La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) advirtió que el confinamiento y el desplazamiento forzado son los factores que más impactan de manera desfavorable a las comunidades indígenas del país desde el acuerdo final de paz, firmado en noviembre de 2016.
«El confinamiento y el desplazamiento forzados, con el 51,6% y el 30,0%, respectivamente, son los de mayor impacto dentro de las múltiples violaciones a los derechos de los pueblos», indicó la ONIC en una rueda de prensa virtual.
Según el reporte, desde el 1 de enero hasta el 9 de marzo del presente año «ya se ha registrado 2.960 víctimas por confinamiento y 677 por desplazamiento masivo, de un total de 3.674 víctimas por diferentes afectaciones».
Asimismo, advirtió que el recrudecimiento del conflicto, luego de 2016, así como «la implementación fallida» de dicho acuerdo por parte del actual Gobierno de Iván Duque, «colocan en riesgo la vida, integridad, la libertad y pervivencia de los pueblos originarios».
Las comunidades indígenas, agremiadas en la ONIC, sostuvieron que debido al desplazamiento forzado del que son víctimas, su pervivencia se encuentra amenazada.
Al respecto, la ONIC denunció el desplazamiento forzado del que es víctima la población Emberá desde el año 2001 y dijo que, pese a que varias familias de esa comunidad han regresado a sus territorios, también han debido salir de nuevo hacia Bogotá «por el inminente riesgo que corren, falta de garantías, reconfiguración de la violencia, presencia de nuevos actores armados, nuevos hechos de violencia y la colocación de minas antipersona».
La ONIC también advirtió que 393 indígenas Embera, asentados en Bogotá, se encuentran «en un nivel de alto riesgo y vulnerabilidad», ya que no cuentan con garantías de atención en salud, educación y vivienda, «lo que los coloca en riesgo inminente de exterminio físico, cultural y territorial».
Asimismo, dijo que otras 125 familias Emberá que habitan el populoso sector de Ciudad Bolívar, en Bogotá, están en peligro de mendicidad por falta de pago de los cánones de arrendamiento, obligación que quedó a cargo de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Cortesía de Sputnik
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