Un grupo transversal de diputadas presentó este miércoles un proyecto de ley que busca reformar diversos artículos del Código Penal con el fin de que personas imputadas o condenadas por delitos sexuales no puedan acceder a beneficios mientras se mantenga el proceso judicial en curso.
Las diputadas pusieron a modo de ejemplo el caso de Eduardo Macaya, el padre del actual presidente de la UDI, a quien se le cambió la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario tras el pago de una caución de $150 millones.
La diputada Marcela Riquelme (ind-FA), una de las impulsoras del proyecto, explicó que la iniciativa busca «impedir que en los delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años se pueda reemplazar la prisión preventiva por una caución, no importa el monto. Del mismo modo, se va a presumir que siempre hay peligro para la víctima cuando se trate de delitos sexuales contra menores de 18 años«.
«Muchas veces los jueces optan por dejar a las personas en libertad y aquí nos enfrentamos a otro fenómeno que tiene que ver con la percepción de que aquí hay justicia para pobres y para ricos«, agregó.
Además de Riquelme, el proyecto de ley contó con las firmas de las diputadas Mercedes Bulnes (Ind. FA), Erika Olivera (Demócratas), Marisela Santibáñez (PC), Camila Musante (Ind. PPD), Consuelo Veloso (Ind.) y Rubén Oyarzo (PDG).
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