Marzo y la cuenta regresiva para la salida del decadente Sebastián Piñera

El cambio de mando en Chile 2022 será el próximo 11 de marzo, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso y con ello, se marca la salida de un decadente presidente, el mismo que le declaró la guerra al pueblo movilizado y que hasta último momento generó amarres empresariales (Litio, proyecto Los Rulos, salmoneras, entre otros), en medio de severas crisis sociales y ambientales, en gran parte, agravado por la mala gestión gubernamental.

Se va Sebastián Piñera y para que nunca más, para no olvidar, con él, se arrastra un historial con amplio prontuario de casos relacionados a transacciones y negocios irregulares, diversas acciones represivas contra la sociedad civil o de montajes en contra del movimiento mapuche.

Los amarres empresariales de último momento

A partir de este lunes comenzó a discutirse en la Comisión de Pesca del Senado el proyecto de Ley sobre “Acuicultura Sustentable”, al cual Piñera le colocó suma urgencia y que abre la posibilidad de que centros de cultivo sigan funcionando en áreas protegidas.

El gobierno de Sebastián Piñera pretendió adjudicar a transnacionales contratos especiales de operación para explorar y producir 400000 toneladas de litio metálico comercializable, sin embargo, dos recursos de protección, uno encabezado por comunidades y organizaciones de Pueblos Originarios fueron acogidos por la Corte de Copiapó, decretándose orden de no innovar.

La futura ministra de Minería para el gobierno de Boric, logró detener la decisión del actual ejecutivo de rematar una serie de bienes de la ENAMI, actividad que estaba programada para el próximo 10 de marzo de 2022, un día antes de que asuma la nueva administración.

El Gobierno de Piñera, hace tan solo algunos días, aprobó ominosa termoeléctrica Los Rulos. Se trata de una central de Ciclo Combinado (CC) que operaría con gas natural para la generación de energía eléctrica con capacidad máxima de 540 MW de potencia bruta. Asimismo, la central utilizaría petróleo diésel como combustible de respaldo para enfrentar situaciones de emergencias y que afectaría a la localidad de Limache en la provincia de Marga Marga. Desde que e proyecto fue ingresado a evaluación ambiental,  se ha visto enfrentado a varios cuestionamientos y polémicas, esto debido a que existe una fuerte oposición desde la ciudadanía e incluso, con diversas observaciones desde servicios públicos y municipales de la provincia, quienes no quieren que este territorio se convierta en una zona de sacrificio.

Piñera, en sus descuentos, comenzó a hacerse parte activa de la campaña que han impulsado sectores de ultra derecha y de grupos ligados a intereses empresariales neoliberales contra el proceso constituyente que se vive en la Convención Constitucional, sin que si quiera esté el texto borrador, manifestando: «No queremos pasar los próximos 40 años dividiéndonos», señalando que «Una Constitución tiene que ser de todos y debe ser reconocida, respetada y que todos se sientan incorporados y protegidos por esa Constitución. Si es de un grupo y no del otro grupo, no es una solución como Chile necesita y merece», criticado luego por diversos sectores democráticos por sus dichos, con calificativos de desfachatez y deshonesto.

Pandora Papers y el negocio de Minera Dominga

La caja de Pandora abierta por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dio cuenta de importantes revelaciones sobre las sociedades de la familia del Presidente Sebastián Piñera en paraísos fiscales. Por un lado, confirman que los activos que manejan sus hijos provienen de donaciones de Piñera y de las ganancias de sus negocios. Eso, según señala Ciper,  abre la pregunta sobre si se pagaron los impuestos por el traspaso de ese dinero. Además, los documentos dan cuenta de que poco antes de asumir su segundo mandato trasladó la sociedad dueña del Parque Tantauco a Islas Vírgenes. Luego la disolvería, al igual que otras dos empresas que tenía en esa jurisdicción y una que estaba en Luxemburgo.

También, las condiciones que habría tenido esta transacción con Carlos Alberto Délano el 2010 en la venta Dominga y en particular, con respecto al uso de su cargo como presidente de Chile con acciones a favor del proyecto para que se concretaran cuotas de pago, incluyendo la no protección ambiental de la zona y la bajada de otro proyecto “competencia”.

A esto se suma que la Comisión de Evaluación Ambiental de Gobierno, el 11 de agosto del 2021, aprobó el proyecto Dominga en medio de una serie de cuestionamientos y observaciones en contra, desde habitantes del territorio hasta diversas organizaciones ambientalistas, incluyendo numerosas opiniones científicas.

¿Estos antecedentes los sabía Fiscalía al momento de cierre 2017 que señala comunicado oficial de la presidencia?

Hoy vocerías del presidente Piñera, salen a desmentir insistiendo que el caso está cerrado el 2017, que no se encuentra vinculado (directamente) por más de 12 años a empresas y que se trataría de una persecución política.

Violaciones a los derechos humanos en estallido social

Además de los casos sobre asesinatos (Camilo Catrillanca por ejemplo) y represión al movimiento mapuche que reclama derechos territoriales, el informe oficial dado a conocer por el Instituto Nacional de DDHH (INDH) para el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2020, reporta un total de 3.765 personas heridas (entre ellas 439 mujeres y 282 niños, niñas y adolescentes); y, 411 personas con traumas oculares.

De las 2.122 heridas por disparos, 500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas, 1.681 por perdigones y 200 sin causa identificada. El INDH ha presentado 1.312 acciones judiciales con escaso avance, entre ellas 5 por los homicidios cometidos por agentes del Estado;195 querellas por violencia sexual (violaciones, entre otros abusos) y 951 por torturas.

Más de 11.300 personas fueron detenidas y 2.500 encarceladas durante el estallido social entre octubre de 2019 y marzo de 2020, calcula el informe mensual del Instituto de Derechos Humanos de Chile (INDH). Por su parte, Fiscalía Nacional reporta 31 muertos en el contexto de protestas según sus registros a fines de enero del 2020 e indica 5.558 casos que investiga de víctimas de violaciones a DD.HH.

Importante señalar que la mayoría de las personas que han sido violadas en sus derechos humanos, fue por ser parte de protestas contra diversas injusticias sociales que aquejan al país, incluyendo aquellos temas relacionados a las redes de corrupción, despojos, saqueos e instrumentalización del aparato público para fines de lucro empresarial y transnacional.

Ver más antecedentes históricos

En su primer gobierno, Piñera señalaba el 2012: “Tenemos información confiable que nos hace presumir que detrás de estos incendios ha habido intencionalidad criminal y en consecuencia creemos que debemos combatir no sólo los incendios sino a criminales que presuntamente están detrás de estos incendios”, esto en el marco de la muerte de siete brigadistas de forestal Mininco en la temporada estival, mientras inmediatamente el ex Ministro Rodrigo HinzPeter y operadores políticos de su mismo bloque como el ex diputado Edwards, el ex Senador y ex ministro de Defensa, Alberto Espina y el ex Intendente de la Araucanía, actual diputado, Andrés Molina, hacían entrever que detrás de esos hechos habían “causas mapuches”, mientras hacían desligar a la empresa forestal de todo tipo de responsabilidad en la ola de incendios que se registraban en el centro sur de Chile, mientras se tapaba la plaga de la avispa taladradora en las plantaciones de monocultivos y mientras los operadores de justicia también apuntaba dardos a personas mapuches, hechos que en suma gatillaron una campaña racista contra el Pueblo Mapuche acusado de “asesinatos” y de “terrorismo”, mientras desde diversas organizaciones sociales acusaban de manipulación, ocultación de información y autoatentados, tal cual como ocurrió con los atentados al metro en octubre de este 2019 donde se hablaban de “conspiraciones extranjeras de Cuba y Venezuela” y por su parte el presidente Piñera declaraba “la guerra”.

Demás está decir la cercanía que el ex Presidente Piñera a los intereses de grupos empresariales forestales. El año 2006 vendía el 4% de las acciones de Antarchile y cuadruplicó su inversión en 6 años, holding perteneciente al grupo Angelini, quien posee más de un millón doscientas mil hectáreas de plantaciones forestales en el centro sur de Chile a través de Forestal Arauco – Celco. Piñera también intentó prorrogar a 20 años un decreto ley proveniente de la dictadura militar (DL 701) que además de Angelini ha beneficiado también al grupo Matte (CMPC – Forestal Mininco), con más de 750.000 hectáreas de plantaciones.

Piñera, a inicios del 2017 aparece con una fortuna que supera los 2.700 millones de dólares, fue un activo promotor en señalar supuestos vínculos terroristas “mapuches – Farc”. En agosto del año 2009, como candidato, afirmaba que detrás de la violencia en el conflicto mapuche hay organizaciones terroristas extranjeras y llamaba a aplicar más ley antiterrorista y en agosto del año 2010 con el ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijeron a la prensa que habían acordado “cortar el ‘vínculo entre mapuches y las Farc”.

Cabe consignar al respecto, que tanto Carabineros, la PDI, la CÍA de EE-UU, tuvieron que desmentir en su momento dicha campaña, no existiendo antecedentes. Los Cables de la Embajada norteamericana en Chile durante el 2008 al 2009, correspondientes a las desclasificaciones de Wikileaks, revelados por diversos diarios internacionales, demostraron que la pretendida conexión mapuches-PC-FARC fue un montaje o sobre exageración.

Sin embargo, la historia de Piñera y actos ilícitos considerados inmorales va mucho más atrás. Durante la dictadura militar de Pinochet, no solamente fue privilegiado, sino además obtuvo diversos niveles de proteccionismo. Documentos desclasificados de la CIA en Estados Unidos mostraron no sólo el nivel de influencia y relación de su persona con la dictadura o a través de su hermano como ministro de estado o de su padre, que le dieron ventajas en sus proyecciones empresariales, sino además incluye una gestión de lobby del Embajador de Estados Unidos James Theberge con el Presidente de la Corte Suprema para ir en su favor e incluso, la de una operación de inteligencia que lo sacó del país mientras tenía orden de detención, sin perjuicio de que la investigación judicial concluyó con la condena de dos de los implicados en la estafa al Banco de Talca, mencionados también en los documentos, quienes pasaron una respetable temporada tras las rejas.

Esto explica el rol fundamental que tuvo Piñera para pedir el retorno del dictador cuando se encontraba en Inglaterra detenido por acciones de la justicia internacional, bajo las peticiones del Juez español Baltazar Garzón por delitos de lesa humanidad. Piñera decía que “No somos colonia de nadie”, mientras el País ha sido saqueado por numerosas transnacionales.

En septiembre del 2018, el presidente Sebastián Piñera se reunió con su par de Estados Unidos, Donald Trump, encuentro que más allá del hecho político dejó un numerito para la posteridad. El mandatario sacó la bandera de Estados Unidos, donde aparece una supuesta fusión de la bandera de dicho País y la de Chile, como parte de una colonia.

Imputado en Chile y Argentina

El ex Presidente Piñera y actual candidato presidencial, mantuvo una denuncia en Argentina por el pago de coimas por parte de LAN, ahora LATAM, a funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner para poder funcionar en territorio trasandino en 2006, a través de su filial LAN Argentina. Mientras tanto en Chile, estuvo de imputado en el marco de la investigación del caso Bancard, diligencia que estuvo a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente donde presentó declaraciones.

Otros ilícitos

Cuando pretendía presentarse como candidato a la presidencia en 1993 de Chile por Renovación Nacional, se vio involucrado en el escándalo denominado “Piñeragate” sobre espionaje e instrucciones para desperfilar públicamente a la otra candidata Evelyn Matthei.

Durante su periodo como senador se vio involucrado en un conflicto de intereses por el polémico Caso Chispas, cuando consiguió que Endesa España le pagara por sus acciones de Enersis un precio mayor que el que se ofreció a otros accionistas que se encontraban en las mismas condiciones que él.

Piñera y los paraísos fiscales

Piñera participó en septiembre del 2016 en un foro denominado “Generación de empleo, un motor para el desarrollo. Desafíos de América Latina“, organizado por la Fundación Ecuador Libre. Allí señaló: “yo creo que es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan, porque muchas veces los paraísos se utilizan para o actividades reñidas con la ley y con la moral, como la lavado de dinero u ocultamiento de dineros que provienen del narcotráfico o el crimen organizado. O muchas veces se utilizan para evadir impuestos… y por tanto, yo sí creo que debiesen desaparecer los paraísos fiscales, y que las finanzas internacionales debieran ser más transparentes, de forma tal de evitar que esos paraísos fiscales sean mal utilizados para actividades ilegales o para evasión de impuestos”.

El 14 de noviembre de 2016, publicaba El Mostrador: “En medio del juicio de Perú contra Chile por los límites marítimos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Piñera realizó una inversión relevante en la Empresa Pesquera Exalmar S.A., una de las más grandes del Perú. Y esta resultó favorecida en sus derechos de pesca por la sentencia emitida el 27 de enero del 2014 por el referido tribunal internacional. Es decir, en términos gruesos, parte de lo que Chile perdió a manos de Perú en ese juicio, lo ganó el ex Mandatario con sus inversiones en esa compañía peruana”.

CIPER Chile publicaba el 25 de noviembre del 2016: “Exalmar no es la única inversión pesquera de Piñera en Perú. A través de Bancard International Inv., emplazada en Islas Vírgenes, es accionista de Austral Group, otra gran empresa peruana del rubro. CIPER obtuvo registros del paraíso fiscal que indican que la sociedad offshore fue creada por Piñera en 1997, convirtiéndose en su vehículo de inversión en sectores estratégicos de Perú (aeropuertos e Inca Kola, entre otros), Argentina (Central Costanera) y Colombia (controla la Bolsa). Sus inversiones en el exterior sumarían US$1.800 millones: el 72% de su fortuna, avaluada en US$2.500 millones”.

Piñera, Chiloé y el caso Tantauco

En el año 2005 se levantaba la polémica de “espionaje” dirigida a comunidades Mapuche Williche de Chiloé en relación a los terrenos adquiridos por el empresario y candidato presidencial Sebastián Piñera.

Se filtró la información a la prensa sobre el “espionaje” por parte de agentes de inteligencia estatal dejando en evidencia que más allá de la persona de Piñera, estaba apuntado a las comunidades Williche de Chiloé, en el marco de un vigente conflicto territorial denominado “Tantauco”.

La Policía de Investigaciones (PDI) reconoció y justificó su actuar a través de una declaración pública, donde la institución dijo que, “desde el 2003 la Policía de Investigaciones de Chile realiza monitoreos constantes al conflicto social que se radica en las regiones VIII, IX y X, relacionado con demanda de posesión de tierras de pueblos originarios”. Y se agrega que “el objetivo es anticiparse a hechos delictivos que pudieran afectar el orden social en esas zonas del país”.

Piñera adquirió a fines del 2004 al magnate estadounidense Jeremiah Henderson cerca de 120.000 hectáreas, terrenos que abarcan más del 15 % de la llamada isla grande de Chiloé, ubicado en el sector Sur. Su compra desató ásperas polémicas, ya que en gran parte de estos terrenos comunidades Williche establecidas principalmente cerca de Quellón, se han visto en peligro de ser expulsadas, las mismas que reclaman derechos sobre estos terrenos.

El nombre de Tantauco es por referencia a un antiguo tratado compuesto por 13 artículos entre los que destaca el artículo 7º que obliga al estado de Chile a respetar los bienes y propiedades de todos los habitantes de la füta wapi (Gran Isla).

Sebastián Piñera es parte de la red de corrupción en Chile que involucra a ciertos sectores políticos y empresariales que son parte del régimen político económico que ha despojado derechos y bienes colectivos de todos y todas.