Las dos caras de AES Andes: Adelanta retiro de termoeléctricas, pero apura quema de 94 mil toneladas de carbón

Los últimos manotazos de una tecnología que a pesar de la crisis climática se resiste a desaparecer.

Las dos caras de AES Andes: Adelanta retiro de termoeléctricas, pero apura quema de 94 mil toneladas de carbón.

• Decisión de la empresa de deshacerse de su stock de combustible acopiado en las centrales Norgener 1 y 2 en Tocopilla fue planteada como  técnico ambiental, en circunstancias de que respondería a motivos comerciales.
• Forzar al sistema eléctrico a  despachar estas unidades por sobre las renovables perjudica a las empresas del sector y genera mayores emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes locales.
• Organizaciones ciudadanas cuestionaron las autorizaciones del Coordinador Eléctrico Nacional e interpusieron un recurso de protección  para detener  esta quema forzada de carbón.

Por Patricio Segura

El 9 de febrero de este año, la Comisión Nacional de Energía (CNE) difundió como una noticia positiva que, mediante la Resolución Exenta N°45 emitida el día previo, autorizó a la eléctrica AES Andes (filial de la estadounidense AES Corporation) el retiro anticipado de las unidades de generación 1 y 2 de Norgener.  Ambas instalaciones a carbón, de una capacidad instalada total de 276 MW, operan desde 1995 y 1997 en Tocopilla.  Durante estas tres décadas éstas han generado múltiples impactos ambientales y de salud a la población local, además de importantes emisiones de gases de efecto invernadero.

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Originalmente la desconexión de estas centrales estaba programada para el 31 de diciembre de 2025.  Pero en su carta solicitud del pasado 7 de diciembre, el gerente general  de AES  Javier Dib, explicaba que la decisión de adelantar el cierre para el 31 de marzo de este año se debía “al compromiso de AES Andes con el proceso de descarbonización que lleva adelante el país, y con el firme propósito de trabajar para acelerar el futuro de la energía, avanzando en la transición energética, no sólo con el retiro de sus unidades a carbón, sino también con la construcción y desarrollo de nuevos proyectos renovables con tecnologías de almacenamiento de energía y reconversión, consolidando así nuestra estrategia transformacional Greentegra”.

Desde 2019, año en que se anunció el Plan de Descarbonización en Chile,  las empresas del sector han ido comunicando el paulatino cese de operaciones de sus centrales a carbón, en respuesta a las políticas  climáticas, los compromisos internacionales y las presiones de la sociedad civil en orden a  eliminar los combustibles fósiles, y particularmente el carbón, de la matriz eléctrica nacional  para reducir las emisiones de CO2  y otros gases de invernadero, además de proteger la salud de la población en las  zonas de sacrificio en que se ha convertido a las 5 comunas donde operan este tipo de termoeléctricas.

La satisfacción de la Comisión Nacional de Energía y AES Andes al autorizar el cierre de Norgener el 31 de marzo tenía sus motivos: el país “ganaba” al adelantar en 21 meses el término de la operación de  estas contaminantes industrias.

Pero poco duró la buena noticia.

Un día después de la autorización de la CNE, la empresa AES envió una nueva carta -esta vez al Coordinador Eléctrico Nacional- requiriendo poder quemar al 31 de marzo de este año, todo el carbón existente en su cancha de almacenado: 94 mil toneladas.  El motivo, explicó la empresa, es no tener otras opciones de uso del combustible,  ya que esto involucraría necesariamente “modificación de permisos ambientales, solicitud de autorizaciones ambientales y negociación de los contratos vigentes”.  Para ello, solicitaron dar prioridad al despacho (y por tanto la generación mediante quema de carbón) al Sistema Eléctrico Nacional, por sobre la generación renovable como  la eólica y la  hidráulica, y otras fósiles como el gas; decisión que debería regirse por la Ley General de Servicios Eléctricos y el Reglamento de Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional.

Es así que el Coordinador Eléctrico Nacional accedió a lo solicitado  por AES el domingo 18 de febrero, aduciendo que esto no afecta “la operación segura y a mínimo costo del Sistema Eléctrico Nacional”.   Y le dio plazo incluso para la desconexión “en una fecha posterior al 31 de marzo de 2024”.

El visto bueno del Coordinador, derivó en que el ministro de Energía Diego Pardow solicitara explicaciones a su presidente, Juan Carlos Omedo.  Recibida una respuesta parcial del Coordinador, en la cual no se transparentaron los fundamentos de la autorización para la quema forzada de carbón, el titular de la cartera expresó a la opinión pública la limitación de sus atribuciones para intervenir más directamente señalando que “el coordinador es una institución autónoma y las razones que entrega son atendibles, pero era importante que esa decisión estuviera clara y los fundamentos de ella también, eso permite que si alguno de los otros participantes del sistema eléctrico no comparte esa visión, tiene el espacio para reclamar por aquello en el Panel de Expertos y continuar con un proceso«.

Pero no todos quedaron conformes. 

Una decisión debatible

La petición de AES Andes alertó al sector de las renovables, a variados expertos, académicos y consultores del sector eléctrico, al gremio médico  y a las organizaciones ciudadanas que a nivel nacional y local han impulsado el cierre anticipado de las termoeléctricas a carbón. 

La campaña ciudadana por el cese definitivo de  la generación eléctrica en base a esta tecnología liderada por la coalición Chao Carbón tiene un objetivo muy concreto: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que afectan nuestro desempeño respecto de los compromisos climáticos de Chile y  muy especialmente terminar con la emisión de contaminantes tóxicos locales que impactan gravemente en la salud de las personas y la biodiversidad donde operan.   En este caso, Tocopilla.

Por ello, aunque adelantar un cierre sonaba esperanzador, si se operativiza quemando a toda máquina el stock de carbón almacenado al  final  implica mayor concentración  horaria y diaria de emisiones, intensificando los impactos en la salud de las personas. 

En carta enviada el 26 de febrero a los ministros del Medio Ambiente Maisa Rojas y de Energía Diego Pardow, el presidente de la Fundación Chile Sustentable, Antonio Elizalde, junto a la directora Sara Larraín, solicitaron la intervención de los secretarios de Estado para evitar la “quema forzada de carbón” mediante autorizaciones fuera de  la normativa  energética y ambiental vigente.

Un antecedente que llamó la atención y que se incluyó en dicha carta es que “pese al alto inventario de carbón en las canchas de acopio, insólitamente y sólo 4 días después del envío de la solicitud de cierre adelantado de las unidades 1 y 2 de Norgener, con fecha 11 de diciembre de 2023, finalizó la descarga en dicha central de un embarque adicional de 35.000 toneladas de carbón”.

Sobre un uso  alternativo a las 94 mil toneladas, los remitentes indicaron que la empresa informó que “la Resolución de Calificación Ambiental asociada no considera el manejo, ni menos la gestión del carbón que eventualmente se encuentre presente en cancha una vez que la Central Norgener esté retirada del sistema”, agregando que opciones como transportarlo para darle otro destino “no son factibles, al no contar con la autorización ambiental necesaria para el retiro del material”.  Por esto, desde Chile Sustentable cuestionaron que se haya solicitado el adelanto del cierre de  la central Norgener sin tener un Plan de Abandono presentado y aprobado por la autoridad ambiental, tal como se menciona en las resoluciones que hace más de dos décadas aprobaron la construcción y operación de las dos unidades.

Esta información está contenida en las respuestas de AES  Andes a las preguntas que le hiciera la Unidad de Monitoreo de la Competencia del CEN durante el proceso de autorización.  En éstas la compañía reconoce que, a pesar de su afirmación previa de que la RCA no les permitía transportar el carbón acopiado fuera de sus canchas, “no han existido comunicaciones con autoridades medioambientales en el sentido indicado”.

Todo esto dejaría en claro que la decisión de quemar las 94 mil toneladas de carbón acopiadas no tendría fundamento ambiental sino que respondería a “aspectos comerciales propios de AES Andes, ya que, en caso contrario, AES Andes hubiese responsablemente solicitado una fecha de cierre de sus operaciones distinta a la del 31 de marzo de 2024, evitando de esta manera la operación forzada de sus instalaciones o asumiendo en forma privada, los costos y consecuencias de una anterior decisión comercial propia, como lo es la compra del combustible, cuya descarga ocurre al mismo tiempo que la solicitud de cierre de las unidades Norgener” señalaron desde Chile Sustentable en la carta dirigida a los ministros. 

Ante esta situación, desde la organización solicitaron a ambas autoridades “que en coherencia con los objetivos del Plan de Descarbonización y de la Ley Marco de Cambio Climático, actúen para prevenir la quema forzada de carbón como alternativa en el marco del proceso de descarbonización y que agoten todas las instancias necesarias para detener de forma inmediata la operación forzada de la central Norgener, indicando al CEN y a AES acciones y condiciones que permitan evitar la quema forzosa e injustificada 94.000 toneladas de carbón”.

En una línea similar se planteó Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, quien mediante carta a La Tercera del 4 de marzo señaló que “el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) autorizó el cierre anticipado solicitado por la empresa, cuando ésta tenía un stock de 94.000 toneladas de carbón por quemar antes de su desconexión. Esto implica que, entre el momento de la autorización -la cual se adelanta 21 meses a lo programado- y el cese de operaciones, las unidades termoeléctricas en cuestión funcionarán, literalmente, a toda máquina”.  

Y dos semanas, el 15 de marzo, la Coalición Chao Carbón emitió una declaración pública rechazando la solicitud de AES Andes, planteando que “AES Andes debiese presentar un plan de gestión del stock de combustible disponible y obtener los permisos ambientales necesarios, para proteger la salud de la población de Tocopilla y el medio ambiente”.

Pero no sólo desde la sociedad civil miran con alarma y recelo la decisión de AES Andes.

En el sector de las renovables apuntan que la medida podría afectar sus intereses: “Cuando tú metes ese bloque de energía a costo cero o barata de carbón, eso evita el uso de la generación que es más cara. Desplaza energía que las renovables podrían haber inyectado. Aumenta el vertimiento en alrededor del 3%. Es un volumen de energía sucia que va a desplazar a energía limpia. Operaciones forzadas fuera del orden económico” señaló una fuente a El Mostrador.

En este período también entró en escena la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.  El 1 de marzo el organismo envió una misiva al SEN solicitando más antecedentes, lo cual fue respondido a los pocos días, explicitando que el carbón almacenado podría ser consumido completamente durante la primera quincena de abril considerando que el proceso se inició el 18 de febrero.  

No conformes con estas respuestas, una decena de organizaciones ambientales encabezadas por Greenpeace, ONG FIMA, Aida, Terram y Chile Sustentable requirieron formalmente a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles   dejar sin efecto la autorización del Coordinador Eléctrico que aprobó la quema forzosa de carbón, por no existir regulación  que  permita alterar el despacho económico de las centrales generadoras, con excepción del gas inflexible.  Asimismo, las entidades ciudadanas   solicitan  a la SMA sancionar a AES Andes, toda vez que con esta medida la empresa estaría obviando el requisito de presentar y lograr la autorización de un Plan de Abandono, que las RCA de ambas unidades  de la central Norgener  le exigen. 

En uno de los últimos actos de esta controversia, el miércoles 20 de marzo, habitantes de Tocopilla  junto a  Chile Sustentable y Greenpeace Pacífico Sur, representados por abogadas de la Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente AIDA , interpusieron un recurso de protección que en lo medular apunta a que en este procedimiento se estarían conculcando el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas y la vida del que está por nacer (Art. 19 número 1); el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (Art. 19 número 8); el derecho a la protección de la salud (Art. 19 número 9); y el derecho a la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas (Art. 19 número 20). 

Este lunes la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago tomó dos decisiones: acogió a tramitación el recurso, pero rechazó la orden de no innovar solicitada por los requirentes.   

Además, esta misma semana la SMA comenzó un proceso de fiscalización ante el anuncio de retiro anticipado de centrales Norgener 1 y 2, mientras que la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta, mediante declaración pública, requirió al gobierno adoptar medidas ante la decisión de AES Andes, dado que “quemar 94 mil toneladas en un reducido periodo de tiempo, de los mismos combustibles que han enfermado a la gente durante años, es una situación grave e inaceptable”.

Son los coletazos de una solicitud que pasó de ser una buena noticia a una mala nueva para el medioambiente y el fomento de las energías renovables. Porque, en la práctica, la principal beneficiada sería AES Andes, cuyo desempeño ambiental ha sido ampliamente cuestionado durante los últimos años, llegando a calificarse como “prontuario” la forma en que la empresa eléctrica ha operado en el país.  Esto, de la mano de la publicación del informe “AES Gener, Energía Sucia«, publicado en 2021 por Chile Sustentable.

Una negro historial que, está a la vista, la multinacional no tiene mucho empeño en rectificar.

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