Juzgado de Garantía rechaza sobreseer a Atton por presunto uso de Intendencia de La Araucanía como centro de detención

Un piquete de Carabineros habría detenido el 6 de noviembre de 2019 a cuatro personas, las cuales fueron conducidas al interior de la sede regional. La querella que sigue en curso solicita penas punitivas para todos quienes resulten responsables de los hechos.

Juzgado de Garantía rechaza sobreseer a Atton por presunto uso de Intendencia de La Araucanía como centro de detención

Autor: Javiera Torres

Fotografía rescatada de La Nación

El Juzgado de Garantía de Temuco rechazó sobreseer definitivamente al ex intendente de La Araucanía, Jorge Atton Palma, en el marco de la investigación por el presunto uso del edificio del Gobierno Regional como centro de detención durante el estallido social.

La acción judicial en contra del ex gobernador surgió luego que un hombre denunciara que había sido detenido y llevado hasta la sede de la Intendencia, en donde habría sido maltratado, escupido y mordido por un perro.

A raíz de la acusación, se ingresó una querella en contra del piquete de Carabineros que el 6 de noviembre de 2019 habría detenido al menos a cuatro personas, las cuales fueron conducidas al edificio en calle Manuel Bulnes 590 esquina Luis Claro Solar, para luego ser derivadas a la unidad policial correspondiente.

La acción también fue dirigida en contra del entonces intendente, Jorge Atton, por no haber denunciado los hechos cuando estos ocurrieron y por haber sido el responsable del uso del edificio cuando fue empleado como centro de detención ilegal, practicándose torturas y vejaciones en contra de los detenidos en su interior. Su defensa había pedido su sobreseimiento, lo que fue negado por el Juzgado de Garantía de Temuco.

“Lo que busca esta querella no es la responsabilidad solo directa del hecho que atenta contra los derechos humanos, sino además la responsabilidad penal que acarrea la investidura de una autoridad, en este caso del ex intendente Jorge Atton”, señaló a Radio Bíobío el abogado querellante, Juan Pablo Jaramillo.

La querella que seguirá en curso, solicita penas punitivas -establecidas en el Código Penal– para todos los responsables del caso.


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