Los tiempos de Luis Hermosilla en el Ministerio del Interior: Su rol en el caso Luchsinger-Mackay, la Operación Huracán y el asesinato de Catrillanca

Las operaciones anti mapuche y el rol de Luis Hermosilla al interior del Ministerio del Interior

El abogado penalista Luis Hermosilla, aparece en un escándalo noticioso luego de una información publicada este martes por el portal de investigación Ciper que reveló una serie de audios donde Hermosilla menciona el pago de coimas a funcionarios de estos organismos, en el marco de la indagatoria que lleva esta última entidad contra la empresa de factoring Factop y la corredora de bolsa STF, por operaciones irregulares.

Luis Hermosilla, el poderoso abogado penalista favorito de la trama política empresarial

El reportaje también hace ver sus amplios vínculos con los sectores de la política y empresarios. Desde su relación cercana con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, hasta abogado favorito de sectores exclusivos del poder político empresarial.

Ya en el segundo periodo del gobierno de Piñera, Hermosilla emergía como una figura clave, tejiendo conexiones entre el Ministerio del Interior y casos empresariales de alto perfil. En su rol como asesor de dicha cartera, el penalista se vio envuelto en la trama de Inversiones Ramaja Ltda., una empresa investigada por lavado de dinero.

Sin embargo, su incursión en la cartera de gobierno no fue exclusiva en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Caso Luchsinger Mackay

Luis Hermosilla fue el eslabón entre la salida del segundo gobierno de Bachelet y el segundo gobierno de Sebastián Piñera, ingresando como abogado del ministerio del interior al caso Luchsinger Mackay. El jefe jurídico de aquel entonces del Ministerio del Interior, Luis Correa Bluas, comunicaba a la prensa el 27 de febrero del 2017:  “por instrucción del ministro (Mario Fernández) solicité al tribunal la delegación de poder de los abogados (Luis) Hermosilla y (Juan Ignacio) Urrutia”. Así, el primero de éstos últimos se sumó como asesor externo del nuevo mandato.

Sin embargo, correspondía a la segunda vez que Hermosilla representaría el caso desde el Ministerio del Interior, tras haber participado, durante el primer periodo de Piñera, en el proceso que sentenció al primer condenado, por la muerte del matrimonio en 2013.

Luis Hermosilla, expresaba en La Tercera que “esta es una causa de gran conmoción no sólo en la región de La Araucanía, sino que a nivel nacional y me han pedido que asuma la representación de la intendencia en nombre del próximo gobierno”. 

Cabe consignar que la persecución penal a numerosas personas mapuche, se basó en declaración de José Peralino Huinca, uno de los acusados, que involucró a 10 imputados e, donde se incluyó a la machi Francisca Linconao Huircapán. Sin embargo, esta versión, se obtuvo por medios coercitivos, bajo apremios ilegítimos y torturas, según afirmó el propio “testigo”.

En junio del 2018, sobre el segundo juicio, se informaba: “El último juicio político del caso Luchsinger Mackay se basó en su sentencia en la supuesta  confesión que hizo José Manuel Peralino Huinca inicialmente como testigo protegido. Con esa declaración era posible afirmar la existencia de una reunión previa entre los comuneros mapuches para coordinar el supuesto ataque en la granja Lumahue del matrimonio Luchsinger y vincularlos directamente con su muerte (…) Sin embargo, lo que hasta ahí la Fiscalía manejaban como el piso de su acusación fue desmentido más tarde por el propio Peralino en el Tribunal, denunciando presiones, amenazas y torturas por parte de los policías. Pero desde  la Fiscalía se negó cualquier apremio y mantuvo la veracidad de la primera declaración hasta el final, única prueba para sostener su tesis de conspiración y coordinación de los acusados, lo que nunca se demostró”, se informaba desde prensa mapuche.

Sin embargo, los hechos irregulares en dicha persecución judicial mientras Luis Hermosilla era abogado del Ministerio del interior no quedaba ahí, también se vio involucrado en denuncias por presiones indebidas a la jueza.

La jueza Ximena Saldivia, quien denunció presiones indebidas y acoso laboral, según publicación de Radio Diario Universidad de Chile, en junio de 2018, escrito por la periodista Natalia Figueroa.

Se destaca en el reportaje, que, Hermosilla, “amigo y socio del ministro del Interior, Andrés Chadwick”, fue clave en la estrategia gubernamental de buscar condenas por terrorismo en casos relacionados con la causa mapuche.

La participación de Hermosilla en el caso Luchsinger-Mackay no estuvo exenta de controversias. Las tensiones en el tribunal, especialmente con la jueza Saldivia, evidenciaron un ambiente hostil y presiones para lograr un veredicto condenatorio. Las conexiones entre Hermosilla, Chadwick y el tribunal, sumadas a la negación de la competencia del Tribunal para abordar denuncias de presiones, plantean interrogantes sobre la independencia del sistema judicial y la posible influencia indebida de Hermosilla en casos de alta sensibilidad política, se desprende del reportaje del medio.

El asesinato de Camilo Catrillanca

Mientras Luis Hermosilla era activo abogado y asesor en el Ministerio del Interior, ocurrieron diversos hechos relacionados a operaciones siniestras anti mapuche.

Camilo Catrillanca, el 14 de noviembre de 2018 en Temucuicui, perpetrado por agentes del GOPE – Comando Jungla, grupo policial militarizado, que fue entrenado en Colombia y en USA con asesoría de la CíA, en tácticas anti-guerrilla con el uso de armamento bélico, por el gobierno de Piñera, aunque negara su nombre.

Según informes policiales de inteligencia, Camilo Catrillanca, ya estaba previamente en la mira. El documento -“Exposición coordinación zona control orden público”– que CIPER reveló a fines de noviembre del 2018 lo indicaba, el que fue elaborado por la extinta Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros (UIOE). La misma unidad que en esos precisos días de 2017 llevaba a cabo la “Operación Huracán”

Camilo era activo en la defensa de los derechos Mapuche. Fue nieto del conocido lonko en los procesos territoriales de Temucuicui, Juan Catrillanca e hijo del dirigente y werken, Marcelo Catrillanca, quien también fue perseguido por el Estado en años anteriores.

Cabe recordar, una vez cometido el asesinato. Andrés Chadwick como Ministro del Interior, dijo a la prensa: “Estos son los hechos que han tenido su origen en un delito común, un asalto grave y violento contra cuatro mujeres, delito que nada tiene que ver con situaciones del conflicto mapuche. Es un delito común”. Estos dichos fueron parte de las polémicas declaraciones del ministro a quien se exigió su salida, pero Piñera lo mantuvo hasta el estallido social de octubre del 2019.

En septiembre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó el informe final de la comisión investigadora del caso de Camilo Catrillanca, que establece la responsabilidad política directa del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla (que se mantiene en el cargo), en el crimen del joven Camilo Catrillanca.

En el texto, de 247 páginas, se detalla el rol que jugaron las distintas autoridades de gobierno en la muerte de Catrillanca, afirmándose que “las autoridades políticas bajo cuya dependencia se encuentran las fuerzas policiales tienen responsabilidad política. Ha quedado demostrado, por una parte, que la muerte de Camilo Catrillanca ha sido consecuencia de la intensificación voluntaria y consciente por parte del Gobierno, de una política de violencia institucional y criminalización del Pueblo Mapuche”.

Operación Huracán

Previo al asesinato de Camilo Catrillanca, estuvo activa la “Operación Huracán”, acto desde una unidad de inteligencia de Carabineros, sectores políticos y ciertos operadores de justicia en el 2017, generó una amplia red de ilícitos, con cifras que van desde cientos a miles de teléfonos intervenidos, chat de watsap falsos, atentados montajes, aplicación de ley anti terrorista y seguidilla de criminalización a numerosas personas mapuche, todo, con el propósito de frenar reivindicaciones por derechos, principalmente sobre tierras ancestrales que involucra intereses de las empresas forestales y ciertos latifundistas de origen colonial.

La Operación Huracán no era aislada, era la antesala a la Operación Andes que intentaba llevarlo a un escenario internacional y transfronterizo (Chile – Argentina), con el involucramiento de los gobiernos de Chile y Argentina. Según investigación y publicación de Ciper Chile, las supuestas dos creaciones del “profesor” Álex Smith (Antorcha y Tubicación), la unidad de Inteligencia de Carabineros de La Araucanía preparaba el escenario para la “Operación Andes”, en la que aparecía un tráfico de armas” desde Argentina hacia la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en Chile, pero todo se vino abajo con el desmoronamiento de la operación Huracán que daba cuenta que todo fue una invención.

El caso Huracán también fue un eslabón entre operadores durante el gobierno de Bachelet y Sebastián Piñera, como parte de las funciones fácticas de los servicios de inteligencia y represión policial. Con la caída de la Operación Huracán y los montajes anti mapuche durante el gobierno de Piñera, se intentó, por medio de Luis Hermosilla, de desmarcarse de todo vínculo y responsabilidad.

Hermosilla, como abogado del Ministerio del Interior, apuntaba al General BLU, según publicaba El Mostrador: «El hombre más poderoso del país”, al ser quien estaba a cargo de la Dirección de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, unidad que desde 2014 ostentó la responsabilidad de las principales labores operativas en la institución”.

Agrega Hermosilla al medio: “Era el hombre que desde un lugar distante controlaba todo el funcionamiento de la organización de subalternos que tenían dependencia de él y que iban más allá del desempeño de sus cargos”, indicó el abogado, para quien los formalizados fueron “policías que transgreden su juramento y se pasan a realizar conductas por las que se los financia para perseguir”.

“Todo lo que hemos escuchado ha sido falsificado. Todos los informes que se acompañan son falsos. Funcionarios de Carabineros, que desde un general (Blu) hacia abajo firman documentos adulterados”, agregó.

Luis Hermosilla, el abogado de Chadwick en la acusación constitucional

A finales del 2019, se ingresó por parte de un grupo de parlamentarios, una acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick.

Se trataba de un libelo centrado en la responsabilidad de mando del secretario de Estado, en materia de violaciones a los derechos humanos, esto en el marco del accionar de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en las tareas de orden público, durante las movilizaciones sociales registradas en el territorio nacional en lo que se denominó “Estallido Social”, pero también, en los casos como el asesinato de Camilo Catrillanca, entre otros.

En el marco de las acusaciones, el diputado Silver criticó que se haga alusión al caso Huracán que “nada tiene que ver con esta acusación”, ya que Hermosilla se escudaba en las gestiones de Chadwick en esos aspectos,  indicando que el compromiso con los derechos humanos y los protocolos que “dice tener con los casos Huracán, Catrillanca daría cuenta de un ministro garante”, pero que, “a partir de 18 octubre hay anomia o marasmo en las acciones y deberes del ex ministro que pide antecedentes y documentos cuando ya la prensa y la opinión pública hablaban de violaciones a los derechos humanos”.

En la ocasión, el aquel entonces diputado Boric, sostuvo que “existe una obligación de respeto a los derechos humanos y de prevenir y, en caso, de fracasar persiste el deber de hacer cesar dichas violaciones. Es claro y evidente que aquí hubo un fracaso en cuanto a lo sucedido entre 18 y 28 de octubre, el ex ministro no podía no saber sobre daños que estaban causando los perdigones y los efectos de los gases lacrimógenos”

 Puntualizó además que “lo que pedimos y venimos a presentar es una solicitud de justicia y no de impunidad; de responsabilidad política y no revancha y espero que estemos a la altura como instituciones”.

En este marco también, el senador Latorre aseguró que “el orden público no es incompatible con la protección y el resguardo de  los derechos humanos” y agregó que cuando se usa la fuerza con desproporción se vulneran la Constitución y los tratados internacionales”. A su juicio, “el ministro debió haber renunciado hace un año cuando se produjo el caso Catrillanca” recalcó que el ex secretario de Estado es responsable políticamente de esta acusación, no es el quien mató o cometió los abusos materialmente pero es el responsable político de las fuerzas de orden”.

Luis Hermosilla, el abogado Chadwick, expuso por casi dos horas en el Congreso y entregó una serie de antecedentes para rebatir los dos capítulos de la acusación constitucional en contra del ex secretario de Estado.

El abogado enumeró una serie de reuniones, conversaciones y documentos a través de los cuales dio a conocer información que da cuenta de las instrucciones que dio el entonces ministro antes y durante el estallido social de octubre pasado, los que a su juicio demostrarían que es necesario rechazar la acusación constitucional.

Mira aquí la intervención de Luis Hermosilla en defensa de Andrés Chadwick

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