Más de una década de tramitación lleva el proyecto de Ley Para la Naturaleza que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), bajo la mirada atenta desde organizaciones y comunidades.
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Desde la Patagonia Austral, referentes organizaciones comparten sus puntos de vista con respecto a los alcances de esta iniciativa legislativa y los puntos críticos que tiene en su tramitación, particularmente sobre concesiones industriales como las salmoneras en áreas protegidas y contradicciones con respecto a la conservación de humedales.
Luego de más de una década en el Congreso, la iniciativa logró sortear un nuevo paso en su tramitación: el informe de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta fue aprobado por unanimidad en la sala del Senado con 33 votos el 27 de abril.
De esta forma, luego de este avance, la iniciativa legislativa pasa a una Comisión Mixta entre senadores y diputados, donde los parlamentarios buscarán llegar a acuerdos en los artículos en los que existieron diferencias entre ambas Cámaras.
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El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegida busca convertirse en el primer organismo público con dedicación exclusiva y con recursos destinados para el cuidado de las áreas protegidas del país y de la biodiversidad que se encuentra tanto al interior como al exterior de ellas. Se trata de una gran noticia en medio de la crisis de pérdida de biodiversidad, cambio climático y de contaminación que afectan al planeta.
Actualmente existe una disgregación institucional en estas materias. Las áreas protegidas se encuentran dispersas en cinco ministerios: el Ministerio de Agricultura administra áreas protegidas a través de CONAF, el Ministerio de Economía administra los parques y reservas marinas a través de la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca, el Ministerio de las Culturas gestiona los santuarios de la naturaleza a través del Consejo de Monumentos Nacionales, el Ministerio de Bienes Nacionales administra los bienes nacionales protegidos y el Ministerio de Medio Ambiente administra las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos y custodia los santuarios de la naturaleza y supervigila todo el sistema.
Puntos críticos proyecto ley SBAP: opinión desde organizaciones
Rosario Ríos, abogada, académica e integrante de la Fundación Ciudadanos y Clima en la Región de Magallanes, comparte su mirada sobre el sentido y alcance de este proyecto de ley. Con relación al conflicto por las concesiones industriales en áreas protegidas, particularmente las salmoneras, la profesional señaló: “Como fundación esperamos que el SBAP fuera sin industrias, considerando que en Magallanes la actividad industrial salmonera son cada vez más agresivas en sus procesos y están interviniendo fiordos de manera descarnada sin siquiera pensar en los ecosistemas que existen, de manera que claramente existe una afectación que está considerando ni se consideró al momento de redactar el proyecto de ley”.
Otro aspecto desarrollado por la abogada sobre al origen de esta ley: “Nuestra fundación considera, que si bien este proyecto de ley viene a concretar la creación de un servicio que se encuentra pendiente desde hace más de diez años y que de alguna manera viene a cumplir con lo mandatado por la ley 20.417 al ordenar la creación de este servicio, esta norma si constituiría una forma clásica de decir que el ordenamiento cumple. No necesariamente que sea positivo o negativo y al respecto, nosotros pensamos que la norma es bastante laxa y carece de ciertas precisiones para poder dar una protección efectiva a estas áreas protegidas y ecosistemas nacionales. Un ejemplo claro de ello lo constituye el artículo 41 que se refiere a la solicitud de permiso para la alteración física de humedales”.
Con respecto a uno de los puntos críticos, los humedales, Ríos comenta: “la verdad es que esta norma entra en clara contradicción con la nueva ley de humedales urbanos toda vez que se considera la protección, por un lado, pero también se considera por otra parte, la posibilidad de poder realizar actividades extractivas en esos sectores, afectando evidentemente, estos ecosistemas que ya vienen, desde hace mucho tiempo, siendo perjudicados por la actividad de los titulares. Es por esta razón que, constituiría una contradicción, un problema al momento de establecer el ámbito aplicativo de la norma, y un problema al momento de determinar qué proyectos se pueden realizar dentro de estos lugares o que proyectos no y bajo qué criterios se determinaría cuáles se van a ejecutar cuáles no.
Agrega: “Hace poco más de un año contamos con una ley de humedales urbanos y esta norma, claramente, poco depurada y poco concreta y clarificada sobre el ámbito de aplicación o sobre cuáles van a ser los criterios que se van a utilizar para efectos de llevar a cabo un proyecto cercano a estos ecosistemas, van a constituir un riesgo y una afectación mayor eventual en caso de que se determine aplicar o no, un proyecto en estos sectores”.
Finalmente, Rosario Ríos, desde la Fundación Ciudadanos y Clima, propone: “Nos ponemos a disposición de todos los actores, para poder aportar en lo que sea necesario como fundación y como activistas ambientales en aportar de todas las formas posibles a fin de que se pueda depurar, que se pueda concretar, que se pueda establecer un parámetro específico sobre cómo se van a aplicar estas normas, sobre cuáles van a ser los eventuales criterios o al menos, establecer un marco ya que si se va a depurar a través de un reglamento, lo necesario es que se establezca ciertos límites o ciertos rangos sobre las cuales esta va ir funcionando. Nuestro principal objetivo es la protección medio ambiental y pensamos por ahora que si bien es cierto la norma cumple, pero, no se estaría cumpliendo con el objetivo principal que es la protección de los ecosistemas nacionales”.
Juan Carlos Viveros, del movimiento Defendamos Chiloé, señaló recientemente al momento de la aprobación en el Senado de SBAP: “La votación en el Senado no es ningún logro concreto aún para quienes vivimos en territorios de conflictos con la industria salmonera. Celebraremos cuando la clase política se dé cuenta que cualquier actividad industrial al interior de esas áreas lo que desata finalmente es agravar las emergencias en que estamos (…) Al querer a la salmonicultura fuera de áreas protegidas, lo que estamos buscando es corregir los graves errores de haber permitido esas concesiones allí, contraviniendo importantes acuerdos firmados por Chile, cono el Convenio de Washington, incluso el dictamen 38.429 de contraloría, y con ello iniciar soluciones basadas en la naturaleza. El presidente Boric lo sabe, la ministra Rojas lo sabe y el parlamento también”.
Viveros finaliza: “Habrá que celebrar un logro cuando por fin valoremos y respetemos las ecorregiones de fiordos y canales de la Patagonia. Cuando por fin tengamos áreas protegidas sin salmoneras”.
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