Los resultados del estudio “Consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero de la minería del Cobre de Chile”, dado a conocer por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), han evidenciado una lamentable situación. Mientras los demás sectores de la economía y la población han hecho esfuerzos cuantificables por disciplinar sus consumos de electricidad desde 2006, la gran minería se ha encaminado desde entonces en sentido contrario, incluso tras la reducción de las exportaciones de metales a causa de la actual crisis económica internacional.
Este hecho, lógicamente, pone en entredicho las declaraciones de las principales confederaciones mineras (patronales), en cuanto al “compromiso del sector con la política del gobierno sobre eficiencia energética”.
Por un lado, el estudio determinó que las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción de cobre crecieron entre al año 2004 y el 2008 en 48% (de 11,5 a 17 millones de toneladas de CO2 en 2008). Esto se explica por el déficit de abastecimiento de gas natural argentino y la consecuente expansión de los combustibles fósiles. Sin embargo, lo que resulta inexplicable es que, pese a la contracción de las exportaciones, la minería aumente su consumo de energía.
En efecto, el estudio determinó que en el Sistema Interconectado Central (SIC) el consumo de energía eléctrica destinada a la producción de cobre aumentó en 10,6% (de 23.235 Terajoule (TJ) en el 2004 a 25.701 TJ en el 2008). A su vez, el aumento en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), para el mismo período, fue de 13,6% (de 34.470 TJ a 39.148 TJ).
La explotación minera no ha experimentado cambios estructurales cruciales en cuanto a inauguración de nuevos yacimientos o traslado de minerales, y el sector ha valorado públicamente el positivo estándar de pureza o ley de los minerales en los actuales yacimientos.
En consecuencia, es dable que los ciudadanos exijamos una explicación al Consejo Minero (que agrupa a las 17 transnacionales del sector) y a la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), que hoy, con el argumento de los precios altos de la electricidad, financian campañas comunicacionales y de “lobby” político para que el fisco subsidie el desarrollo núcleo-eléctrico en Chile.
El sector minero y la industria absorben cerca del 60% de la electricidad producida en Chile. Si a esto agregamos la ausencia de efectivas políticas de eficiencia energética, es razonable preguntar ¿para qué se solicita más energía?
En la actual encrucijada ambiental que vive la humanidad, la energía –al igual que el agua, el suelo y el aire- dejó de ser un insumo infinito y/o dable de producirse sin otro criterio que el comercial. Por el contrario, la producción de energía tiene conocidas implicancias ambientales, económicas y políticas.
Los distintos estudios sobre el potencial de las tecnologías de generación, entre ellos el de las universidades de Chile y Santa María (agosto de 2008), enfatizan que la eficiencia energética es la principal fuente de generación del país (con un potencial superior a lo estimado para el proyecto HidroAysén). Esta alternativa es la de menor impacto ambiental y la que aporta más garantías de sustentabilidad para la sociedad, los ecosistemas y la economía. Por tal motivo, el compromiso con la eficiencia energética debe ser real, y no limitarse a casos simbólicos, dables de promocionar en reportes mineros de sustentabilidad anual.
por Sara Larraín
Directora del Programa Chile Sustentable
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