La última trinchera de Codelco

Hace unas semanas, un grupo «transversal» de expertos y políticos, reunidos por Cesco, que desde 1984 es el arquetipo de las consultoras al servicio de las mineras extranjeras, llegaron a la iluminada conclusión que era necesario privatizar Codelco, o al menos, de transformarla en sociedad anónima, y así poder vender una parte de su capital a privados. Pero desgraciadamente para ellos, no es tan fácil privatizar Codelco, porque la empresa cuenta con una última línea de trincheras, que la defienden de su privatización, y que hasta ahora ha resultado ser infranqueable. Esa trinchera es la ley 13.196 o ley Reservada de la Fuerzas Armadas, que obliga a Codelco a entregarle el 10 % de sus ventas a las Fuerzas Armadas.

Desde el mismo momento del golpe militar de 1973, el lobby del cobre intentó desnacionalizar el cobre, entregándolo nuevamente a las empresas norteamericanas. Para terminar con estas presiones, la Junta Militar indemnizó a las empresas norteamericanas que había sido nacionalizadas. Pero la presión por la desnacionalización continuó con fuerza al interior mismo del gobierno militar, presión que solo terminó en 1976, cuando mediante el DL 1.350 todas las empresas nacionalizadas fueron agrupadas en una sola, Codelco, y se modificó la Ley 13.196 o Ley Reservada de las Fuerzas Armadas, que databa de 1957. Esta ley establecía que una parte de las utilidades de las empresas de la Gran Minería debía destinarse a la compra de armas de las Fuerzas Armadas, pero la modificación de 1976, dispuso que el 10 % de las ventas de Codelco, y únicamente de Codelco, debía destinarse a la compra de armas para las Fuerzas Armadas. A partir de esta modificación, el armamento para las Fuerzas Armadas se compraría exclusivamente con el 10 % de las ventas de Codelco, y ningún peso del Presupuesto Nacional se destinaría a la compra de armas. En vista que el armamento de las Fuerzas Armadas se financiaría exclusivamente con las ventas de Codelco, el lobby del cobre ya no se atrevió a pedir la derogación de esta ley ni tampoco la privatización de Codelco, porque en una dictadura militar, el lobby militar era más poderoso que el lobby del cobre.

Hasta el día de hoy, la existencia de esta ley, ha sido el único impedimento real y eficaz para evitar la privatización de Codelco, puesto que con el lastre de tener que entregar el 10 % de sus ventas a las fuerzas Armadas, es imposible que una empresa extranjera desee comprar Codelco, porque no podría competir con las otras transnacionales mineras. El mismo Ricardo Lagos, se refirió a este impedimento en una entrevista en EEUU para la Revista Latin Trade, de mayo de 1999, en plena campaña presidencial, donde sostuvo: «Es muy importante introducir capital privado en Codelco para que pueda expandirse. Pero para privatizar Codelco tenemos que suspender la entrega del 10 % de sus ingresos a las fuerzas armadas. No creo que ningún inversionista privado está interesado en Codelco hasta que superemos este problema». Siendo Presidente, Ricardo Lagos no se atrevió a privatizar Codelco, porque debía obtener antes el acuerdo de las Fuerzas Armadas, para derogar la Ley Reservada.

Pero, si bien, mientras los militares detentaron el poder, nunca las transnacionales demandaron la derogación de la Ley Reservada de las Fuerzas Armadas y desapareció el peligro de privatización de Codelco, desde que se restableció «la democracia», las transnacionales y su muy organizado lobby, que actúan al interior mismo de los gobiernos de la Concertación, siempre han perseguido la derogación de esta ley, como condición previa a cualquier proyecto de privatización de Codelco, y se aprovechan de cualquiera dificultad económica de Codelco, para hacerse oír en todos los medios de comunicación. Así lo hicieron en 1994, a raíz de las cuantiosas pérdidas en el mercado de futuros, en el caso Dávila, y con mayor razón lo hicieron con motivo de la fuerte caída de las utilidades de Codelco a partir de 1996, como consecuencia del colapso del precio del cobre, producto de la sobreproducción generada por las mineras extranjeras instaladas en Chile, por lo que es muy probable que la sobreproducción y la consecuente baja en los precios, fueran provocadas artificialmente por las transnacionales, con el objeto de generar dificultades económicas en Codelco, que justificaran su privatización.

Por ello que no es casual, que pocas semanas después que «el lobby transversal» de «expertos» de la derecha y la Concertación, que publicaron en El Mercurio un ferviente llamado a la privatización de Codelco, este mismo lobby enquistado en las esferas del poder político, haya conseguido que el gobierno prepare un proyecto para derogar la entrega del 10 % de las ventas de Codelco a las Fuerzas Armadas, como antesala a su privatización. Las transnacionales mineras afinan sus dientes ante la posibilidad de conseguir este inmenso botín. También afinan sus dientes, los economistas, abogados, consultoras, parlamentarios, políticos y funcionarios de gobierno, que se repartirán en un primer momento, las decenas de millones de dólares en pago de «asesorías» por conseguir la derogación de la Ley Reservada, quedando a la espera del gran golpe, la privatización de Codelco, para cuyo fin, la comisión o «coimisión» por conseguir tan espectacular botín, superará las centenas y quizás miles de millones de dólares.

Julián Alcayaga O.

Economista
Comité de Defensa y Recuperación del Cobre