La fachada imponente de más de 15 metros de alto no es suficiente para aplacar el sonido que viene desde adentro. Se escucha el ruido del taladro: están trabajando. El rojo de los muros ahora sí que se parece a la sangre; la sangre que brota desde algo que está a punto de desaparecer. Ahí adentro hay personas destruyendo.
El edificio de Protección Mutua fue diseñado en 1924 por el arquitecto Pedro Palma. Los entendidos en el tema dicen que su estilo neoclásico es bastante ecléctico; transita a otras formas. La construcción albergó desde la década del 20 a la Sociedad de Protección Mutua de Empleados Públicos de Chile. En la actualidad pertenece a la Inmobiliaria Morandé S.A., propiedad de Max Marambio, integrante del GAP de Allende, empresario que tuvo negocios alimenticios en Cuba y financista de la primera campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami.
“Quieren construir dos torres de 37 pisos. Ya han construido una y quieren demoler esto para construir la otra. Es decir, una tremenda invasión del sector, estresando toda la infraestructura pública. Imagínate cuánta gente es una torre de 37 pisos. Inundando una zona que ya está saturada. Esto es un contrasentido desde todo punto de vista, no solo por el patrimonio sino que también desde un punto de vista urbano”, dice Luis Mariano Rendón, activista por la defensa del patrimonio.
La demolición comenzó por la cúpula. En el lugar que se encontraba una superficie verde ocre ahora hay un espacio de aire. Rosario Carvajal, concejala por Santiago, está detrás de un cartel extendido en una de las esquinas de Morandé con Rosas. Se lee lo siguiente: “Basta de demoler nuestros barrios”.
Alega que esta destrucción comienza la misma semana en que Felipe Alessandri asume como alcalde.
“Esta demolición es ilegal. Tiene un permiso de obras que data de enero de 2008 y que caducó en enero de 2011 y no entendemos por qué hoy se iniciaron las obras. Hemos sostenido reuniones de carácter urgente con el alcalde, recién estábamos con su equipo jurídico que ha mostrado buena disposición para estudiar este caso pero lo que le hemos pedido hoy día es que se paralicen las obras de demolición. Hemos presentado todos los documentos para decir que estas obras están fuera de plazo y que su permiso caducó”, dice.
El año 2008 todo este barrio fue declarado como zona protegida, lo que posibilitó su conservación. Luego de varios trámites, pasando por una resolución de la Contraloría que no autorizó la demolición, se prendieron los taladros y las máquinas para echar abajo el edificio.
Las posibilidades de frenar este proceso parecen escasas. Aunque todavía no se pierden las esperanzas de respetar el patrimonio santiaguino. “Las posibilidades son todas, están en manos del alcalde de Santiago, tiene todo los antecedente en su poder, nos hemos reunido con él directamente y con los asesores jurídicos. Le hemos entregados toda la información necesaria. No hemos tenido ninguna respuesta que indique que esos argumentos no tienen validez”, dice Rendón.