Las grandes pesqueras detrás de las presiones para frenar ley que redistribuye cuotas a pesca artesanal

Ley de Fraccionamiento Pesquero: Gran industria vs pesca artesanales 

El proyecto de Ley de Fraccionamiento Pesquero, presentado en septiembre de 2024 por el Ejecutivo, ha desatado una aguda controversia entre el sector artesanal y la poderosa industria pesquera, con protestas violentas, presiones políticas y amenazas legales.

La iniciativa, que busca redistribuir las cuotas de pesca para favorecer a los artesanales —reparando los efectos de la cuestionada y corrupta Ley Longueira—, enfrenta un bloqueo en el Senado, donde grupos afines a la gran industria han modificado los términos aprobados inicialmente por la Cámara de Diputados.

Protestas y Represión

Esta semana, las movilizaciones de pescadores artesanales frente al Congreso en Valparaíso dejaron cuatro detenidos y un carabinero herido por el lanzamiento de piedras, mientras la policía respondió con gas lacrimógeno y carros lanzaagua. En otras regiones, como Maule y Coquimbo, las protestas escalaron: 16 heridos, ocho detenidos y la quema vehículos policiales, según reportes de Carabineros. Los pescadores exigen que el Senado apruebe sin dilaciones el proyecto, que en su versión original asignaba mayores cuotas de merluza y jurel al sector artesanal.

El Frente Industrial: Amenazas y Lobby

Imagen, publicación El Mercurio, 27 de marzo. Sector de la gran pesca industrial.

Mientras los artesanales protestan, reportaje de El Merurio evidenció la presión de algunas de las pesqueras industriales que están ejerciendo presión contra la ley, titulado: Por «‘expoliación Grau'» y «lápida» en el sector: Pesqueras anuncian demandas contra el Estado por cambios en ley

Camanchaca, Blumar, FoodCorp y Landes— han anunciado demandas contra el Estado, alegando «expoliación» y «vulneración de derechos adquiridos». Gerardo Balbontín de Blumar (controlada por los grupos Sarquis y Vinagre) advirtió el congelamiento de una planta en Coronel que generaría 450 empleos, mientras Ricardo García de Camanchaca (familia Fernández) amenazó con cerrar operaciones en Iquique y el Biobío, afectando a cientos de trabajadores [citation:Contexto]. FoodCorp, de capitales noruegos, incluso evalúa recurrir a tribunales internacionales.

“Estamos frente a una vulneración de derechos adquiridos. Como empresa, tenemos la obligación de defender los intereses de nuestros accionistas, incluyendo aportantes de AFP y fondos de inversión», señaló el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín, en publicación de Mundo Acuícola.

De acuerdo a la publicación, amenazan que de materializarse la iniciativa legal en su forma actual, “se afectaría directamente a más de 6.500 empleos de calidad en la Región del Biobío, donde se concentra el 17% del empleo total de la pesca industrial. Además, casi 400 pequeñas y medianas empresas que prestan servicios al sector en esta región verían comprometida su actividad”, destaca Mundo Acuícola, según Blumar, empresa también dedicada a los salmones.

El Senado como campo de batalla

La Ley de Fraccionamiento fue aprobada en la Cámara de Diputados con amplio consenso (111 votos), pero en el Senado, la Comisión de Hacienda —presidida por Felipe Kast (Evópoli)— ha introducido cambios que favorecen a la industria. Hugo Poblete, líder de pescadores artesanales, denunció que cinco senadores «recortaron los fraccionamientos de forma antidemocrática».

La Bancada Socialista acusó a Kast de ceder al lobby empresarial: «No podemos tolerar que la corrupción de la Ley Longueira se repita»

“Esta ley representa una oportunidad para corregir una injusticia histórica. Debemos devolverle al mundo artesanal lo que la Ley Longueira, nacida bajo la sombra de la corrupción, le arrebató”, señalaron desde la bancada.

La Bancada PS criticó duramente el rol del Senado en el proceso: “No podemos ceder ante las presiones del gran empresariado pesquero ni dilatar más esta discusión. La urgencia del proyecto es clara y los plazos del Gobierno deben respetarse”.

Comprometieron su respaldo inquebrantable al sector artesanal: “Seguiremos defendiendo a los pescadores con convicción. En cada caleta y puerto, hay un Chile que exige justicia y dignidad”..

La Sombra de la Corrupción

La presión industrial quedó al descubierto en la publicación de El Mercurio, que reveló cómo estas empresas —que controlan el 60% del jurel en la zona centro-sur— han coordinado acciones legales para frenar la ley. Andrés Fosk de Landes (familia Fosk) la tildó de «lápida» para su empresa, mientras Balbontín afirmó que el proyecto «parte de un principio ideológico».

Los artesanales argumentan que la industria depreda los ecosistemas con técnicas como la pesca de arrastre, mientras Miguel Ángel Hernández, líder de pescadores de Valparaíso, exigió su aprobación «inmediata»: «Es una deuda histórica», en una publicación de la agencia AFP video.

Corrupción, cohecho y fraude: El historial de la llamada “Ley Longueira”

• Durante el primer periodo del gobierno de Sebastián Piñera, se gestó una Ley de pesca también llamada Ley Longueira que tuvo los siguientes alcances:
• Acciones de cohecho y corrupción parlamentaria;
• Dinámicas concretas y prácticas de acumulación en torno a la repartición de las cuotas pesqueras beneficiando a un selecto grupo de familias en el País;
• Impacto de los principios de zonificación pesquera;
• Fraccionamiento de las cuotas pesqueras entre sectores pesqueros industriales y artesanales, entre otras características.
• Asimismo, la cuestionada ley, se implementó sin que el estado chileno cumpliera con su obligación de consulta a comunidades indígenas costeras a pesar que afectaba directamente sus derechos.
• Los siete principales grupos económicos acusados de beneficiarse con la denominada “Ley Longueira”, involucra a las familias Angelini (corpesca), Lecaros, Yaconi –Santa Cruz , Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo, que durante los últimos años pasaron de poseer sus propias flotas a fusionarse en cuatro grandes conglomerados: Orizon, Blumar, Camanchaca Pesca Sur y Mar Food -capitales extranjeros.