Conflicto en la Patagonia: Ley Lafkenche vs. Expansión Salmonera
La industria salmonera en la Patagonia chilena enfrenta una creciente controversia debido a sus impactos ambientales y sociales. Los conflictos surgen de la contaminación del agua con desechos orgánicos y químicos, uso excesivo de antibióticos y pesticidas, el acaparamiento de concesiones marinas, un amplio prontuario de ilícitos, entre ellos, casos de sobreproducción, muchas de las cuales son generadas por empresas transnacionales.
Esto ha generado tensiones con comunidades locales e indígenas, quienes denuncian una crisis de sostenibilidad y legitimidad en la industria. «La industria salmonera ha contribuido al aumento de los desechos industriales en las playas, el agua y los fondos marinos», señala el reciente informe del Relator Especial de la ONU en Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd.
El informe del relator, presentado durante el 55 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, resalta el exponencial crecimiento de la industria salmonera en Chile, que ha incrementado su producción en un 3,619% entre 1990 y 2022, posicionando al país como el segundo productor mundial de salmón de cultivo. Este crecimiento ha tenido graves impactos acumulativos sobre el medio ambiente y los derechos de las comunidades costeras e indígenas. «La salmonicultura es una de las principales amenazas para el medio ambiente que enfrenta la Patagonia, especialmente el Parque Nacional Kawésqar», menciona el informe, subrayando la importancia de esta área para la conservación de diversas especies y ecosistemas.
Frente a estos impactos, como destacó El Ciudadano en marzo de este 2024, más de 100 organizaciones y comunidades han exigido al gobierno de Gabriel Boric la implementación de las recomendaciones del informe de la ONU, incluyendo la presentación de un plan de salida de la industria de todas las áreas protegidas. Además, el relator de la ONU recomienda establecer «una moratoria sobre la expansión de la acuicultura del salmón a la espera de un análisis científico independiente de los impactos ambientales adversos«.
La respuesta salmonera
En contraste, sectores vinculados a la industria salmonera han intensificado una campaña de desinformación, sugiriendo que el verdadero conflicto radica en la Ley Lafkenche, que regula los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPOs). La industria acusa que esta ley ha generado conflictos e incertidumbre, presionando para que se rechacen nuevas solicitudes de ECMPOs y se establezca una moratoria en su tramitación. «La interpretación amplia de la Ley Lafkenche ha generado gran conflictividad e incertidumbre», argumenta Tomás Monge, director Territorial de SalmonChile, según destacó recientemente su portal.
Esta postura ha generado rechazo entre las comunidades indígenas y organizaciones que defienden la ley como una herramienta crucial para la protección de sus derechos y la conservación del medio ambiente. «La ley Lafkenche promueve gobernanzas colectivas y no priva de concesiones salmoneras ya establecidas, pero la industria evidencia propósitos expansionistas en estos espacios», sostienen desde comunidades defensoras de la ley.
La disputa entre una moratoria a la expansión salmonera y una a la Ley Lafkenche refleja una lucha de poder entre intereses industriales y derechos comunitarios. Mientras las organizaciones comunitarias exigen la implementación de políticas sostenibles que respeten el medio ambiente y los derechos indígenas, la industria busca frenar regulaciones a sus prácticas expansionistas.
Recientemente, organizaciones chilenas, internacionales y miles de personas alrededor del mundo, como consignó El Ciudadano, entregaron una solicitud a las dos certificadoras de producción acuícola sustentable más grandes del mundo –Best Aquaculture Practices (BAP), y Aquaculture Stewardship Council (ASC).
El propósito, según se informó por sus impulsores, es que se hagan modificaciones a los estándares ocupados para entregar sus certificaciones. Esto, debido a que ambas están visando como “sustentables” a industrias que en Chile y en otros países operan dentro de áreas protegidas y que además han sido sancionadas por daños al medio ambiente y por otras ilegalidades, se señaló en la misiva.
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