Las violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno de Piñera durante el estallido social

En la denominada revuelta social o estallido social, que comenzó en octubre de 2019 hasta el confinamiento por la pandemia, se cometieron miles de violaciones.

Las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Piñera al estallido social

Además de los casos sobre asesinatos (Camilo Catrillanca por ejemplo) y continuas represiones a comunidades, el informe oficial dado a conocer por el Instituto Nacional de DDHH (INDH) para el período del dominado «Estallido Social» comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2020, reportó un total de 3.765 personas heridas (entre ellas 439 mujeres y 282 niños, niñas y adolescentes); y, 411 personas con traumas oculares.

De las 2.122 heridas por disparos, 500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas, 1.681 por perdigones y 200 sin causa identificada. El INDH ha presentado 1.312 acciones judiciales con escaso avance, entre ellas 5 por los homicidios cometidos por agentes del Estado;195 querellas por violencia sexual (violaciones, entre otros abusos) y 951 por torturas.

Más de 11.300 personas fueron detenidas y 2.500 encarceladas durante el estallido social entre octubre de 2019 y marzo de 2020, calcula el informe mensual del Instituto de Derechos Humanos de Chile (INDH). Por su parte, Fiscalía Nacional reportó 31 muertos en el contexto de protestas según sus registros a fines de enero del 2020 e indicó 5.558 casos que investiga de víctimas de violaciones a DD.HH.

Importante señalar que la mayoría de las personas que fueron violadas en sus derechos humanos, se realizaron en el marco de protestas y manifestaciones contra diversas injusticias sociales que aquejan al país, incluyendo aquellos temas relacionados a las redes de corrupción, despojos, saqueos e instrumentalización del aparato público para fines de lucro empresarial y transnacional.

“Estamos en guerra”

El Gobierno de Sebastián Piñera fue parte de la “Operación Huracán” y “Operación Andes”, operaciones bélicas y de criminalización de inteligencia a causas y expresiones mapuche, cuyo ex ministro del Interior Andres Chadwick justificó inicialmente el asesinato (noviembre del 2018) del joven Camilo Catrillanca, para luego desmarcarse una vez que quedaba al descubierto el nuevo montaje y asesinato perpetuado por agentes del GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales), lo que no es distinto en el estallido social de octubre del 2019.

Luego de las masivas evasiones del pago del metro en Santiago por parte de estudiantes y al inicio del estallido social en Chile, el domingo 20 de octubre el Presidente de Chile dijo: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”.

Los primeros días de reacción del gobierno se situó exclusivamente en responder a un “estado delictivo y de vandalismo” frente a incendios y saqueos, con un importante efecto comunicacional por los medios comerciales informativos, sin embargo, salió también a la luz pública una serie de montajes generados por propios agentes del estado vinculados a las fuerzas represivas de Carabineros y civiles policiales,, buscando generar un ambiente de caos y justificación para la intervención militar en el País, progresivo a diversas regiones, con sendos actos de violencia y brutalidad, con asesinatos, torturas y numerosos heridos, en su mayoría, no dirigidos a “delincuentes” sino hacia manifestantes, buscando generar temor e inseguridad a quienes protestan, sin embargo el cerco informativo en Chile comenzó a caerse y se abrió rápidamente la cobertura internacional por parte de agencias.

Luego del fracaso del gobierno en esta operación, a tal punto que la masividad de las manifestaciones nunca había sido vista en la historia de Chile, comenzaron las reuniones con sectores políticos, buscando parcelar y disminuir las fuerzas, apareciendo los de siempre en este tipo de “negociaciones”.

Alfredo Seguel