Luis Hermosilla y la filtración de audios
El diario español, El País, titulaba hoy: “Conmoción en Chile por el audio filtrado de un abogado que reconoce pagos a funcionarios: “Esto se arregla con plata”, daño cuenta que la Fiscalía abrió una causa para investigar la entrega de dinero del penalista Luis Hermosilla a agentes de dos órganos reguladores del mercado, el SII y CMF.
La noticia impacto, se refiere a la información publicada este martes por el portal de investigación Ciper que reveló una serie de audios donde el abogado Luis Hermosilla menciona el pago de coimas a funcionarios de estos organismos, en el marco de la indagatoria que lleva esta última entidad contra la empresa de factoring Factop y la corredora de bolsa STF, por operaciones irregulares.
“Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra. Y esa caja negra… porque parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada, porque estamos atrasados. Y pasa por los mismos hueones, yo no los conozco, que pasan, que están en el Servicio (SII). ¿Cuál es la primera huevá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio: cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, qué huevá, etc. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos (…) ‘(…) Estamos haciendo una hueva que es delito. Esta hueva es delito’, se escucha en otra parte del audio”, se señala en uno de los audios.
El reportaje también hace ver sus amplios vínculos con los sectores de la política y empresarios. Desde su relación cercana con el exministro del Interior, Andrés Chadwick y en base a los propios audios, con el empresario Daniel Sauer (controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF) y Leonarda Villalobos, abogada y exfuncionaria del Mineduc durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Hermosilla, que también era abogado del Frente Amplista, Miguel Crispi, jefe de asesores del Presidente Boric, quien luego de conocerse los audios, le quitó el patrocinio en el marco de la causa investigación de la Fiscalía por los convenios entre fundaciones y el Estado.
Con respecto a los conflictos de intereses y la investigación judicial de la Fiscalía a Hermosilla, trascendió la estrecha relación entre Hermosilla, Chadwick y este con el Fiscal Nacional, Angel Valencia.
Luis Hermosilla y la trama política empresarial
Luis abogado, activo abogado al servicio de la oligarquía dominante y sus numerosos casos de ilícitos, por años, viene transitando entre el poder y los abusos de influencia, según han denunciado diversos reportajes.
Ya en el segundo periodo del gobierno de Piñera, Hermosilla emergía como una figura clave, tejiendo conexiones entre el Ministerio del Interior y casos empresariales de alto perfil. En su rol como asesor de dicha cartera, el penalista se vio envuelto en la trama de Inversiones Ramaja Ltda., una empresa investigada por lavado de dinero.
Se reveló, en una publicación de el Diario El Mostrador del 14 de julio de 2020, escrita por Héctor Cossio López, que, como consejero legal del exministro Andrés Chadwick, Hermosilla habría tenido acceso a un informe de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) que alertaba sobre actividades sospechosas de Ramaja, vinculando la empresa con importaciones de urea desde Venezuela, utilizada como precursor químico. para la cocaína.
Las operaciones de Ramaja, propiedad de Alberto Scuncio, revelaron un patrón inusual en la importación de urea, un derivado del petróleo. El informe de la ANI detallaba que la empresa se convirtió rápidamente en el único proveedor de urea en Chile, destacando la conexión con Agrogestión Vitra SA, propiedad de Gonzalo Vial Concha. Este último, defendido por Hermosilla en el caso Caval, se vincula directamente con las transacciones de urea realizadas por Ramaja.
A pesar de este conflicto de interés evidente, Hermosilla, según el reportaje de El Mostrador, negó haber tenido conocimiento del informe de la ANI, generando dudas sobre su ética profesional y su papel como asesor del Gobierno.
Paralelamente, el turbio papel de Hermosilla en estos ámbitos, se extendió tiempo atrás al caso Luchsinger-Mackay, donde representó al Gobierno en juicios contra mapuches acusados de terrorismo. Su influencia ideológica en la Subsecretaría del Interior se revela, generando tensiones internas, especialmente con la jueza Ximena Saldivia, quien denunció presiones indebidas y acoso laboral, según publicación de Radio Diario Universidad de Chile, en junio de 2018, escrito por la periodista Natalia Figueroa.
Se destaca en el reportaje, que, Hermosilla, amigo y socio del ministro del Interior, Andrés Chadwick, fue clave en la estrategia gubernamental de buscar condenas por terrorismo en casos relacionados con la causa mapuche.
La participación de Hermosilla en el caso Luchsinger-Mackay no estuvo exenta de controversias. Las tensiones en el tribunal, especialmente con la jueza Saldivia, evidenciaron un ambiente hostil y presiones para lograr un veredicto condenatorio. Las conexiones entre Hermosilla, Chadwick y el tribunal, sumadas a la negación de la competencia del Tribunal para abordar denuncias de presiones, plantean interrogantes sobre la independencia del sistema judicial y la posible influencia indebida de Hermosilla en casos de alta sensibilidad política, se desprende del reportaje del medio.
En medio de estas revelaciones, Hermosilla se presenta como una figura ambivalente, navegando entre el poder político y los intereses empresariales. Las acusaciones de abuso de influencia, conflictos de intereses y presiones en el sistema judicial plantean la necesidad de una revisión ética y legal de su papel en la esfera pública y que, en base a los audios filtrados por Ciper, dejan la interrogante, atendiendo su poder y redes, si primará o no la justicia o la impunidad.
La trama tejida por Luis Hermosilla destaca la interconexión entre el poder político y económico en Chile, dejando al descubierto la vulnerabilidad de las instituciones y la necesidad de una mayor transparencia en la administración de justicia.
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