La Oficina de Derechos Humanos de la ONU denuncia el uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de la policía de Perú durante las protestas masivas ocurridas en el país entre el 9 y el 15 de noviembre de 2020.
El informe, publicado este 12 de enero, fue elaborado en base a los resultados de una misión que la Oficina de Derechos Humanos realizó en Lima del 17 al 22 de noviembre, a invitación del gobierno peruano, para recabar información sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante protestas.
«Entre sus principales hallazgos, el informe señala que agentes de la policía no distinguieron entre manifestantes pacíficos -que eran la mayoría- y una minoría que presuntamente actuó de forma violenta», dice la nota publicada en la web de la Oficina.
Basándose en las grabaciones de audio y vídeo disponibles, entrevistas con víctimas y testigos, así como registros médicos, el informe afirma que «la policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de manera indiscriminada y a corta distancia».
Se precisa que dos manifestantes murieron por perdigones de escopeta disparados contra su torso y más de 200 personas, incluidos transeúntes, resultaron heridas.
«El derecho internacional es claro: las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y las reuniones solo pueden ser dispersadas en casos excepcionales», comentó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet.
Agregó que la fuerza letal solo podría usarse contra personas específicas para hacer frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.
También destacó que «las armas menos letales deben ser empleadas según requisitos estrictos de necesidad y proporcionalidad, en situaciones donde las medidas menos dañinas son claramente ineficaces para enfrentar la amenaza».
Bachelet también subrayó que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos deben ser investigadas de manera rápida, independiente y exhaustiva, y destacó la importancia de que el gobierno reconociera públicamente que se cometieron violaciones.
«El reconocimiento es el primer paso hacia la rendición de cuentas y para evitar la repetición», afirmó.
La Oficina de Derechos Humanos también expresó su preocupación por el hecho de que agentes de policía vestidos de civil no se identificaron como tales cuando realizaron arrestos, en contravención de las normas internacionales.
Además, las víctimas señalaron que no tuvieron acceso a asistencia legal, y que algunas de estas personas fueron presionadas para firmar declaraciones autoinculpatorias.
«Teniendo en cuenta tales violaciones del derecho al debido proceso, entre otros factores, el informe concluye que hubo casos de personas detenidas arbitrariamente», afirma la nota.
Al mismo tiempo, varias personas entrevistadas por la misión de la ONU describieron estar recluidos en condiciones degradantes e insalubres, sin medidas preventivas contra el covid-19.
Diez detenidos denunciaron haber sufrido abusos físicos y ocho señalaron presuntos abusos psicológicos, lo que podría constituir tortura o malos tratos. La misión también recibió información sobre ocho casos de violencia sexual y de género contra mujeres y hombres.
El informe también documenta restricciones, amenazas y ataques a periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como a defensores de derechos humanos que cubrían las protestas.
«Espero verdaderamente que las autoridades, tanto del gobierno como del Congreso, tomen las medidas necesarias para garantizar que los órganos encargados de hacer cumplir la ley se comporten de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos», enfatizó la alta comisionada.
Agregó que «el Estado también debe defender el derecho de las víctimas y sus familias a la justicia, la verdad y la reparación, incluida la no repetición».
Fuente: Sputnik
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