Un niño, de un año y 9 meses de edad, del pueblo indígena Embera, murió el domingo por falta de condiciones sanitarias y por estar expuesto a bajas temperaturas en el campamento provisional en el Parque Nacional de Bogotá, donde la comunidad está asentada desde finales de septiembre para exigir sus derechos.
En un mensaje en las redes sociales, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, explicó que el menor fue trasladado al Hospital de San Ignacio y falleció a pesar de las maniobras de reanimación.
«Tenía una condición de salud supremamente grave desde hacía muchos días y no había sido posible trasladarlo porque no había habido la voluntad por parte de su familia y el grupo social que lo acompañaba», comentó.
Gómez añadió que, hace cinco semanas, la administración propuso el traslado de todas las personas que están en el parque a una sede a las afueras de Bogotá, que cuenta con la infraestructura necesaria.
Sin embargo, según relató a la prensa María Violet Medina, líder del pueblo indígena nasa, la comunidad emitió el pasado 8 de noviembre una alerta temprana sobre las condiciones de salud de este grupo de personas y se solicitó un equipo permanente para poder atenderles.
«No hemos sido escuchados. No sé cuántos días tenemos que perder para que la doctora [alcaldesa] Claudia López se tome un minuto de su tiempo y venga y nos escuche pero sobre todo para que entienda que nosotros proponemos salidas estructurales como las que hemos puesto sobre las mesas», denunció.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, destacó que el fallecimiento del menor no tiene «justificación alguna» y pidió a las autoridades judiciales investigar lo ocurrido.
La semana pasada, la Defensoría del Pueblo ya recordó que había solicitado «insistentemente» instalar una unidad de salud permanente en el lugar y garantizar alimentación y atención adecuada a los menores.
Desde finales de septiembre, un grupo de alrededor de 1.000 indígenas embera decidió asentarse en el parque, como medida de protesta para demandar atención del Gobierno nacional y distrital en materia de salud, educación y vivienda.
Esa medida de presión, según relataron voceros de la comunidad, fue por el «incumplimiento total» por parte del Gobierno nacional con los compromisos establecidos para garantizarles sus derechos en su territorio, del que han sido desplazados por la acción de grupos armados.
Fuente: RT.
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