Menú del día: Chile a lo pobre

Un país pobre que no tiene dinero para hacer inversión social está en un problema, pero un país rico, cuya gente vive en la pobreza, es una vergüenza. Y hay que reconocer que si bien Pinochet se fue del poder ejecutivo, dejó de herencia un sistema que no hemos podido cambiar y sigue vigente en esa materia.

En la época que corre, en medio de la contingencia por una Encuesta Casen (de Caracterización Socio Económica) que marca un avance de la pobreza “por primera vez desde la dictadura” -época en que Chile alcanzó niveles del 45% en 1985-87-, el meollo del debate se concentra en una cortina de humo que generan los medios que acostumbran a reproducir sólo los análisis y versiones oficiales ligados a los círculos de élite.

La verdad es que el sistema neoliberal, el que se consolidó durante los 20 años de la Concertación e impuesto por los que ahora han asumido el poder político en Chile, es el que genera la pobreza. Y, aunque con el paso de los años han aprendido a discursear de manera menos flagrante y descarada, evadiendo el fondo, como si sus hechos no los denunciaran como garantes de un sistema perverso que avala las formas de explotación a que ha estado sometido el común de las personas.

La realidad es que a ninguno de los gobiernos pasados, y mucho menos al presente, le conviene tomar en consideración los cuestionamientos que hacen economistas como Orlando Caputo o Manuel Riesco a la forma en que se mide la pobreza, porque en ese caso se develaría algo bastante más vergonzoso en este país que se jacta de tener la billetera llena: Los parámetros de medición de la pobreza siguen considerando datos de la canasta familiar de 1987 y estamos en 2010, por si no habían caído en cuenta. Es decir, el debate se mantiene en la superficie, porque profundizar no conviene, o todos tendrían que hacer mea culpa y, de paso, hacerse responsables.

En ese escenario, donde los pobres más pobres de Chile no tienen acceso a los bienes de consumo que aparecen bombardeados como sinónimo de éxito en los medios de comunicación -que cada día son más de desinformación-, el deseo de alcanzar el modelo los lleva a endeudarse, engordando la billetera de los bancos y las multi tiendas (retail), que juegan con la frustración de todo lo que no tenemos y nos falta, ofreciendo el cebo de la tarjetita plástica, para que mordamos el anzuelo y quedemos eternamente cazados en el círculo vicioso de una deuda, que obliga a destinar hasta un 25% de los egresos de las familias trabajadoras de este país, tan exitoso en lo macroeconómico ante los ojos del mundo.

Estos sectores, que hoy se tratan de lavar las manos con la responsabilidad que les cabe en la instauración de una forma de hacer las cosas, empujan a endeudarse a los que menos tienen, o hacia la misma pobreza, que alcanza cifras muy superiores si ajustamos los parámetros a la realidad del 2010 (que alcanzaría al 29 o 30%, según la Fundación para la Superación de la Pobreza y el Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile).

Así las cosas, nuestro Chile de cielo azulado -mismo color del rostro de quienes aguantamos la respiración evitando el olor nauseabundo de nuestra institucionalidad-, sigue vendido a las grandes empresas, las que justo cuando volvemos a hablar de pobreza -que para algo haya servido al menos la dichosa encuesta- reportan cifras de utilidades superiores a los 19 mil millones de dólares. Como siempre: La crisis la pagan los bolsillos que menos tienen.

Sin embargo, buena responsabilidad pesa sobre los ciudadanos, hoy reducidos a consumidores, quienes podríamos contrarrestar este sistema usurero de endeudamiento monetario que se apropia de los salarios, buscando alternativas como las economías solidarias, cooperativistas y sistemas de trueque y crédito social, que nos permitan ir rompiendo las cadenas que nos esclavizan.

Cerramos la edición en medio de un debate que se genera en un Acuerdo votado por el Senado de Chile, que pide “tener una actitud vigilante” en el próximo proceso eleccionario de Venezuela. Los senadores se invitan a sí mismos a fiscalizar la democracia de ese país, autoarrogándose una autoridad moral que no tienen, máxime si hacen parte de un Estado donde impera el sistema binominal y regido por una Constitución parida en dictadura.

Aún más, si dos de los senadores que impulsan el acuerdo –Andrés Allamand (RN) y Patricio Walker (DC)- firmaron un compromiso en junio pasado, en un encuentro organizado por la derecha venezolana, comprometiéndose a “no permitir la entronización de la dictadura” en ese país. Estos son los “veedores imparciales”, que antes de viajar ya han tomado una clara posición en contra de una institucionalidad que luego esperan que los acoja. Pero nada dicen del nuevo Gobierno hondureño, que legitiman luego de un golpe de Estado, ni del colombiano, que enfrenta el mayor número de acusaciones por violaciones a los derechos humanos en la región. Eso sin mirar hacia dentro, donde todavía la Justicia Militar juzga a civiles y la ordinaria persigue al pueblo Mapuche con una Ley Antiterrorista que arrastramos adivine desde cuándo.
Sí, también desde la dictadura.

El Ciudadano N°84, segunda quincena julio 2010

Fotografía: questiondigital.com