Movimiento de pobladores convoca para el próximo 7 de septiembre a una movilización nacional tras aprobación de «Ley Anti-Tomas»

El movimiento Nacional de Pobladores y Pobladoras emitió este viernes una declaración pública, donde condenó la aprobación de la Ley de Usurpaciones, mejor conocido como «Ley Anti-Tomas» y convocó a una marcha nacional para el próximo 7 de septiembre.

En la declaración pública -citada por Resumen- también realizaron un llamado al Gobierno a vetar la iniciativa.

Desde los comités de vivienda recordaron que durante la campaña electoral de Gabriel Boric se estimaron medidas como diversificar las formas de acceder a la vivienda.

Además, Boric se comprometió a impulsar iniciativas sobre arriendo justo, entre otras.

«El Gobierno debería escuchar la demanda de vivienda digna, postergada por décadas para los pobladores. Existe el anhelo de vivir mejor, existe el cansancio de no querer esperar 10 o 15 años por una vivienda social que no es de calidad, que no construye barrios dignos donde desarrollarnos como parte de las familias del pueblo», expresó Claudia Soto, coordinadora de la toma 17 de Mayo de la comuna de Cerro Navia.

Recientemente, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se pronunció sobre el veto por parte del Ejecutivo al proyecto de ley que regula las usurpaciones ilegales de inmuebles, asegurando que “no queremos sacrificar” el espíritu inicial, sino frenar “esta aberración que se le puso en el camino”, al referirse a la habilitación de una legítima defensa privilegiada permanente.

“Queremos vetar ciertos aspectos que son muy conflictivos, pero al mismo tiempo no queremos sacrificar otros aspectos que son positivos y que estaban en el espíritu inicial del proyecto”, dijo al agregar que “el espíritu inicial del proyecto era elevar las penas, transformar este delito como uno permanente, que habilita la acción de la policía en cualquier momento, y en eso estamos de acuerdo”.

Cabe recordar que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la llamada Ley de Usurpaciones al Senado, tras dos jornadas de debate.

El proyecto busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fijar nuevas penas y formas comisivas, e incorporar mecanismos de restitución.