El pasado lunes 8 de enero, el presidente Gabriel Boric compartió en sus redes sociales una columna de opinión escrita para El Mercurio por Gustavo Lagos Cruz-Coke, profesor titular de Ingeniería en la Universidad Católica, ex trabajador e ingeniero de SQM entre los años 2005 al 2010 y uno de los investigadores más influyentes del país en materia de litio.
En dicha columna, Lagos detalla una serie de razones que justificarían la decisión del gobierno de no llamar a una licitación pública internacional para la explotación de litio en el salar de Atacama, algo que fue duramente cuestionado tanto por la oposición como por el oficialismo durante la sesión especial del Senado dedicada a revisar el acuerdo entre Codelco y SQM.
Sin embargo, la actual defensa cerrada de Lagos a la negociación directa con SQM dista mucho de la opinión que entregó en abril de 2022 durante una entrevista a El Mostrador, en la que aseguró que «no se puede asignar a dedo» las condiciones bajo las cuales se explotará el litio de la zona.
«Hay que tener una cosa clara: ahí tiene que haber una licitación, porque uno no puede asignar a dedo, incluso Codelco tampoco podría asignar a dedo cuáles van a ser las condiciones. Estas condiciones tienen que ser licitadas internacionalmente, y las condiciones de esa licitación tienen que ser muy bien estudiadas antes de hacer la licitación. Y el ganador puede ser SQM o puede ser otra empresa», aseguró Lagos en dicha ocasión.
La adecuación de Lagos a la estrategia del gobierno no es sorpresiva. Considerado «el pionero del litio» en Chile -esto debido a un libro de 1986 en que ya preveía la importancia que tendría dicho mineral en el futuro-, el académico de la Universidad Católica ha sido un invitado frecuente del poder político: en marzo de 2022, asistió a la Comisión de Minería del Senado para exponer acerca del camino que debería seguir el país en materia de explotación de litio.
En esa oportunidad, Lagos propuso que fuera Codelco la empresa encargada de negociar el contrato con SQM, una idea que finalmente fue adoptada por el propio gobierno al anunciar, un mes más tarde, la Estrategia Nacional del Litio.
Nueva Minería, el think tank que no fue
Un hito menos conocido de la carrera de Lagos Cruz-Coke es su paso por el Centro de Estudios Nueva Minería, empresa creada en 2006 por los exdiputados UDI Cristián Leay y Ernesto Silva, la cual buscó convertirse en el think tank de referencia del sector minero. Al poco tiempo de iniciar actividades, el centro de estudios reclutó a Gustavo Lagos para conformar su consejo asesor.
Otros miembros de dicho consejo eran el exsenador UDI Carlos Bombal, el exministro de Hacienda Felipe Larraín Bascuñán, el abogado y asesor de la minera Barrick, José Antonio Urrutia Riesco, el ex presidente ejecutivo de Codelco, Marcos Lima Aravena, la abogada Laura Novoa Vásquez, y el ex ministro de Minería, Jorge Rodríguez Grossi.
Un reportaje de Ciper publicado en 2015 dio cuenta de que Anglo American, Collahuasi y SQM fueron algunas de las empresas que pagaron hasta 500 UF semestrales a Nueva Minería para acceder a los desayunos privados a los que se invitaba a ministros o candidatos presidenciales para discutir junto a un grupo de ejecutivos y miembros del consejo asesor las distintas inquietudes del sector minero.
Sin embargo, luego de las elecciones de 2013, en las que la derecha sufrió una de sus mayores derrotas electorales en democracia, el centro de estudios no volvió a convocar a actividades y su consejo asesor no volvió a reunirse. Un poco antes, las mineras que antes desembolsaban montos millonarios a Nueva Minería cancelaron sus membresías, argumentando que los documentos y estudios que recibían a cambio eran «genéricos».
Años después, Nueva Minería fue nombrada en la querella del Servicio de Impuestos Internos contra SQM como una de las entidades que emitieron boletas ideológicamente falsas a la empresa de Julio Ponce Lerou.
«Quiero señalar que la señora Titi Valdivielso [colaboradora de Pablo Longueira] no sólo me contactó para emitir la boleta de honorarios a la sociedad Soquimich, sino que también por otras empresas como Pesquera El Golfo S.A. y Centro de Estudios Nueva Minería en los años 2009 y 2010, a las cuales nunca presté servicios ni las conocí», reconocería en 2015 Solange Hermosilla, una de las contadoras que emitió las boletas que más tarde serían cuestionadas por el SII.
CESCO, el gran articulador entre la academia y la minería privada
Para ese entonces, el nombre de Gustavo Lagos Cruz-Coke ya era conocido al interior del mundo político. Los lazos con la minería privada, sin embargo, ya venían de inicios de los 90, desde la época en que se desempeñó como director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), un instituto que desde su creación en 1984 ha sido el espacio de articulación entre el mundo de la academia y las grandes mineras privadas.
Cesco ha sido considerado como el think tank minero a cargo de instalar la privatización de Codelco
Cesco además, es la entidad encargada de realizar todos los años la Cesco Week, uno de los principales eventos mineros del cobre a nivel global, que cada año reúne a las más altas autoridades y líderes de la industria. Año a año, el evento ha tenido entre sus principales promotores y financistas a las principales empresas mineras privadas con presencia en Chile: AngloAmerican, Candelaria y Antofagasta Minerals son solo algunas de las corporaciones que aparecen entre las organizadoras de la edición 2023.
Un ejemplo de los evidentes conflictos de interés que rodean la actividad de Cesco es un encuentro organizado en agosto de 2022 denominado «Modificación de la legislación en materia de exploración y minería en Chile». ¿Los auspiciadores de este evento? Nada menos que las mismas empresas que se verían afectadas por dichas modificaciones legales: AngloAmerican, Minera Collahuasi y SQM.
A través de una red de influencias construida cuidadosamente a lo largo de su carrera, Gustavo Lagos se ha convertido en el experto de referencia de canales de televisión y otros medios de comunicación al momento de hablar del litio en Chile. La mayor demostración de esto es que el mismo presidente de la República ha decidido que sea su autorizada pluma la que justifique las decisiones estratégicas del gobierno.