La nueva pirotecnia ante la “crisis de seguridad”

Por Jenny Carreño Arias

Desde el retorno a la democracia que el abordaje de la violencia delictual ha sido parte de un continuo histórico. Matices más, matices menos, la narrativa político-pública y sistemas de operación policial, han sido, en el fondo, la misma cosa, la misma matriz de “seguridad ciudadana” y lucha contra ese otro enemigo interno de la patria, el “delincuente”, con todas sus variantes de color y de nación. Incluso las apuestas del actual gobierno de Gabriel Boric, un gobierno que había -supuestamente- llegado a “refundar” la política y, muy especialmente, la institución de Carabineros de Chile, no ha escapado, para nada, a este tributo histórico y a su evidente fracaso como política pública.

Ni siquiera los pomposos anuncios findeañeros del subsecretario de Prevención del Delito, lograron augurar algún cambio posible en la llamada “crisis de seguridad”, en el marco de la creciente ola de homicidios y aumento de la violencia agregada a la comisión delictual en importantes zonas del país, incluido Valparaíso.

Después de un fin de semana, literalmente, de muerte, el 26 de diciembre, la reacción no se dejó esperar; entre Pascua y Año Nuevo, el subsecretario Eduardo Vergara anunciaba la “reforma” al Sistema Táctico Operativo Policial (STOP), patentado en el año 2018 por Sebastián Piñera. Una “reforma” que lo llevaría a posicionarse a la “vanguardia a nivel mundial” y como “modelo inédito en Latinoamérica”.

Administrado por Carabineros, el STOP es planteado en la ley como una herramienta para la prevención del delito que, a partir de un análisis en profundidad de información delictual, permite tanto una acción policial focalizada y eficiente como la coproducción de seguridad al comprometer a otros actores en tareas específicas (Ley Nro. 21.332 que implementa un Sistema Táctico de Operación Policial).

Su “reforma” implica una actualización del catálogo de delitos priorizados, “sobre todo contra las personas”, puntualizó Vergara, que incluye la violencia intrafamiliar o el maltrato habitual, así como los homicidios, el crimen organizado y el narcotráfico.

El STOP permite “que se diseñen acciones preventivas con identidad territorial, profundizando el rol importante que cumple Carabineros en su relación comunitaria y con los distintos municipios”, puntualizó el subsecretario. Nada dijo, eso sí, de la merma que al respecto significa el importante déficit de personal y logístico que afecta a dicha institución, en relación a la real demanda territorial comunitaria a nivel país y de la V Zona de Valparaíso.

«Podremos evaluar cuáles de esas acciones están dando resultados y la eficacia de cada una de las medidas. Esto va a poner foco en la gestión por resultados”, también expuso como novedad a la prensa.

En fin, cuando en una ciudad turística como Viña del Mar se ostenta, como estadística anual de 2023, una treintena de asesinatos, en su gran mayoría en la vía pública y con importante participación y/o resultado de muerte de jóvenes populares acribillados a bala, se hace inevitable pensar en lo tristemente tardío y a destiempo de la reformulación al STOP. Y peor aún, incluso, asalta la duda razonable respecto de su real soporte material y profundidad.

Es evidente que no basta con una gestión cortoplacista fundada en la evaluación de resultados meramente policiales, sin una mirada de largo plazo, compleja, multidimensional y profunda de la problemática, que impugne el discurso de la seguridad tal cual se ha construido, fallidamente, en las últimas décadas, desde una lógica binaria, reactiva y efectista.

Surge, por tanto, la necesidad de pensar esta crisis como expresión de tensiones intrínsecas a las relaciones sociales en nuestros propios territorios, a sus zonas grises y “de sacrificio”, de pobreza, fragmentación y abandono de la política pública. Reconocer, por cierto, enormes carencias estructurales que hacen imposible llegar a pensar siquiera en ser alguna vez “vanguardias a nivel mundial” de alguna cosa. Ostentamos cárceles con un sobre poblamiento inhumano, la de Valparaíso es emblemática en eso, que hace insostenible una expectativa favorable en términos de prevención y control delictual. Sin procesos de rehabilitación y reinserción social efectivos no hay morigeración de la trayectoria delictual, y punto.

Reconocer, por otro lado, la existencia de cuerpos infantojuveniles “desechables” como dice [Rossana] Reguillo. Es la juventud, en especial la más precarizada, la que resulta protagonizando, en mayor medida, dinámicas de violencia y exposición a riesgo de victimización. ¿Quién se hace cargo de ello?, ¿Dónde está o estuvo el Estado para prevenir de forma oportuna y contingente?

Más concretamente: ¿Quién se responsabiliza por esos jóvenes, casi niños algunos, asesinados durante 2023 en el cerro de Forestal en Viña del Mar?, ¿quién le responde a sus familias y comunidad, tan victimizada cómo ellos?, ¿qué pasó con su derecho a la prevención social temprana y reparación de sus vulneraciones históricas?, ¿qué hizo la autoridad para prevenir en serio y evitar la seguidilla de cuerpos jóvenes acribillados? Pues bien, NO HIZO NADA, simplemente NO ESTUVO.

Sin duda, cuestiones importantes de problematizar a la hora de pretender agregar valor al despliegue de la política pública en materia de lucha contra la delincuencia, especialmente, hacer frente no sólo a aquellos excesos de violencia y muerte, también al miedo de la población mayoritaria (Enusc, 2022) y consecuente precarización del ámbito de lo público.

Pese a todo, todavía hay margen para mirar y actuar desde la crítica y la autocrítica, para andar y desandar lo urgente y lo necesario. Pero claro, para lo que ya no hay lugar en la política, y es hartazgo ciudadano, para la indolencia y la burda pirotecnia efectista, mañosa y vacía de relato histórico.

Por Jenny Carreño Arias
Proyecto La Comuna

Columna publicada originalmente el 7 de enero de 2024 en Diario La Quinta.