El polémico caso que involucra a la Fundación Democracia Viva y la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda (Seremi) de Antofagasta, por tres millonarios convenios, es “inaceptable para quienes hemos tratado de poder aumentar los estándares de probidad y transparencia”.
Así lo aseguró el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, al señalar que deben tomarse medidas “ejemplares” contra los militantes del partido político Revolución Democrática que forman parte de la mencionada ONG.
En cuanto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, así como la subsecretaria Tatiana Rojas, Jackson salió en su defensa ante los cuestionamientos por lo sucedido y ratificó que “tanto el ministro, como la subsecretaria, activaron todos los protocolos”.
Vale mencionar que Democracia Viva es una organización liderada por el ingeniero Daniel Andrade -pareja de la diputada, Catalina Pérez-, todos militantes de la colectividad frenteamplista, al igual que el renunciado seremi del Minvu, Carlos Contreras.
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