“Mientras las comunidades continúan organizándose para defender su vida y los territorios, la transnacional insistentemente intenta materializar un proyecto que arrastra un cuestionado proceso de evaluación ambiental, que ha sumado la vulneración de acuerdos históricos con pueblos originarios y la criminalización de quienes, por años, han defendido el río Biobío; el mismo que pretende ser nuevamente intervenido por un proyecto que se presenta como “limpio y renovable”, pero que se aleja cada vez más al profundizar la crisis que enfrentamos”.
Imagen: Lugar donde la empresa pretende instalar central hidroeléctrica
El cuestionado proyecto -hidroeléctrica con capacidad instalada de 90 MW- fue encabezado inicialmente por la empresa Atiaia Energía Chile, filial de la brasileña Atiatia Energía S.A. y adquirido en 2018 por la gigante empresa asiática China Three Gorges Corporation mediante su subsidiaria China International Water & Electric Corporation. Al comprarlo, la transnacional china, que se presenta en el territorio como Rucalhue Energía SpA, también adquirió la conflictividad en la que se envuelve el proyecto hidroeléctrico.
Y es que las expresiones de movilización y organización no se han detenido. Pese a la permanencia de la pandemia de la Covid-19, el avance de proyectos extractivistas y el intento del Gobierno en legitimar su Política Energética, la población de Rucalhue, Santa Bárbara y Quilaco ha mantenido el rechazo a la instalación de la Central Rucalhue.
Protestas, actividades culturales, ocupaciones de terrenos, intervenciones a escala internacional -como lo fue la entrega de una misiva al Consulado chino y a la empresa, además de la participación de organizaciones en la COP 26 -e incluso una consulta ciudadana– donde el 90% de las y los participantes rechazaron el proyecto- han sido parte de las herramientas utilizadas por las comunidades para frenar el avance del proyecto.
Sin embargo, la empresa ha sostenido una ofensiva que atenta tanto contra las comunidades organizadas como también con la propia Naturaleza. Es bajo este paraguas que Rucalhue Energía SpA ya cuenta con dos querellas ingresadas contra personas que han levantado acciones de movilización contra el proyecto, y que aumentan el clima de conflictividad manteniéndose lejos de lo que el propio embajador de China en Chile, Niu Qingbao, ha tratado como un marco de inversión “mutuamente beneficiosa y de ganancia compartida”.
En la misma línea, funcionarios privados contratados en el ámbito de la seguridad de la empresa han sido protagonistas de actos vulneratorios y una violencia expresa contra personas que protestan contra el proyecto, participando en conjunto con agentes policiales en el desalojo de personas e, incluso, actuando violentamente cuando personas se acercan a orillas del río.
Guardias de seguridad privados prenden fuego al interior de terreno y observan con binoculares a quienes fotografían faenas
A mediados de febrero de este año se logró constatar en terreno el despliegue de la empresa, la cual mantiene cercado, delimitado y talado parte importante del lugar, una presencia constante de guardias de seguridad y el ingreso de maquinaria de sondaje en el tramo del río Biobío; mientras que paralelamente medios locales intentan posicionar y amortiguar estos hechos con la difusión de actividades como la Navidad “celebrada” junto a la empresa e incluso el financiamiento de otros proyectos por parte de la transnacional.
Faenas al interior de terreno donde se despliega Rucalhue Energía SpA
Faenas al interior de terreno donde se despliega Rucalhue Energía SpA
Máquina de sondajes instalada en el río Biobío
Todo esto mientras, además de la movilización periódica de la población, en la Corte de Apelaciones de Concepción un recurso de protección ingresado por las municipalidades de Quilaco y Santa Bárbara -luego de la presión de las comunidades- aún se encuentra en trámite para frenar el proyecto, a lo cual no se cierra la posibilidad de nuevas acciones judiciales, considerando no solo los hechos de criminalización y vulneración, sino también el ingreso de modificaciones mediante Consulta de Pertinencia realizada al Servicio de Evaluación Ambiental en 2020 y ámbitos internacionales como la vulneración del acuerdo de solución amistosa entre el Estado chileno y las familias Mapuche Pehuenche del Alto Biobío, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 11 de marzo de 2004 y que restringía la construcción de hidroeléctricas tras la instalación de la Central Ralco.
De esta forma, el conflicto está lejos de llegar a término. Mientras las comunidades continúan organizándose para defender su vida y los territorios, la transnacional china insistentemente intenta materializar un proyecto que arrastra un cuestionado proceso de evaluación ambiental, que ha sumado la vulneración de acuerdos históricos con pueblos originarios y la criminalización de quienes, por años, han defendido el río Biobío; el mismo que pretende ser nuevamente intervenido por un proyecto que se presenta como “limpio y renovable”, pero que se aleja cada vez más al profundizar la crisis que enfrentamos.
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*Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
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