La gran mayoría de los chilenos tuvimos la oportunidad de ver a través de los tradicionales medios de comunicación (televisión nacional y diarios cotidianos) las agresivas protestas por parte de gendarmes. Y digo «agresivas» porque era lo que los medios tradicionales, me parece, querían mostrar a la ciudadanía. Pero las protestas tienen diversas caras, y una de ellas, desconocida para la mayoría, ocurrió el 13 de Mayo de 2009 ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Con una elocuencia subestimada por el gobierno, los dirigentes de tres de las asociaciones de gendarmes, mostraron a la comisión estadísticas dignas de compararse con un estudio de mercado (para los que les gusta el modelo neoliberal) sobre la infraestructura, condiciones y resultados en la rehabilitación de la población penal de Chile.
Pues bien, el objetivo de poco interés para los medios, fue la de tratar de frenar la aprobación del proyecto de ley que se tramita en el Congreso para Gendarmería, donde entre los antecedentes del proyecto se indica la posibilidad de licitar proyectos de reinserción social. Y, dentro de mi prejuiciosa opinión, ya conozco varios casos donde las licitaciones terminan siendo parches de bajo costo.
Así, en vez de potenciar a quienes trabajan día a día con la población penal, adquiriendo experiencias, quienes han debatido y por sobre todo, han tenido la formalidad de levantar un estudio sumamente interesante al respecto, prefieren delegar en «externos» la solución sobre la reinserción social. ¿Quién conoce mejor la situación, que no sea Gendarmería?. Es como si le delegáramos a los bancos la administración de implementar una solución al transporte público. ¡Chuta, ya se hizo! (Transantiago)
Ahora, un precedente a este asunto de «bajos costos», es precisamente lo que gendarmes reclamaba en sus protestas. Pues, legislativamente se creó lo que se llama el Grado 26°, que es una estratificación en sueldos para contratar nuevo personal de gendarmería. Antes de este grado, los gendarmes ingresaban con el grado 22, que equivale a aproximadamente $370.000. El grado 26 equivale a aproximadamente $240.000. Es decir, legislativamente crearon una instancia para contratar personal «de bajo costo».
A mi me parece que una solución evidente es apoyar a Gendarmería, confiar en su capacidad vocativa para que ellos se hagan cargo con sus iniciativas para elaborar una solución de reinserción social. Y para ello, requieren más apoyo en infraestructura, capacitaciones, incentivos, etc.
Si ustedes vieran las estadísticas (no las logré encontrar al momento de este escrito) quedarían impactados sobre la brecha entre la capacidad nominal de los centros y la población actual en cada penal. En términos de Derechos Humanos estamos reprobados a nivel mundial. ¿Acaso eso importa?. Tal vez no, porque lo que debiera importar es nuestra propia apreciación de la situación, cosa que no podremos hacer si no lo sabemos y los medios tradicionales se encargarán de que así sea. Mantenernos ignorantes hasta que se valide la pena de muerte y así matarlos a todos, para sistemáticamente, reducir la población penal.
Les dejo algunos links para que se informen. Lamento que esto sólo lo puedan conocer quienes posee conexión a Internet o TV Cable.
Video Comisión Derechos Humanos – Cámara de Diputados 13/05/2009 (no funciona con Firefox 3.0)