Mientras que el país necesita grandes decisiones y propuestas legislativas claras para salir de la desigualdad social en la cual lo han sumido más de 20 años de modelo económico y régimen político postdictadura administrados por la Concertación, tanto ésta como el gobierno empresario de Piñera enrarecen el ambiente y fabrican apatía ciudadana con la ayuda del periodismo superficial.
El mundial de fútbol como telón de fondo y vector de las preocupaciones lúdicas ciudadanas no ayuda a realizar debates argumentados. Y los políticos se esfuerzan por ocultar los intereses en juego y evitan nombrar las cosas por su nombre.
A menos que el espíritu cívico, resultado de una educación ciudadana permanente, sea alimentado con reflexiones argumentadas y pluralistas por una prensa libre de ataduras ideológicas con los intereses económicos de la oligarquía propietaria nacional y global. Pero de ese objetivo se está muy lejos.
El trabajo de la prensa tradicional y de gran tiraje es superficial cuando no obliga a los políticos de gobierno y oposición a plantear por escrito sus posiciones en términos claros en vez de refugiarse en una terminología innecesariamente” tecnicista” que sólo un grupo reducido de presuntos “expertos” maneja.
O cuando los editorialistas de la prensa dominante defienden con oscuros matices el mismo punto de vista, que no es otro que el dictado por la ortodoxia neoliberal. La misma que se encuentra en plena crisis de fundamentos debido a las desastrosas consecuencias para las mayorías ciudadanas de la desregulación de los mercados financieros operada por los tecnócratas de los Estados gobernados por las derechas y por los socio-liberales.
Los sofistas lo descubrieron antes que G. Orwell: las nomenklaturas inventan su propia terminología para afirmar su poder y saber, con miras a excluir.
La discusión sobre el Royalty de la minería ilustra bien las taras de una sociedad donde tanto el lenguaje de los políticos-tecnócratas “expertos” como el de los políticos “profanos” (*) cae en lo rebuscado para evitar ir a lo esencial: el de los tributos o impuestos sobre la explotación de los recursos naturales que por concepto de royalty, ganancias, utilidades o rentas deben pagar las empresas mineras.
Que quede claro que ese dinero es el sueldo de Chile y debe estar al servicio de un proyecto de país solidario y justo para las mayorías y no de algunos pocos, como ha sido el caso hasta ahora.
Estamos hablando de un gran proyecto de desarrollo. No nos referimos a los “planes de protección social” con miras a desarrollar una mentalidad y reflejos individualistas de “infraclase” para así poder criminalizar y reprimir a los “recalcitrantes” que no quieren integrarse al sistema.
La ciudadanía necesita forjarse una opinión argumentada sobre temas fundamentales como el de la soberanía nacional (que no tiene nada que ver con el concepto de defensa de la soberanía contaminado por la ideología de la Seguridad Nacional de las FF.AA e invocado para gastar en armas), es decir, el del control por el ejercicio del poder ciudadano de las riquezas y patrimonio en recursos naturales de los cuales un país dispone para construirse y dar felicidad, prosperidad y vida sana a todos sus ciudadanos por igual.
Es la idea de un contrato social refundador, cimentado sobre estructuras sociales, económicas y políticas justas, legítimas y solidarias. Unica manera de desarticular las actuales, que son fuente de poder de la oligarquía y, al mismo tiempo, poner en jaque las falacias de la ideología propietaria y sus efectos: la división de la sociedad en clases.
Tal visión democrática y socialista —en tiempos de incertidumbre económica, debido a la crisis del capitalismo— se contrapone a la política al servicio de las multinacionales mineras llevada a cabo durante más de 20 años por la dictadura y los gobiernos concertacionistas.
Por lo que la pregunta que se impone apunta a saber si las leyes que serán dictadas en el plan de reconstrucción piñerista garantizarán que la ciudadanía —ya sea por simple decreto o ley, o mediante un plebiscito— pueda revocar los tratados con las empresas nacionales y extranjeras para nacionalizar los recursos naturales del país. Además, de saber de manera clara cuánta plata por año quedará en las arcas fiscales después de sumar y restar por concepto de devoluciones o granjerías fiscales a las multinacionales para que ésta sea por ley invertida en satisfacer necesidades sociales urgentes tales como salud y educación pública.
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(*) Es un falso debate querer darle un contenido de pugna democrática a la polémica entre F. Vidal y el ex ministro de Hacienda Velasco. Los dos fueron pajes de la corte bacheletista. El segundo no es sólo un tecnócrata sino un político-tecnócrata cuya fuente de legitimidad le viene de los centros mundiales del poder financiero como el FMI, la OMC y el Banco Mundial, así como de los círculos de la academia neoliberal. Todas estas instituciones le han entregado los cuadros y operadores de las políticas neoliberales al capital global. El FMI cuenta con los leales servicios de ex políticos como Nicolás Eyzaguirre y Straus-Kahn (socialista francés y Director del FMI) para que hagan el trabajo político de tecnócratas que imponen con el consentimiento de los Estados los planes de privatización, de “austeridad” (empobrecimiento) y de “ajuste” a los trabajadores: baja de pensiones, prolongación de la edad de jubilación, recortes en programas sociales, privatizaciones, etc.
Por Leopoldo Lavín Mujica
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