La creciente conflictividad social tiene origen en una creciente insatisfacción enraizada en postergaciones históricas, que se intensifican dada la percepción de la paradoja de un país que crece económicamente, pero que consolida la desigualdad.
El malestar ciudadano da cuenta de la insuficiencia del neoliberalismo para resolver expectativas de igualdad y justicia social, democracia y participación. Resolver las demandas de desarrollo local e igualdad en regiones apartadas, supone un abordaje refundacional del cuerpo de fundamentos regresivos que sustenta la sociedad chilena.
La dictadura instaló una forzosa división administrativa regional y municipal que, junto con fragmentar identidades y dinámicas territoriales, amortigua la demanda ciudadana local, dificultando la accesibilidad al Estado central y a interlocutores con poder de decisión en lo local y regional. En lo municipal, el resultado es un modelo de gestión política en el que se distorsiona el rol de la autoridad municipal y se desfigura la voluntad popular, promoviendo una creciente distancia entre intereses y fórmulas de resolución de conflictos por parte de los representantes políticos y crecientes expectativas de la ciudadanía.
El papel de los gobiernos de la Concertación en su pacto de gobernabilidad con la derecha, combinó una política pública de profundización de la lógica neoliberal para la gobernabilidad local y una pasividad frente a la transformación de las instituciones. La atomización del tejido comunitario y el clientelismo con los dirigentes sociales se antepusieron a la satisfacción de demandas en el plano colectivo y social.
Las dos reformas municipales impulsadas por esos gobiernos no abordaron los déficits de la institucionalidad municipal, como la ausencia de Gobiernos Locales con atribuciones, recursos y competencias para un efectivo desarrollo de las comunas.
El gobierno de derecha marca la reedición del pacto de gobernabilidad política de la transición que tantos réditos proporcionó, con una impronta en la que se acentúa el sentido neoliberal de la institución municipal. Así, la actual propuesta de reforma municipal ingresada al Parlamento por el Ejecutivo, junto con dar continuidad a una ideologizada agenda para la “modernización de los municipios”, enfatiza una creciente despolitización del rol de las autoridades locales y de forma contradictoria un incremento del componente tecnocrático de la gestión pública, cuyo propósito sería limitar la respuesta política frente a urgencias y necesidades sociales.
En estos 22 años de gobiernos post dictadura, se conoció el esfuerzo y voluntad de algunos alcaldes y concejales de inspiración democrática para resistir embates de la degradación de la política. Sin embargo, su voluntad transformadora se ve obstaculizada con una arquitectura política diseñada para la exclusión.
Tenemos el convencimiento de asistir al final de una era política caracterizada por un proceso acumulativo en el que primó una generalizada desafección política hacia la voluntad ciudadana, que obliga a revisar los fundamentos de la democracia. El abuso y la postergación, fueron obviados e invisibilizados en función de una creciente cobertura de servicios públicos carentes de regulación y control social; dicha fórmula de gobernabilidad es ampliamente rechazada.
Bajo las condiciones descritas, de consolidación de un modelo residual en materia de participación e inclusión, pero a la vez de progresiva ruptura social con los significados de institucionalidad, emerge una nueva realidad nacional que exige una mirada actualizada y una perspectiva que promueva y garantice más Estado y también más participación vinculante.
Así, las próximas elecciones municipales representan un momento decisivo que en parte definirá la profundidad y velocidad del proceso democratizador que tensiona la convivencia en Chile. Este desafío exige al conjunto de la oposición un programa de transformaciones sólido y ambicioso que en la modalidad de propuesta y/o demanda aborde los principales focos de transformación y democratización en el espacio local. No se trata sólo de intervenir en la normativa municipal existente para generar más representación e incrementar la participación, sino de revisar con mirada crítica el sentido de los municipios, trazando un itinerario orientado a una profunda Reforma Refundacional que se contraponga a la restrictiva institucionalidad que hoy rige.
SUPERAR LA INSTITUCIONALIDAD VIGENTE Y CONSTRUIR GOBIERNOS LOCALES
Existe consenso en que la institucionalidad democrática es cada vez más estrecha ante los embrionarios procesos de politización, siendo la participación y el problema de la calidad de la democracia un componente central que atraviesa las demandas de la sociedad.
El desafío país de los sectores democráticos es buscar formas y acciones para superar la deficiente representatividad como forma de funcionamiento y legitimidad política, con miras a incrementar la justicia social y construir una sociedad inclusiva.
Ello interpela en el plano local a pensar esta disyuntiva, en tanto la comuna es un espacio donde se hace factible vincular la institucionalidad y la política pública con los problemas cotidianos de la gente. Se conforma como un espacio donde se puede apostar a la re-politización ciudadana y la conformación de sujetos sociales, críticos y transformadores del sistema.
El cuerpo de ideas propuesto por la oposición ampliada, en un futuro próximo y superando la gobernabilidad de derecha del país, debe orientarse a la generación de una Constituyente con las Organizaciones Locales y la Institucionalidad Municipal, destinada a la refundación del Municipio.
Este espacio debiera problematizar el marco institucional vigente, dotarse de instrumentos para modificarlo y proyectarlo como una instancia de largo plazo con miras a la constitución de Gobiernos Locales, donde el Municipio sea efectivamente un espacio tanto para el desarrollo de las comunidades, como para el ejercicio de la política de sus habitantes; un espacio donde se genere el sujeto transformador y se exprese la voluntad y el poder local de la ciudadanía y sectores populares.
Los rasgos centrales de la nueva institucionalidad, desde donde emerja y confluya esta Refundación debiesen ser al menos: Promoción de la participación vinculante y deliberación democrática de la comunidad; que las organizaciones sociales adquieran un rol de Contraloría Social; rediseño y co-ejecución de políticas públicas; un municipio incidente en materias de desarrollo local.
Eso supone un doble desafío: Democratizar la gestión municipal (toma de decisiones en el municipio) y democratizar la comuna (articulación del tejido social).
Pensando en la naturaleza proyectual del desafío, necesitamos con creatividad aprovechar los márgenes legales de la LOCM -Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades-, siendo osados en el aquí y el ahora en las propuestas, ya que el reto es no sólo diferenciarnos de la derecha, sino ir más allá con propuestas que entreguen poder a los actores locales y muestren un camino para los propios sectores de oposición.
Por Marcos Barraza* y Claudio Rodríguez**
* Director
**Encargado del Área de Desarrollo Local
Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (Ical)
Sociedad Civil
El Ciudadano Nº124, primera quincena mayo 2012
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