Juez y parte

El 15 de junio de 2012, una orden de allanamiento para la ocupación de tierras que campesinos sin tierra habían hecho en la zona conocida como Marina kue, en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, Paraguay, efectuada por la fiscala de dicha zona Ninfa Aguilar, bajo una orden del juez José Benítez (en la foto), con el acompañamiento de más de 350 policías, muchos ellos de fuerzas especiales y anti motines, concluyó en la muerte de 11 campesinos y seis policías, decenas de personas heridas, principalmente campesinos y campesinas y una veintena de apresados, los cuales sufrieron torturas y vejaciones. La muerte de los campesinos se atribuye a ejecuciones ilegítimas efectuadas por la policía.

Se inició, de inmediato, un proceso judicial a cargo de la Fiscalía de la ciudad de Curuguaty que ha estado marcada por la parcialidad, prejuzgamiento y mal desempeño del fiscal y el juez a cargo. Una huelga de hambre de casi 60 días, llevada a cabo por ocho de lxs 14 presxs políticxs de Curuguaty, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, logró mostrar la orientación política de la investigación y posterior acusación para concluir en juicio oral y concitar el rechazo de esta maniobra de impunidad en buena parte de la sociedad paraguaya.

Mañana en la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, se realizará la audiencia preliminar de este juicio y acá presentamos al juez a cargo de esa audiencia.

ACUSACIONES CONTRA BENÍTEZ

Esta mañana se hizo efectiva una denuncia (otra más) contra el juez penal de garantías de Curuguaty, el abogado José Dolores Benítez. La denuncia ante el Juzgado de Enjuiciamiento de Magistrados es por mal desempeño de funciones y, lo más importante, por la «Comisión de Delito contra la función pública». Es decir, de ser aceptada esta denuncia, el juez Benítez arrastra la posibilidad de ser condenado como delincuente. La denuncia la presentan esta vez las cinco personas detenidas en la cárcel de la ciudad de Coronel Oviedo, ya socialmente conocidas como personas presas políticas de Curuguaty.

¿Qué delito cometió el juez Benítez? Un delito que sólo un juez puede cometer y que tiene un nombre técnico muy específico: Prevaricato. Este delito, propio de las autoridades judiciales y administrativas consiste en dictar resoluciones injustas, a propósito y con conocimiento. En general, se trata de que un juez favorece ilegalmente a una de las partes, inventando o falseando para ello legislación y reglamentación.

El juez Benítez el día 29 de junio de 2009 interviene en el juicio por usucapión que llevaba la empresa Campos Morombí contra la empresa La Industrial Paraguaya (Lipsa) en los terrenos que, desde 1967, obraban en poder de la Armada, como ejercicio concreto de la donación que la empresa Lipsa había hecho al estado paraguayo de los terrenos que, desde esa (1967) irán llamándose Marina Kue. No era «su» juicio, sino que estaba completamente a cargo del juez Carlos Goiburú, quien el 21 de diciembre de 2005 (¡tres años y medio antes!) había dictado ya la Sentencia Definitiva en el juicio por usucapión. La sentencia definitiva lleva el número de 97 de esa fecha. Lo importante es el concepto de «definitiva». En términos jurídicos esto implica que ya nada más se puede hacer ahí, que no sea ejecutar, o sea hacer efectiva, real, material, esa sentencia. Es la última, final, conclusiva sentencia y dice, generalmente, quien tiene razón y quien no. Y esta sentencia n° 97 dio la razón a Campos Morumbi, haciéndole ganadora del juicio de usucapión sobre la finca n°9 de Curuguaty, desprendimiento de la Finca Madre n° 30, padrón 61 de Hernandarias. Hasta ahí esto sólo sería una historia más de tierras usurpadas (y no usucapidas) sino fuera por un pequeño detalle.

El pequeño detalle es el que viene a resolver, en un juicio que no era suyo, el juez Benítez. El detalle de que tal finca, con tal número, no correspondía al terreno en disputa, la finca número 9 no era, ni es , ni fue Marina kue. Vaya a saber dios dónde queda esa finca, pero no es Marina kue. Tal es así que nunca pudo Campos Morumbí inscribir esos terrenos porque no correspondía a ningún historial en los registros de Curuguaty, ni de ningún otro lado. Alguien, en la empresa Campos Morumbi, se equivocó. Con ello hizo que la sentencia definitiva saliese también correctamente… equivocada. El juez Benítez entonces interviene para remediar esto inventándose una actuación que no corresponde a esa altura: la rectificación de la sentencia definitiva. Un imposible legal, un inexistente legal, un truco de mago legal, según leemos en la denuncia presentada por Dolores López, presa política de Curuguaty, embarazada de siete meses, a quien el juez de garantía Benítez no le ha garantizado la tranquilidad necesaria para llevar a buen término su embarazo y la mantiene encerrada en la cárcel de Coronel Oviedo. El truco legal, de rectificar una sentencia definitiva, destruye toda la seguridad jurídica en que se basa la legitimidad del sistema judicial, según esta actuación del juez Benítez, ya nadie podrá confiar en que una sentencia «definitiva», lo sea. Nada quedará a firme, todo se podrá «rectificar».

El juez Benítez parece haber quedado «pegado» a Marina kue por el delito denunciado esta mañana. De ahí en más todas sus actuaciones relativas a esas tierras tendrán el sesgo de defender la propiedad ilegítima de Campos Morumbi. Así accede a intervenciones policiales sostenidas, allanamientos, cateos, desalojos, que culminarán con la intervención jurídico-policial a cargo de la fiscala Ninfa Aguilar ese fatídico 15 de junio de 2012, en Marina kue.

El juez José Dolores Benítez es, en este caso, juez y parte.

No será justicia

Por Pelao Carvallo

13 de febrero de 2013

Recuadro

RECUSACIÓN CONTRA RACHID Y BENÍTEZ

Este mediodía, en el Juzgado y Fiscalía de la ciudad de Curuguaty, los abogados Guillermo Ferreiro y Vicente Morales, representantes de 11 de los y las presas políticas de Curuguaty, en la causa por la masacre de Marina kue, ocurrida el 15 de junio de 2012, recusaron tanto al fiscal Jalil Rachid Lichi como al juez José Dolores Benítez.

La recusación solo fue recibida por el fiscal Rachid Lichi, en tanto el juez de garantías José Benítez se negó a recibir el documento recusatorio de manos de los abogados. Esta actitud del juez es claramente ilegal, en tanto por ley él está obligado a recibir (teniendo para ello una mesa de entrada habilitada) este tipo de actuaciones de los abogados/partes. Contrasta esta actitud del juez con la del fiscal, quien sin estar obligado recibió sin inconvenientes la recusación.

La recusación es el pedido de apartamiento de las autoridades que llevan la causa por manifiestas y probadas actuaciones parcialistas en contra o a favor de una de las partes. En este caso es, en el caso del fiscal, por haber prejuzgado a algunos de los y las imputadas. La recusación al juez, no recibida, giraba en torno al mismo tenor.

La audiencia preliminar fijada para mañana 14 de febrero, en la ciudad de Coronel Oviedo, y deberá incluir ahora en su agenda, la recusación planteada.

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Articulación Curuguaty

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