El Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores de Chile se congregó el lunes a las afueras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), para exigir al Gobierno del Presidente Gabriel Boric el veto de la Ley de Usurpaciones, mejor conocida como la «Ley Anti-Tomas» o «Ley Maldita».
Jose «Guayacan» Hidalgo, vocero y líder nacional del Movimiento Nacional de Pobladores y Pobladoras destacó que la protesta se realizó en apoyo «a los compañeros y compañeras de los campamentos de Chile, para que esta ley maldita salga del escenario de discusión nacional».
«El ministro de Vivienda, Carlos Montes, debe comprometerse con los pobladores y pobladoras que están sufriendo en este país y más enciman ponen una ley represiva que atenta contra los intereses y la posibilidad de tener buenos niveles de vida para la gente. En ese sentido, no vamos a parar hasta que esta ley maldita desaparezca», afirmó.
De igual manera, David Romero, vocero del Movimiento de Pobladoras y Pobladores de la Región de Coquimbo, detalló que el instrumento legal está «dejando a muy mal paradas a muchas familias después de una pandemia y reprimiendo aún más a las familias mas vulnerables del país·.
Cabe destacar, que en la concentración participaron dirigentes y dirigentas de Pobladores de la IV, V, VI, VII y VIII Región del país. El Ministro de Vivienda, Carlos Montes recibió en su despacho a los voceros y voceras del Movimiento Nacional de Pobladores y Pobladoras.
Luego que el Congreso de la República aprobara la ley que penaliza sobre “usurpaciones” u “ocupaciones ilegales”, también llamada “anti tomas”, en medio de la polémica por la criminalización que promovería a sectores más vulnerables y que posibilita el “autotutelaje”, es decir, justicia por la propia mano de parte de privados, diversos comités de pobladores y pobladoras en todo el país, han intensificado sus movilizaciones, exigiendo veto presidencial.
Cabe señalar que, la mayoría de la Cámara como del Senado, optó por desestimar las indicaciones impulsadas por el Ejecutivo, que consideraban la precariedad económica de quienes realicen tomas u ocupaciones, así como revertir la legítima defensa privilegiada.
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