La cárcel en Colombia, un negocio rentable, una sola respuesta

«Escribo para no reventar, por temor a la muerte lenta y a la gangrena de la amnesia, en la que se pudre toda una generación

La cárcel en Colombia, un negocio rentable, una sola respuesta

Autor: Wari

«Escribo para no reventar, por temor a la muerte lenta y a la gangrena de la amnesia, en la que se pudre toda una generación. […] Escribo mientras noto cómo me sube por dentro la bomba de explosión retardada de estos años de soledad. […] Escribo porque todavía no se me ha ocurrido nada mejor para matar definitivamente las mañanas carcelarias. O porque no he tenido valor para hacerlo. Escribo para que esas mañanas sin vida se encarcelen y se hundan en el dolor de las palabras y de su frágil arquitectura.»

Jean-Marc Rouillan

Como es bien sabido desde los años 80s en Latinoamérica, se ha generado un proceso de privatización carcelaria como método y modelo de los Estados para el mejoramiento del control político, económico y social de las prisiones, caracterizado por tener un fuerte carácter punitivo, resquebrando el propio discurso del Estado de bienestar en cuanto a la existencia de la cárcel como institución resocializadora.[1]

Colombia no ha sido excepción ante las “sugerencias” del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos, argumentando la necesidad de la privatización desde varios factores: el primero de ellos radica en la construcción de cárceles con apoyo de empresas privadas, el segundo, la explotación de mano de obra y fuerza laboral existente en las prisiones, determinante en cárceles como las de los Estados Unidos, y por último, el abaratamiento de costos que beneficiaría al Estado colombiano, puesto que la inversión que este realizaría es mínima.[2] De igual forma la justificación realmente marcada en el caso colombiano, radica en la supuesta necesidad de eliminar el hacinamiento carcelario.

NUEVAS CÁRCELES Y PRIVATIZACIÓN AL MEJOR ESTILO COLOMBIANO

El hacinamiento ha sido uno de los problemas históricos no sólo de la cárcel colombiana; observemos la tragedia sucedida en Honduras hace algunos meses donde murieron 354 presos en un incendio, cuando la cárcel estaba dispuesta solo para 150 reclusos.[3]

En Colombia el problema del hacinamiento es increíble. Por ejemplo, en el año 2.000 las cárceles tenían una capacidad para 37.896 presos y en ellas habitaban 51.518, en el 2.004, la cifra de los cupos para las cárceles era de 49.821 y en realidad se encontraban 66.829 presos.[4] Ante este panorama la repuesta provista por el gobierno de Álvaro Uribe fue construir 11 penitenciarias más con el objetivo de reducir el hacinamiento al 2,7 %, cuando en el mismo año se indicaba un 36,8 % de este. Estas cárceles acopladas a los estándares estadounidenses argumentaban que su construcción se realizaba por los bajos costos y un trato “más justo para los reclusos”.

Según informes de la Contraloría, estas obras fueron “deficientes” ya que el presupuesto inicial era de $33.740 millones y finalizaron con un costo de $908.156 millones, es decir, 27 veces más el valor inicial, y el proyecto que en términos de tiempo duraría entre 12 y 36 meses, llegó a ser hasta de seis años, algunas cárceles como la de Cartagena tardaría ocho años en ser entregada.

Es exorbitante el sobrecosto que la contraloría (Institución estatal)[5] denuncia, en donde la búsqueda de finalizar con el hacinamiento sólo conllevó a generar un desfalco multimillonario. Ni Fonade (Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo), ni el ex ministro Fabio Valencia Cossío, encargado de la construcción, han podido dar una explicación al mejor estilo de la derecha y la socialdemocracia en Colombia.

EL HACINAMIENTO, UN PROBLEMA INTERMINABLE

Ni las once cárceles construidas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que tenían como objetivo reducir las cifras de hacinamiento hasta un 2 % lograron terminar con una constante que marca las dinámicas de represión en Colombia y que también desfalca los dinero “públicos”.

Desde el 2004, cuando se propusieron las once cárceles, el hacinamiento continuó, y según proyecciones aumentará de forma garrafal. Durante el 2011 había 21.295 presos sobrepasando los cupos que ofrecían las cárceles ya terminadas, para finalizar este año (2012), se estará hablando de 31.301 reclusos más que la capacidad carcelaria, y en proyecciones sólo para el 2014, el número ascendería a 231.696 internos, cuando los cupos serian sólo para 103.480, sería un sobrecupo de más del 120 % en las cárceles colombianas, un problema aterrador para quienes observamos las condiciones infrahumanas que se viven en las prisiones.

De algo podemos estar seguros, y es que las anteriores cifras sólo demuestran un eje transversal, y es el modelo económico y político basado en la injusticia social, que en Colombia se enmarca en décadas de monopolización de tierras[6], cerrojos estatales para impedir la participación de la sociedad civil en la palestra política-estatal[7], aumento del desempleo e incluso, un empleo sin ninguna garantía social, privatización de la educación, la salud y aumento de la educación técnica entre otros.

Los ejemplos anteriores sólo nos sitúan en parte de la problemática, pues si bien, gran parte de los presos son detenidos por atacar el principio fundamental del capitalismo, la propiedad privada, en su mayoría son llevados a delinquir por condiciones económicas que no pueden sustentar un proyecto para sobrevivir[8].

Sin embargo, el problema se acentúa más, cuando hablamos de los presos políticos[9]. En Colombia existen mas de 9.500 personas privadas de la libertad por cuestiones políticas, una cifra record aun ante las dictaduras declaradas como tales en el cono sur o Asia. Lo cual refleja una política de Estado en la persecución constante a líderes sociales, comunitarios, sindicales, ambientalistas etc., que empeñan su vida en un proceso de trasformación social y que criminalmente son declaradas como “pertenecientes a grupos subversivos”; a esta práctica se le denomina montajes judiciales y víctimas de estos son aproximadamente el 90 % de la población de presos políticos. [10]

El hacinamiento continuará en cualquier parte del mundo mientras las condiciones y la lógica del sistema lo permita y hagan parte de su funcionamiento, avanzará como una avalancha y no podrá ser retenida por ninguna política carcelaria ni mucho menos por la construcción de más centros penitenciarios. En realidad sabemos que sus cárceles no son más que fábricas humanas con el fin de detener, torturar física y sicológicamente, denigrar, humillar y asesinar a toda persona que ose sublevarse contra el orden establecido.

Hoy más que nunca

¡Abajo los muros de las prisiones!

CNA-GB/Bogotá

NOTAS 

[1] Derriba los Muros, Boletín de la Cruz Negra Anarquista Bogotá 2.011

[2] López Ana Lucia, La privatización carcelaria: ¿Una solución para Colombia?. VI Seminario de Administración Pública.

[3] http://www.lanacion.com.ar/1449100-drama-en-honduras-mu…endio

[4] El Espectador Viernes 17 de febrero 2012

[5] El Espectador Viernes 17 de febrero 2012

[6] Menos de 18.000 personas son dueñas del 64 % de las tierras productivas del país.

[7] Tenemos bastantes ejemplos; Frente Nacional, Exterminio de la Unión Patriótica, la denominada Parapolítica, etc.

[8] En algunos casos, el ataque a la propiedad privada no solo se trata de sobrevivencia, puesto que los intereses que los medios de comunicación crean en la población son extensos. El “poseer”, el “tener a toda costa” se propone como proyecto de vida para la juventud.

[9] “Podemos evidenciar principalmente tres actividades por las cuales son detenidas las personas y se consideren como presos políticos sin que ellas posean un orden principal o jerárquico. Tenemos aquellas personas que son detenidas por actividades de lucha social en organizaciones sindicales, barriales, indígenas, campesinas, etc. y son criminalizadas bajo señalamientos de pertenecer a la insurgencia. En un segundo aspecto encontramos a los detenidos que posicionan un pensamiento crítico o revolucionario frente al régimen, tales como estudiantes, académicos, docentes tanto de colegios como de universidades, lo que también se define como preso de conciencia. La tercera actividad por la cual se considera un detenido como político, son aquellos pertenecientes a la insurgencia, también llamados presos de guerra.” Entrevista Cruz Negra Anarquista Bogotá http://www.anarkismo.net/article/21614.

[10] Colombia: miles de presos políticos son el rostro de la empatía acribillada Parte I del Dossier: http://azalearobles.blogspot.com

Por Cruz Negra Anarquista-Bifurcación /Bogotá 

julio 16, 2012

Publicado en grupobifurcacion.wordpress.com


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