Hasta el Tribunal Constitucional llegaron este lunes los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube -en representación de la Confederación para la Producción y el Comercio– para acusar «vicios de inconstitucionalidad» en la ley de delitos económicos despachada por el Congreso Nacional el pasado 15 de mayo.
Según se lee en el «téngase presente» de 34 páginas interpuesto por los abogados, la ley vulneraría las garantías penales reconocidas en la Constitución al introducir penas de cárcel para conductas ilícitas como la colusión, la corrupción, el enriquecimiento ilícito o la malversación de caudales públicos. Lo anterior debido a que el derecho penal debería ser el «último recurso» utilizado por el legislador.
Además, el documento asegura que la ley de delitos económicos «selecciona» a un grupo determinado de personas -los empresarios- para aplicarles un régimen punitivo distinto y más gravoso que el general.
«La mirada selectiva y fragmentada de los delitos económicos que quedan en evidencia en este proyecto de ley se traduce en preceptos que vulneran la Constitución, y más bien parece ser una respuesta ideológica que instrumentaliza al Derecho Penal en lugar de contribuir a un efectivo y racional reproche de estos delitos», señalan los abogados.
«El proyecto de ley presume de derecho -sin que sea admisible prueba en contrario- una ‘culpabilidad muy elevada’ de una persona solo por el hecho de tener ‘posición jerárquica superior en la organización’ al momento de intervenir en el delito. Esto último vulnera las garantías penales reconocidas en la Constitución», agregan.
Molestia del Gobierno
El ministro de Justicia, Luis Cordero, expresó su molestia con la CPC acusando que se estaría pasando a llevar la voluntad del poder legislativo, donde el proyecto se aprobó con un acuerdo transversal y luego de un debate que contó con la participación de expertos en la materia.
«Este proyecto de ley, el de delitos económicos y ambientales, ha tenido una amplísima discusión, ha contado con los mejores especialistas en la asesoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ha tenido la oportunidad de que todo el mundo opine. Sin embargo, el sector privado pareciera que solo se enteró de la tramitación de este proyecto de ley en la parte final», ironizó el ministro.
«La actitud de la CPC es lamentablemente una manera tradicional que tiene una parte del sector privado de abordar proyectos de ley que han sido aprobados por amplia mayoría en el Congreso», agregó.
Quien también se refirió al recurso presentado por la CPC fue la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que calificó de «preocupante» el intento por parte de los grandes empresarios de frenar la entrada en vigencia de la ley:
«Hemos elevado de manera ejemplar en Chile los estándares para la persecución de los delitos de cuello y corbata. Ese ese un proyecto que pone fin a las clases de ética cuando se cometen estos delitos, cuando incluso se incurre en actos de corrupción de poder económico con el poder político, que la sanción no sea simplemente una capacitación, una clase de ética, sino que hayan penas asociadas, o multas proporcionales al delito cometido».
«Es preocupante que se esté tratando de frenar la entrada en vigencia de una ley tan relevante para nuestro país en el marco de la separación del dinero y la política, incluso de la fe pública que pueda existir respecto a la relación de lo privado con lo público, o incluso respecto a ley y las normas de convivencia de los emprendimientos, negocios, empresas privadas que existen en nuestro país», sentenció.
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