en torno a su materialización el Gobierno puede y debe convocar a la ciudadanía a movilizarse. Por otro lado, también existen proposiciones programáticas que pasan por la decisión del Ejecutivo.

Los compromisos programáticos que la Izquierda Cristiana plantea son los siguientes:

1. Por una Nueva Constitución:  Es clave elaborar una nueva Carta Fundamental que sea el resultado de una Asamblea Constituyente, y que se haga cargo de los siguientes contenidos: proporcionalidad del sistema electoral que termine con la exclusión generada por el sistema binominal; garantías sobre el derecho a voto de las chilenas y chilenos en el exterior; posibilidad de los dirigentes sindicales de ser candidatos al Parlamento; cambio de carácter del Tribunal Constitucional para evitar que ejerza un carácter co-legislador; modificaciones al concepto de Estado subsidiario para que no constituya un obstáculo a la política de desarrollo productivo; restablecimiento del derecho del sector público sobre la constitución de empresas en áreas estratégicas; reconocimiento del carácter plurinacional y multicultural  del Estado.

2.  El cobre para todos los chilenos: Estimamos imprescindible que Codelco mantenga la totalidad de su propiedad en manos del Estado, asegurando de este modo, su rol fundamental en el financiamiento de la inversión social en salud, educación, vivienda y seguridad social.        Es también necesario implementar una reforma al royalty de la minería.

3. Un compromiso con la educación pública: Es fundamental asumir el agotamiento de la educación municipalizada y otorgar un papel central al Estado, para superar las inequidades evidentes que hoy existen. Es indispensable fortalecer la educación pública escolar.  También que los cambios orientados a mejorar la calidad de la educación se diseñen considerando la participación de los estudiantes, padres y profesores, en particular del Colegio de Profesores.

4. Un compromiso con la salud pública: Es necesario restablecer el carácter de derecho social de la salud, lo que implica incrementar los recursos de salud, particularmente en lo que se refiere a la salud primaria y la infraestructura hospitalaria, elevando la calidad de los servicios en el tratamiento de los pacientes que se atienden en el sistema público.

5. Por los derechos de los trabajadores: Consideramos fundamental establecer una política salarial que establezca el salario ético para todas y todos los chilenos. Asimismo, es esencial una profunda reforma laboral como la propuesta por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), incluyendo aspectos tales como el fortalecimiento de la negociación colectiva, la sindicalización, y el cumplimiento de la Ley de Subcontratación.

6. Por la recuperación del agua: Es necesario el reconocimiento del carácter nacional  de uso público del agua, que no se encuentra garantizado en la actual institucionalidad. Para tales efectos, es necesario elevar a rango constitucional aquella disposición del Código de Civil que dispone que todas las aguas son bienes nacionales de uso público.

7. Por la democratización de los medios de comunicación social: Es necesario adoptar medidas para poner término a la concentración monopólica de la propiedad de los medios de comunicación, fenómeno que es contradictorio con el pluralismo del país y con el ejercicio de la democracia. Ello pasa por establecer una política pública de fomento de la diversidad.

8. Por un país con más equidad y menos discriminación: Es necesario poner fin a los efectos negativos en las pensiones más bajas el descuento del 7% y fortalecer el pilar solidario del sistema de pensiones. Requerimos establecer políticas públicas para eliminar la discriminación a los minusválidos. También es necesario avanzar en la implementación del Convenio 169 de la OIT incluyendo la creación de un Sistema de Consulta, que contemple participación ciudadana.

9. Por un Chile más transparente: Es fundamental mejorar el marco de regulación legal para enfrentar los fenómenos de la corrupción. Proponemos que se establezca una Fiscalía Electoral para controlar los límites de gasto electoral y los actos de intervención electoral, estableciendo multas y sanciones. También es necesario poner fin a la práctica del lobby y a los conflictos de interés entre el sector público y privado.

10. Por la defensa de los derechos humanos: Consideramos necesario insistir en la anulación del Decreto Ley de Amnistía impuesta por la dictadura militar; ratificar todos los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha suscrito; establecer la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad; fomentar la enseñanza escolar del respeto a los derechos humanos; e introducir cambios drásticos a la Ley Antiterrorista para que no se vulneren los derechos civiles de los ciudadanos, en particular del pueblo mapuche.

11. Por la integración latinoamericana: Chile debe desarrollar una política exterior que asuma como prioridad la integración latinoamericana, profundizando la participación del país en las instancias continentales, regionales y subregionales de integración.

12. Por protección frente a los abusos financieros: Hay que establecer mayor regulación sobre el sector financiero para evitar los abusos en tasas y cobros del retail y supermercados a los consumidores. También es necesario impulsar la prohibición en todos los sectores económicos de los cambios unilaterales de contratos y fortalecer las facultades del Sernac para extender su acción hacia el área.

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