El Ministerio Público presentó un informe, donde da respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, la cual fue presentada por uno de los abogados de los acusados del caso SQM.
De acuerdo con este informe, el Estado terminará gastando casi U$5 millones de dólares en una causa judicial en la que se investiga una presunta facturación en negro que no alcanza a llegar a los $120 millones de pesos.
Solo hasta la fecha, se han gastado más de U$3 millones de dólares, refiere el portal NorteVisión.
Ante estos datos, se estima que cuando finalice el juicio el año que viene, se gastará u$1,5 millón de dólares más.
Pero es casi un hecho que el juicio por la llamada Causa SQM se prolongará al menos hasta 2025, con lo cual habría que sumarle otro millón.
Estos datos se desprenden de una estimación hecha a partir de datos concretos y oficiales suministrados por el Ministerio Público de Chile; luego de ocho de años de instrucción para ejecutar el juicio a los posibles involucrados.
“Se le ha mantenido a Enríquez-Ominami formalmente imputado durante 8 años por hechos que no constituían delito o eran falsos”, escribió el columnista Daniel Flores en el sitio Interferencia, del vecino país.
Señala además que “estos hechos han sido presentados de manera tal que lo pudieran golpear constantemente durante el proceso, en su decencia y en su imagen. De otro modo el mecanismo falla”, sostiene.
En concreto, el Ministerio Público detalló los posibles gastos que se pueden tener hasta fines de 2024, de los cuales se encuentra salario a fiscales, abogados, alquiler de oficinas y viáticos.
- Salarios de los tres fiscales con dedicación exclusiva: $2.000 millones.
- Salarios de los ocho abogados y abogadas que conformaron el equipo ad hoc: $1.150 millones.
- Alquiler de oficinas especiales para el funcionamiento de estos equipos: $38 millones.
- Viáticos de fiscales y asistentes: $108 millones.
- Alquiler de vehículos con chofer para el traslado de fiscales y asistentes: $18 millones.
A esto, se le tendría que sumar la dedicación casi permanente de la fiscal regional, lo cual agrega $288 millones.
La cifra final es desproporcionada: $3.602 millones de pesos chilenos, es decir, unos 4,5 millones de dólares, comparados con los 132 millones de pesos (160 mil dólares) que habrían constituido el supuesto fraude por el que se hizo todo el proceso.
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