Modelo económico y propuesta de nueva Constitución

En el séptimo capítulo de Sala Constituyente de la UChile, se abordaron diversas aristas del modelo económico del país y cómo este queda consagrado en la propuesta constitucional que se someterá a plebiscito el próximo 4 de septiembre.

El rol del Estado en la economía, las características del Banco Central y la definición de propiedad privada fueron algunos de los temas abordados.

Expusieron:

Guillermo Larraín: Académico Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile, ex Presidente Banco Estado.

Óscar Landerretche:Académico Facultad de Economía y Negocios Universidad e Chile, ex Presidente de Codelco.

Ana María Correa: Economista Universidad de Chile, ex Subsecretaria de Economía.

Ximena Clark: Economista Universidad de Concepción, consultora, ex Directora INE.

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A continuación, compartimos texto que contextualiza los temas abordados en el panel.

Escrito por Víctor Hugo Moreno

UChile Constituyente

Cuáles son los cambios que se aprecian en el área económica en materias como el rol del Estado en el aparato productivo, la participación de los privados, el derecho de propiedad, el principio de responsabilidad fiscal y la autonomía del Banco Central fueron algunas de las interrogantes que se analizaron en un nuevo capítulo de «Sala Constituyente, diálogos al alero de La Chile», encuentros organizados por la plataforma UChile Constituyente junto a la Fundación Max Planck y el Instituto Desafíos para la Democracia, que buscan poner en contexto diferentes normas presentes en la propuesta de texto constitucional que se presentó al país el pasado 4 de julio y que se votará en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre.

En este séptimo encuentro, moderado por el Premio Nacional de Periodismo (2011) Sergio Campos, participaron Guillermo Larraín, académico  de la Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile y ex presidente de Banco Estado; Óscar Landerretche; académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y ex presidente de Codelco; Ana María Correa, economista de la Universidad de Chile y ex Subsecretaria de Economía; y Ximena Clark, economista de la Universidad de Concepción, consultora, y ex directora del INE, quienes intercambiaron miradas sobre los diferentes artículos relativos a la economía y sus implicancias para el desarrollo del país. 

Dentro de las temáticas que se discutieron, emergieron intervenciones respecto a cómo se podría llevar a cabo -desde el punto de vista presupuestario- la serie de nuevos derechos sociales presentes en la propuesta de texto; junto con analizar el nuevo escenario político e institucional que se plantea. Finalmente, se expusieron diferentes miradas en torno a la forma en que se podría concretar el Estado Social y Democrático de Derechos consagrado en el artículo 1° de la propuesta constitucional. 

Los desafíos presupuestarios

Guillermo Larraín comentó que implicará un gran desafío para el Estado, y para la economía en general, las fórmulas de generación de los recursos, sobre todo en materia de los derechos sociales que se consagran:

“Los derechos fundamentales son muy importantes y necesitan financiamiento, que debe provenir del funcionamiento de la economía, que debe generar los recursos para garantizar estos derechos sociales. Los cambios principales los dividiría en dos familias: uno donde la Constitución afecta directamente la economía y otro donde afecta indirectamente. Dentro de los efectos directos hay varios, como en materia de propiedad, lo que hace es avanzar hacia un régimen estándar del precio justo, eso lo tienen casi todos los países. En Chile, ha habido controversia por la historia pasada de la Reforma Agraria, que hay dudas cuán justos fueron esos precios. Es profundamente ambientalista, en una economía que explota los recursos naturales con una intensidad como lo hace la chilena, genera una tensión en la economía. Aquí hay muchos aspectos que están zanjados de manera imperfecta y es necesario facilitar una transición desde los altos estándares de la Constitución -necesarios para la sustentabilidad del país y del planeta- pero que sean coherentes para que la economía genere los recursos necesarios para los derechos sociales”, explicó el académico. 

Por su parte, Óscar Landerretche, advirtió que uno de los problemas es el agotamiento del modelo económico chileno de los últimos años, que se expresa en bajo crecimiento, lo que haría complejo poder financiar las políticas sociales que se plantean:

“Yo no tendría ningún problema con el concepto de precio justo, pero un sistema político disfuncional puede terminar interpretando eso de manera nociva, el problema está ahí. Para hacer un diagnóstico de este texto constitucional hay que primero hacerse cargo de la situación económica del país. Si vemos el crecimiento económico de Chile en términos per cápita, los últimos 20 años hemos tenido un deterioro sistemático en la tasa de crecimiento, de hecho, hemos convergido ya antes del estallido a una tasa cercana a cero. Esta tendencia atraviesa 16 años de alternancia de gobiernos de izquierda y derecha, atraviesa superciclos del cobre que después se desarman. Hay un proceso de deterioro del rendimiento de la economía que termina convirtiéndose en una creciente incapacidad de financiar políticas sociales. Hay un problema, un agotamiento muy evidente del modelo económico chileno. La pregunta es si el instrumento constitucional genera las condiciones para hacer lo que se necesita para transitar hacia un modelo que vuelva a generar un camino de desarrollo, que sea consistente con la generación de progreso y de oportunidad con una sociedad más equitativa y una economía más sustentable”, comentó. 

En tanto, Ana María Correa sostuvo que el gran giro que se aprecia en materia económica pasa por la consagración constitucional del concepto de solidaridad: 

“El Estado social democrático de derecho reemplaza al Estado subsidiario, sin embargo, también la subsidiariedad se mantiene tanto en la lógica de la participación activa de la producción del sistema privado, como en la parte que se refiere a la regionalización, donde se le asigna un rol preponderante desde las instancias más pequeñas -desde las comunas y las regiones- hacia el sector central. Es decir, lo que estamos buscando es que efectivamente todos los grupos en la sociedad se desarrollen y puedan realizar las acciones que les corresponden. Si lo miramos desde el punto de vista de la solidaridad, se expresa el reconocimiento del grupo de vínculos que unen a las personas y grupos sociales entre sí, donde prevalece una lógica de separación y fragmentación. Buscamos una disposición al encuentro y a la separación del individualismo. La Constitución actual nos dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derecho, la constitución actual (la propuesta) nos dice que las personas permanecen libres, interdependientes e iguales en dignidad y derechos: ahí ya está la lógica de solidaridad en la construcción de país”, planteó. 

Finalmente, Ximena Clark apuntó que esta propuesta busca definir un cambio de paradigma, hacia la concreción de un modelo de desarrollo sostenible:

“Si bien hay una serie de detalles concretos que nos pueden generar aprehensión, la esencia de lo que se establece aquí es avanzar a un crecimiento inclusivo y sostenible. No es lo mismo crecimiento que desarrollo. Creo que es bueno tenerlo en mente, justamente estas nuevas materias nos presentan un cambio de paradigma y estamos en un contexto de deslegitimación de las instituciones que hacen que el texto sea una cosa, pero el contexto sea otra y ambas deben interactuar al interpretar las posibles implicancias de la propuesta. Finalmente, muchas de las materias que generan aprehensión -luego- se establece su bajada a través de una ley. Entonces, así como uno no puede interpretar un artículo separado del resto de los artículos; uno no puede pensar en el resultado de un articulado sin pensar en su implementación”, indicó.