Las platas de paraísos fiscales que salpican a proyecto minero que busca instalarse en Penco

¿Cuál es la transparencia que puede facilitarse con dinero que transita desde paraísos fiscales?

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Al igual que gran parte de las compañías mineras, para obtener financiamiento los operadores de Aclara recurren a las empresas denominadas “sociedades offshore”, llamadas también “sociedades de pantalla” o “de papel”, que se constituyen en un lugar o país, conocido como paraíso fiscal, en el que no efectúan actividades comerciales o económicas.

Las platas de paraísos fiscales que salpican al proyecto minero de tierras raras que busca instalarse en Penco

Por Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA

La empresa Aclara, que impulsa actualmente un proyecto de tierras raras que pretende desarrollarse en los cerros de la comuna de Penco -sin contar aún con un Estudio de Impacto Ambiental vigente ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental-, se mantiene en la crítica de la comunidad ante la permanencia del interés de la explotación minera, la cual ha sido anteriormente rechazada mediante distintos mecanismos, como lo fue una consulta ciudadana donde 9.532 personas se pronunciaron con un rotundo “No a la Minera”.

En este contexto, previo a ingresar su Estudio de Impacto Ambiental, la empresa minera se encuentra realizando una Participación Anticipada, la cual pretende incorporarse a los antecedentes en la tramitación ambiental. Este proceso ha sido duramente cuestionado por la población, estrategia que ha sido interpretada como “una burda campaña de desinformación”.

Recientemente, la empresa realizó una serie de actividades de “casas abiertas” para promover publicitariamente su operación minera ante públicos de distintos puntos de la comuna de Penco, donde se encontró con manifestaciones en contra del proyecto.

Las poblaciones de los territorios amenazados por la minería de tierras raras en Chile están conscientes de los graves peligros que involucra ese negocio. Sobre todo, al conocer los devastadores efectos que ha tenido en China, principal productor mundial de estos elementos. A lo cual se suman las advertencias y alertas de científicos de diferentes países y de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA), cuestionando también el trasfondo de la iniciativa minera para facilitar la transición energética del Norte Global.

Preocupa asimismo las campañas propagandísticas de Aclara para imponer su proyecto, intentando incluso dividir a las comunidades. Al mismo tiempo, en su sitio web Aclara presenta como “expertos” en este tipo de explotación a directivos y técnicos cuya destacada experiencia proviene de trabajar en proyectos de Yamana Gold, Anglo American, Barrick Gold, Forestal Arauco, Ewos, Cargill, Corma y Colbún, todas empresas y conglomerados reconocidos por la destrucción ambiental y los daños causados a comunidades a lo largo del país.

Platas salpicadas

“Buscamos relacionarnos con transparencia, honestidad y diálogo”, o «seguiremos dialogando de forma abierta y transparente con la comunidad y las autoridades, para darles las garantías y confianzas que necesitan», son parte del discurso que la empresa Aclara presenta ante las comunidades presencialmente y en sus redes sociales.

Sin embargo ¿Cuál es la transparencia que puede facilitarse con dinero que transita desde paraísos fiscales?

Un aspecto no menos grave del actuar de esta empresa es la opacidad que existe en torno al financiamiento de su inversión. El informe de Aclara Resources Inc el 30 de septiembre de 2022, registrado en el sistema de información canadiense SEDAR, señala: “La parte que ejerce el control mayor de la Sociedad es el Sr. Eduardo Hochschild, cuya participación en la Sociedad y sus filiales se ejerce a través de Pelham Investment Corporation, sociedad regida por la legislación de las Islas Caimán, y Hochschild Mining Holdings Ltd, sociedad regida por la legislación del Reino Unido”.

Al igual que gran parte de las compañías mineras, para obtener financiamiento los operadores de Aclara recurren a las empresas denominadas “sociedades offshore”, llamadas también “sociedades de pantalla” o “de papel”, que se constituyen en un lugar o país, conocido como paraíso fiscal, en el que no efectúan actividades comerciales o económicas.

Islas Caimán es considerado un paraíso fiscal, al igual que Bahamas, Barbados, Guernsey e Islas VírgenesBritánicas. Pelham Investment Corporation es así una sociedad offshore, lo mismo que Farragut Holdings Inc y Hartsdale Capital Inc, otras dos sociedades que Eduardo Hochschild, presidente de Hochschild Mining, constituyó allí con la misma dirección que Pelham: Harbour Place, 4th Floor, 103 South Church Street, George Town, Gran Caimán KY1-1102, Islas Caimán.

Por su parte, la directora de Hochschild Mining, Jill Gardiner ocupó varios cargos de responsabilidad en la financiera RBC Capital Markets, del Royal Bank of Canada, que funciona desde el paraíso fiscal de Guernsey (Islas del Canal) y cuya dirección es: Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey.

Según la consultora financiera Foster Swiss, una sociedad offshore es un vehículo excelente para la planificación fiscal internacional, es decir, la “elusión fiscal” de modo legal y estructurada para pagar menos impuestos.

Constituir una sociedad offshore o abrir una cuenta bancaria en un banco extranjero es legal, siempre y cuando no se dedique a actividades criminales y pague los impuestos que le correspondan en su país de residencia o de origen, sostiene Foster Swiss, a la vez que señala la diferencia con “evasión fiscal” como sigue:

«La legalidad de estas estructuras se basan en el principio de la “elusión fiscal”, es decir, aprovechar todos los recursos legales para pagar menos impuestos. No debe confundirse con la evasión. La evasión es un comportamiento ilegal de una persona física o jurídica para no pagar los gravámenes, como por ejemplo, el lavado de dinero, ocultar información, declarar información falsa, etc.»

Sin embargo, el secreto y la falta de transparencia de las operaciones desde las sociedades y cuentas bancarias creadas en esas guaridas fiscales, facilita precisamente evadir impuestos, lavar dinero, ocultar información, declarar información falsa, etc.

El 4 de octubre de 2021, la minera británica Hochschild Mining Holdings cambió el nombre de la compañía que inscribió meses antes como “1303714 B.C. Ltd” en el Registro Mercantil de la provincia canadiense British Columbia. La denominó Aclara Resources Inc, manteniendo su domicilio legal en la Suite 1700, 666 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, lugar que comparten varias empresas.

Así, Aclara Resources pasó a convertirse en una más de las empresas mineras junior que operan desde Canadá por las garantías que les favorece la legislación de ese país. Hochschild Mining la puso a cotizar en la bolsa de valores de Toronto como “una empresa de recursos minerales de tierras raras en fase de desarrollo con aproximadamente 451.585 hectáreas de concesiones mineras situadas en las regiones chilenas de Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía”.

Ya Hochschild Mining había adquirido la empresa REE Uno SpA, junto con el proyecto de tierras raras en Penco denominado Biolantánidos (antes llamado El Cabrito) gestionado por Minera Activa del grupo LarraínVial mediante fondos (Lantánidos y FIP Lantánidos) financiados por la estatal chilena CORFO, en los que REE Uno figura como microempresa. Además, REE Uno se había acogido a los beneficios tributarios a la inversión en investigación y desarrollo de la Ley N°20.241. Ahora el mismo cuestionado proyecto, en manos de Aclara de Hochschild Mining, lleva por nombre Penco Module.

El proceso de oferta pública de acciones de Aclara en la bolsa de Toronto se inició en octubre de 2021 a través de una agrupación de entidades financieras dirigida por las canadienses RBC Dominion Securities Inc y Canaccord Genuity Corp.

RBC Dominion Securities Inc es parte del Royal Bank of Canada (RBC) y gestiona fondos por medio de sus filiales localizadas en Bahamas, Barbados e Islas Caimán. Por su parte, Canaccord Genuity Corp maneja financiamiento desde compañías tales como Eye Investment Fund Ltd, de Islas Caimán, y Westside Investments Group Ltd, de Islas Vírgenes Británicas y Barbados.

El entramado financiero da cuenta de legítimas desconfianzas que proliferan de la comunidad de Penco, ante una empresa que pese a plantearse comunicacionalmente desde la transparencia, posee en su trasfondo un entredicho dotado de paraísos fiscales.

Un argumento más para frenar el proyecto minero.

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

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