La destitución de Lugo en Paraguay, la debilidad institucional de latinoamérica

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Fernando Lugo, ex obispo católico y ahora ex Presidente del Paraguay, anunció que conformará un gabinete ministerial político paralelo, que cumplirá la función fiscalizadora del nuevo Gobierno que asumió luego del juicio político que le realizaran en el Congreso de ese país entre el jueves y viernes pasado -21 y 22 de junio-.

Lo que para muchos ha sido un Golpe de Estado Parlamentario, y para otros un uso ilegítimo de la legalidad y la institucionalidad para destituir al mandatario, se ha convertido en un espacio de debate político en la región.

Si bien hay un grupo minoritario de sectores que consideran que el ex presidente Fernando Lugo, al tomar distancia con el Partido Liberal, principal orgánica opositora del Partido Colorado, también lo hizo con la institucionalidad política y por tanto fue el responsable de la situación que terminó con su destitución, hay otro grupo mayoritario, entre los que se cuentan once de los mandatarios de los países del Unasur, que consideran que fue una movida política de la derecha –y el poder económico- que buscó sacar al ex obispo de la Presidencia del Paraguay, dado que en el último año dio muestras de no desear gobernar sin apegarse a la clase política.

Desde Venezuela, por ejemplo, Hugo Chávez anunció que no apoyarán al nuevo Gobierno que encabeza Federico Franco -militante del Partido Liberal y quien fungía como vicepresidente de Lugo-. Como primera medida cortarán los suministros de petróleo con que apoyaban a Paraguay, uno de los países con la situación económica más crítica de América Latina.

El Mercosur también expresó el rechazo al nuevo gobierno instaurado en el Paraguay, aunque no todos los países hayan ratificado el rechazo expresamente. La entidad, por ahora, no invitó al nuevo gobernante a la próxima reunión que se realiza en Mendoza (Argentina) entre los días 25 y 29 de junio, lo cual fue interpretado por Lugo como una señal de que las cosas “no están normales”, como lo ha expresado el nuevo Gobierno.

El canciller chileno, Alfredo Moreno, dijo en la mañana de hoy -lunes 25 de junio-, que antes de expresar un rechazo tajante, deben estudiar la situación y esperar a las resoluciones de la Asamblea extraordinaria de Unasur, que se realizaría hoy mismo en la ciudad de Mendoza, aprovechando que se también se reúnen los países del Mercosur.

Sebastián Piñera, en cambio, dijo que considera que la destitución de Lugo es legal, pero ilegítima, tal como lo hiciera el viernes pasado su homólogo del Ecuador, Rafael Correa.

El Mercosur es una organización económica de la que formaron originalmente Argentina, Uruguay, Paraguay, con la posterior incorporación de Venezuela, y que cuenta con países asociados como Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Para contrarrestar el rechazo internacional, Federico Franco le solicitó al destituido Presidente que intermediara con el exterior, a lo que el ex obispo se negó rotundamente. Y anunció que se conformará un gabinete que hará las veces de veedor y fiscalizador de lo que haga el nuevo Ejecutivo. “Queremos convertirnos en los fiscales observadores y monitorear todo lo que van a hacer” los nuevos funcionarios, que Lugo calificó como ilegítimo.

LA INSTITUCIONALIDAD POCO REPRESENTATIVA

El analista internacional, Guillermo Holzmann, de la Universidad de Valparaíso, opina que lo que ocurre en Paraguay no puede ser considerado un Golpe de Estado en estricto rigor, dado que no hay movimiento de tropas ni se ha vulnerado la institucionalidad, ni se han vulnerado los derechos individuales de las personas.

“En Paraguay existe una Constitución, que responde a un periodo de transición”, pero es la que ordena la institucionalidad y todo lo que ha sucedido responde a ese orden constitucional, expresa el analista.

Y agrega que lo que se puede cuestionar en el caso de la destitución del Presidente es el tiempo que se le da para defenderse, dado que es insuficiente a todas luces el período de cuatro días para armar una defensa, pero es la forma en que el marco legal de esa nación establece que es el procedimiento para realizar el Juicio Político que el Parlamento adelantó para destituir al Presidente de la República.

Al interior del país, un creciente número de organizaciones ha manifestado el apoyo a Lugo. Entre ellas se cuentan el Frente Guasú. Central Democrática de los Trabajadores del Paraguay (CNT), y el Frente de Defensa por la Democracia, así como muchas personas que lo han hecho de manera individual. El mismo ex Presidente expresó que también hará falta que se conforme una orgánica internacional que actúe como observadora de todo lo que acontezca en el Paraguay de aquí a mayo próximo, cuando se realicen las próximas elecciones para escoger al siguiente mandatario del Paraguay.

El cuestionamiento de que haya tantos sectores de la ciudadanía que apoyan a Lugo pero haya perdido rotundamente en el Congreso, es muestra de que la institucionalidad evidencia una debilidad, dado que no es representativa de la diversidad de sectores que representan a la ciudadanía, puesto que son los partidos políticos los que logran los escaños en el Poder Legislativo y no esos movimientos sociales que se han movido y crecido fuera de esa élite que ha ejercido cargos en los diferentes poderes del Estado.

Holzmann opina que la forma en que Lugo intentó instaurar una reforma agraria, de alguna manera opera en su contra, dado que lo hace sin contar con la misma institucionalidad, pasando por alto al Congreso, e incluso a su propia alianza –dentro de la cual se encuentra el Partido Liberal, que había ubicado al vicepresidente Franco dentro del Gobierno-, y eso le juega en contra a la hora de enfrentar el Juicio Político.

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LOS TRANSGÉNICOS Y LA SEMILLA DE LA DESTITUCIÓN

Detrás de los representantes del Congreso que enjuiciaron a Fernando Lugo están los intereses económicos, han denunciado desde otros sectores y analistas. Dado que unos meses antes, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas; Senave, una institución del Estado paraguayo, no permitió la inscripción de una semilla transgénica que trató de introducir la transnacional Monsanto (estadounidense), argumentado que no contaba con los dictámenes exigidos por el Ministerio de Salud, ni de la Secretaría del Ambiente. Eso habría desencadenado las presiones que terminaron con la destitución de Lugo.

El Senave, dirigido por Miguel Lovera, enfrentó un juicio previo, que presentaron ante Federico Franco (entonces vicepresidente y ahora mandatario de Paraguay), para aceptar el negocio de la multinacional, que ha sido señalada como altamente peligros por organizaciones medioambientales y que luchan en contra de la privatización de las semillas en diversas partes del mundo.

Según un análisis de Idilio Méndez Grimaldi, miembro de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, “la cuenta regresiva decisiva pareció haberse dado con una nueva denuncia por parte de una seudosindicalista del Senave, de nombre Silvia Martínez, quien acusó el 7 de junio pasado a Lovera de corrupción y nepotismo en la institución que dirigía, a través de ABC Color -periódico publicó reportajes permanentemente en contra de Lugo-“. Martínez, según denuncia Méndez, es la esposa de Roberto Cáceres, quien ejerce como representante técnico de varias empresas agrícolas, entre ellas Agrosán, que fue comprada hace poco tiempo por 120 millones de dólares por otra empresa transnacional, Syngenta, también asociada a la Unión de Gremios de la Producción (UGP) de ese país. Es decir, a los sectores que tienen el poder económico.

Por César Baeza Hidalgo

Twitter: @Cesar_inBH

El Ciudadano