La campaña antidrogas del presidente filipino que ha causado cientos de muertes extrajudiciales

La guerra contra las drogas del nuevo presidente filipino empezó hace poco más de un mes y los muertos ya se cuentan por centenares.

Desde que Rodrigo Duterte asumió el poder en Manila a finales de junio, oficialmente más de 400 sospechosos de ser traficantes de drogas han muerto a manos de la policía, aunque los medios locales reportan que ha sido el doble.

Estas cifras han encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos.

Durante su campaña electoral, Duterte -a quien se apodó como «el castigador»- prometió «olvidarse de las leyes en materia de derechos humanos» y les advirtió a los traficantes y criminales que se fueran «porque si no los iba a matar».

Duterte, exfiscal de 71 años que fue alcalde por dos décadas de la ciudad sureña de Dávao, también señala a algunos funcionarios de gobierno, como alcaldes y jueces, por supuestamente encubrir el comercio de drogas.

El lunes docenas de funcionarios que incluyen a alcaldes y jefes de la policía se entregaron, un día después de que el mandatario acusara públicamente a más de un centenar de ellos con la actividad ilegal.

El presidente del Tribunal Supremo de ese país les ha pedido a los jueces señalados que no se rindan a menos de que se les presente una orden de captura.

Duterte dijo que había sido forzado a anunciar esta medida por la escala del problema de drogas ilegales en el país. El domingo insistió en que cientos de miles de filipinos son adictos.

El gobierno estadounidense expresó su preocupación el lunes sobre las muertes a manos de la policía, y llamó al debido proceso legal que debe seguirse para enfrentar el tráfico de drogas.

«Nos preocupan estas detenciones, así como las ejecuciones extrajudiciales de individuos sospechosos de estar involucrados en actividades de narcotráfico», dijo Elizabeth Trudeau, portavoz del Departamento de Estado de EE.UU.

El jueves pasado manifestantes protestaron frente al Ministerio de Justicia para exigir que se detengan las matanzas extrajudiciales.

Algunas familias de los fallecidos reclaman que la mayoría de las víctimas eran de origen humilde, y muchas de ellas ni siquiera estaban involucrados en el comercio de drogas.