Esta semana se cumplieron ocho días del juicio oral iniciado en Ovalle por parte de Minera Los Pelambres, propiedad de la familia Luksic, contra los abogados defensores del pueblo y el dirigente del Comité Defensa Personal de Caimanes, acusándolos de “Asociación Ilícita”. Intentando lograr que a partir de ahora defenderse contra una minera no sea un derecho, sino un delito.
La gente de Caimanes no ha podido estar presente pues el tribunal resolvió que los testigos no asistiesen al juicio. Como la mayoría de la gente del pueblo está citada a declarar, no pueden estar en la sala. Esto deja un vacío importante y los afectados, no saben lo que está pasando en el juicio generando incertidumbre.
Los testigos presentados a la fecha por la Fiscalía son: Magali Galarce, Víctor Ugarte y su esposa Mariana Bañados, Jaime Rojas, Francisco Veloso –gerente de Antofagasta Minerals-, el fiscal Ravanal, Inés Ordenes, Gaston Galarce, Juan Tapia y Claudia Martínez.
Del testimonio de los pobladores que defienden a la minera y que esperan se liberen las platas que ésta les entregó, las que hasta ahora están retenidas, gracias a la acción legal de los abogados que acusan, se percibe una mezcla de dolor de personas que reconocen que habrían querido que el tranque de relave nunca se hiciera. Todos relatan que el pueblo sufrió divisiones irreversibles.
EL TRANQUE UN PELIGRO MORTAL
El testimonio del gerente de Antofagasta Minerals Francisco Veloso, señala que uno de los motivos para haber escogido El Mauro como lugar de almacenamiento de los desechos mineros fue «la lejanía del tranque de relave de las poblaciones», dejando claro que «no podían coexistir un tranque de relave y un pueblo».
Olvidó mencionar que el pueblo de Caimanes y sus 2.000 habitantes están 10 km aguas abajo, que a 45 kilometros aguas abajo viven en invierno 15.000 personas en el poblado de Los Vilos, cifra que aumenta en verano a 25.000 aproximadamente.
En la figura 1 adjunta se muestra un extracto del “Técnico Informe para permiso el tranque de relaves Mauro, Proyecto Integral de Desarrollo –– PID 120 175 KTPD” de Minera Los Pelambres, señala textualmente: “Como la distancia peligrosa supera la distancia desde el tranque al borde costero se empleará esta distancia como crítica (45 km)”.
Dentro del rango de distancia “peligrosa” no puede haber población, precisamente porque estas personas quedarían expuestas a riesgo de muerte, como lo están hoy los habitantes de Caimanes y Los Vilos. EL gerente dejó entrever que en caso de desastre, la responsabilidad es del Estado, pues le dieron todos los permisos. El caso es que está acreditado, por informes de la Contraloría que la minera ocultó información y violó la ley vigente, por ello los permisos debieran ser anulados, cuestión que hemos solicitado a la Contraloría General de la República.
La figura 2 (en la cabecera) muestra cómo sería el desplazamiento del relave, visto desde frente a la costa de Los Vilos. El derrame luego de arrasar ambas poblaciones, contaminaría cientos de kilómetros de costa. Hay que recordar que la bahía de Los Vilos ya está muerta, producto de las actividades de carga de barcos con concentrado de cobre en el puerto de punta Chungo, de minera Los Pelambres. Contaminar el agua y la costa está prohibido por la ley.
Esto en primer lugar es ilegal por parte de la minera. Por otra parte solo pudo ser aprobado por autoridades que no cumplieron su rol de fiscalizar, por lo tanto cometieron un acto ilegal. De ocurrir un desastre y morir gente, será simplemente un asesinato corporativo, por parte de la minera y por parte del Estado un crimen de lesa humanidad. Es decir que por su naturaleza agravia a la humanidad en su conjunto.
El tema de no-responsabilidad de la empresa frente a los impactos generados por sus actividades fue aludido de manera reiterada por el gerente de la Minera, pero también por algunos testigos que dirigen sus quejas al Estado y no a la Minera. La Defensa fue la única en cuestionar este punto, sin embargo no lo hizo la Fiscalía.
EX FISCAL INVOLUCRADO EN EL CASO
El primer fiscal de la causa, Felipe Ravanal Kalergis (ahora testigo de la minera) al comienzo de este juicio, citó a audiencia para formalizar y reformalizar a profesionales y dirigentes; acto seguido (similar a lo ocurrido con el fiscal Peña, de triste recuerdo), deja su cargo e inicia funciones en el Ministerio del Interior del Gobierno de Chile.
Existe por parte de los abogados de Caimanes, Ossa, Dagnino y Arroyo, querella criminal en contra de Kalergis por haber decretado escuchas ilegales en la causa, destinadas a obtener información de conversaciones sostenidas entre dirigentes y abogados, mediante las cuales la minera pudo enterarse de muchas de las estrategias de la defensa del poblado, seguidas en el resto de las causas entabladas en defensa de la comunidad.
Lamentablemente esta querella también es sustanciada “por los mismos fiscales que se encuentran a cargo de las demás causas”, de suerte tal que no existe una investigación seria sobre este delito, por lo que se recurrirá nuevamente al fiscal nacional.
FISCALÍA INDUCE A TESTIGO A MENTIR
La testigo Claudia Martínez, declaró que la Fiscalía la preparó para dar testimonio contra los abogados de Caimanes; esto es una ilegalidad absoluta. El domingo 11 de noviembre el diario La Comuna informa lo siguiente: «El Caso Caimanes: Fiscales estarían induciendo y amedrentando a testigos . El juicio está partiendo y muestra ya que será más entretenido que el “caso Bomba”./ Alfonso Osandón.
El artículo informa: “Este sábado recién pasado se dejó consignadas unas pilladas de antología, dignas para tomarse nota por parte del fiscal nacional Sabas Chaguán, vea Ud mismo el vídeo en donde se deja en evidencia que la Fiscalía indujo e infundio miedo en testigos, pobladores de Caimanes, en donde la testigo señaló que le dijeron que los acusados le quitarían sus casas y propiedades. Al parecer los fiscales fueron por lana y salieron trasquilados o tendrán que dar una buena explicación ante sus superiores, dado que el juicio esta partiendo y muestra ya que será mas entretenido que el “caso Bomba””.
El video muestra cómo la testigo señala que en la entrevista no estaba presente el fiscal que firma la declaración, e identifica a la funcionaria que le indujo a mentir, pues estaba presente en la sala.
Esto recuerda los montajes del ‘caso bombas’ y de los comuneros mapuches, acusados, sentenciados y luego liberados por faltas graves cometidas por la Fiscalía.
Cabe recordar el caso del fiscal Peña, que después de armar el montaje en el caso bombas, pasó a trabajar para el Ministerio del interior, terminando con una escandalosa salida por el ‘caso sobreprecios’.
CAIMANES RESISTE
Así, contra todas las injusticias, contra todos los delitos cometidos por la minera, acreditados con documentos oficiales, contra el notable abandono de deberes de diversas autoridades, cuestión que está siendo investigada por la Contraloría General de la República, Caimanes resiste.
Esta nota será enviada a cada parlamentario de nuestro país, como las anteriores, hasta ahora han guardado riguroso silencio. Esperamos que cumplan su rol de hacer cumplir la legislación; los hermanos Luksic son la familia más rica del país, sin embargo de acuerdo a la Constitución son iguales a cualquier ciudadano ante la ley.
Ellos claramente han cometido delitos, acreditados con múltiples pruebas, han contaminado cursos de agua y la bahía de Los Vilos, han puesto en peligro la vida de miles de personas, por lo tanto deben ser llevados a juicio y pagar por ello.
Por Patricio Bustamante
Investigador en Arqueoastronomía – Escritor
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Texto -de origen externo- incorporado a este medio por (no es el autor):
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