La defensa de la Ley Lafkenche: “Es una nueva forma de relación con el borde costero que involucra a todos los actores”

La defensa de la Ley Lafkenche desde los territorios ante ofensiva legislativa por modificarla

Destacada joven dirigenta Tamara Vidal y profesional mapuche de apoyo, Cristina Ñancucheo Lincoñir, comparten sus miradas frente a esta iniciativa legislativa.

Un grupo de parlamentarios de derecha y exconcertación, iniciaron las gestiones legislativas vía moción, bajo el nombre de “perfeccionar ley que crea espacio costero de pueblos originarios”, presentado por los senadores Fidel Espinoza (PS), Carlos Kuschel (RN), Gastón Saavedra (PS), David Sandoval (UDI) y el ex senador, actual ministro, Álvaro Elizalde (PS), que busca modificar la ley 20.249 que crea los espacios costeros marino de pueblos originarios (ECMPO), también conocida como ley lafkenche, lo que es reprochado y resistido por diversas comunidades y organizaciones de Pueblos Originarios.

La Ley Lafkenche es la única normativa en el país, del ordenamiento jurídico interno, que reconoce la condición de “pueblos”, que surgió de un amplio proceso participativo de comunidades indígenas y diversos sectores, incluyendo el acuerdo transversal de diversas bancadas políticas en el Congreso de la República, cumpliendo con las obligaciones establecidas en el estándar internacional de derechos, sin embargo, pareciera que dicho avance que tuvo el país hoy se pretenda cercenar, así por lo menos lo han señalado diversas organizaciones.

La Red de mujeres de pueblos originarios defensoras del mar, en reciente declaración pública, señaló: “Esta iniciativa, presentada por estos senadores, desconoce las importantes contribuciones que los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) proveen al desarrollo social, cultural y político de nuestros pueblos y del país en general, como aportes a la conservación biocultural de los bienes comunes del país, a la soberanía alimentaria de cientos de comunidades y a la economía familiar, local y comunitaria de los pueblos y de Chile en general”, agregando que  la iniciativa de modificación, está impulsada por “sectores vinculados a la explotación indiscriminada de los recursos del mar”, denunciando que existe una oleada al respecto de intereses político empresariales.

Voces dese los territorios por la defensa de la Ley Lafkenche

Cristina Ñancucheo Lincoñir, es Bióloga en Gestión de Recursos Naturales y ha sido profesional de apoyo Identidad Territorial Lafkenche. Frente a la iniciativa legislativa, la profesional señala: “La aplicación de la Ley 20.249 no se perfecciona en el parlamento, sino que haciendo más eficiente la tramitación por parte de la institucionalidad que está involucrada en el proceso. Un ECMPO, según los plazos establecidos en la Ley, debería tramitarse en aproximadamente unos 24 meses, sin embargo, tenemos como ejemplo, el ECMPO Mañihueico Huinay de la región de Los Lagos que ingresó su solicitud en el año 2010 y recién en 2016 se entregó el informe de acreditación de uso consuetudinario; en  Mayo de 2018 se aprobó en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero y a cinco años de eso aún no se ha otorgado la destinación marítima de parte de la Subsecretaría de Marina a la SUBPESCA para que la asociación de comunidades pueda elaborar su Plan de Administración”.

Agrega Ñancucheo: “Es absolutamente necesario otorgar certeza jurídica a todos los actores, pero esa responsabilidad no se le puede traspasar a las comunidades solicitantes. Es el estado quien debería dotar de más funcionarios a aquellos procesos que son críticos en el proceso”.

Tamara Vidal es una joven dirigente, coordinadora territorial de la red de mujeres originarias por la defensa del mar, quien vive en el Archipiélago de Quinchao, Chiloé,  señala ante este intento de modificación legislativa: “Lo primero que se debe saber es que las comunidades originarias defensoras del mar  no están dispuestas a ningún tipo de modificación de la Ley Lafkenche. No por una razón de egoísmo ni división como han dicho algunos sectores para querer generar un prejuicio.  Esta ley es la única que permite a las comunidades valorar la historia ancestral de las playas y el mar, paralizar una parte de la invasión de empresas acuícolas, y pensar en un futuro sostenible resguardando los recursos, protegiendo el borde costero y seguir abasteciéndose como se ha hecho por siglos”.

Frente a supuestos conflictos sectoriales que han sido señalados por algunos parlamentarios a causa de la ley, la dirigenta de la red de mujeres, comenta: “Se debe hacer un trabajo inteligente, los sectores de la pesca y las comunidades somos todos de la misma gente y debemos trabajar en conjunto sin querer pasarnos a llevar.  Es difícil para nuestras familias imaginarse lo importante que es defender legalmente el mar, es algo que nunca antes había tenido importancia, sin embargo, en el día de hoy se convierte casi en una responsabilidad para con el mar. Si no nos movemos nosotros, alguna empresa lo hará, basta con ver la cantidad de concesiones acuícolas que ya están otorgadas. Nosotros vamos a seguir luchando por proteger lo que queda”.

Por su parte, Cristina Ñancucheo resalta: “Es muy necesario mejorar la difusión, tanto al interior de los pueblos originarios como de la institucionalidad pública para entregar información fidedigna sobre la ley. Por ejemplo, esta ley no pone en peligro los derechos de los pescadores artesanales, porque nadie puede impedirles extraer los recursos que tienen autorizados por Ley. Tampoco a otros usuarios que tienen derechos ya constituidos sobre el borde costero. Es más, la Ley apuesta por establecer una nueva forma de relación con el borde costero, involucrando a todos los actores en el Plan de Administración para hacerlo un espacio más inclusivo, que apueste a una mejor convivencia y a formas de usar que son más sostenibles y que no sólo miran los aspectos tangibles, sino también aquellos que hablan de una dimensión inmaterial y que es clave cuando hablamos de espacios que históricamente han sido ocupados por pueblos indígenas y que se habían visto invisibilizados hasta antes de la Ley 20.249”.

Finalmente, Tamara Vidal desde el Archipiélago de Quinchao, comparte el siguiente mensaje: “Invito nuevamente a la gente que se pueda acercar a sus comunidades, a que pregunte acerca de los Ecmpo, gente de la pesca que se organiza en sindicatos, pueda sentarse a conversar con su gente de su comunidad. Muchas dirigentas y dirigentes de nuestro sector son gente muy mayor, que ha sacado adelante a todos sus hijos a través del mar, y el valor que eso tenga va a depender netamente del que nosotros mismos le demos y respetemos”.

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