Muertos sin guerras, armados sin control

La muerte es un buen negocio. Y no hablamos de las funerarias, sino de los vendedores de armas y las empresas de seguridad privada. Latinoamérica y El Caribe es el paraíso de los mercenarios. Una región paramilitarizada con la bendición de los Gobiernos.

—

El ministro de Interior designado en Guatemala por el militar Otto Pérez Molina, acusado de delitos de lesa humanidad, ha asegurado que en seis meses el nuevo gobierno, que tomará las riendas del país en enero de 2012, mostrará resultados significativos en la lucha contra la violencia. “Si en seis meses no hay cambios sustantivos radicales que puedan mostrar una diferencia en el tema, seguro que no se van a mostrar en los siguientes seis o cuatro años”, ha dicho Mauricio López.

La afirmación es tan osada, en un país carcomido por la violencia (estatal, privada y narcotraficante) que Otramérica ha querido darse una vuelta por las cifras de la violencia y la seguridad en la región. Las cifras y los datos no explican todo, pero sí nos dan pistas del cambio de paradigma de una región donde se ha pasado de los regímenes militares a los sistemas paramilitares.

Si nos fiamos de los datos oficiales, en Latinoamérica y El Caribe circulan 2 millones de tipos armados con permiso de los gobiernos, aunque las estimaciones más pesimistas podrían situar el número de agentes de seguridad privada en cerca de los 4 millones. La estrategia del miedo y de la inseguridad, las estadísticas redifundidas (y a veces magnificadas) por los medios de comunicación de manera machacona y la renuncia de los Estados a garantizar la seguridad pública ha supuesto un incremento histórico en el negocio de la seguridad privada.

Técnicamente, la seguridad privada no encajaría en la definición del paramilitarismo, pero si tenemos en cuenta el poder real que ha acumulado, la estructura militar de muchas de las empresas del sector y la forma de reclutar a los agentes (con cursos de formación que no suelen superar las 48 horas), podríamos decir que Latinoamérica y El Caribe es el feudo de pistoleros “sin ley”.

—

MUERTOS SIN GUERRAS

El informe Global Burden of Armed Violence (GBAV), hecho público en Suiza a finales de octubre, confirma que la guerra real que se está viviendo en el mundo, y especialmente en las Américas, poco tiene que ver con los conflictos armados. Según este detallado estudio en el último año han muerto de forma violenta (si excluimos de la violencia el hambre, la falta de acceso a servicios sanitarios o la escasez) en el mundo 526 mil personas y, de ellas, ‘sólo’ 55 mil han perdido la vida en conflictos armados, guerras o ataques terroristas.

Si el terrorismo y la guerra no son el enemigo… ¿quién lo es? En Latinoamérica o en El Caribe no hay declarado ningún conflicto armado oficial y tampoco se tiene conocimiento de terribles terroristas islámicos dispuestos a inmolarse. Sin embargo, de la lista de 10 países con más muertes violentas per cápita del GBAV, seis son de nuestra región. El Salvador (el más violento del mundo seguido de Irak), Jamaica, Honduras, Colombia, Venezuela y Guatemala, por ese orden, tienen tasas de muertes violentas superiores al 30 por cada 100 mil (la media mundial es de 7.9 por cada 100 mil).

Las simplificaciones apuntan al narcotráfico como razón final de esta violencia armada, aunque la escritora mexicana Sayak Valencia, en su libro Capitalismo Gore, vaya mucho más allá al relacionar esta ‘guerra’ latinoamericana con la “radicalización del capitalismo, el neofeudalismo y la irrupción del fenómeno ultraviolento”.

—

VIVIR, UN ASUNTO PRIVADO

Cuando los Gobiernos renuncian a garantizar la vida de sus ciudadanos, éstos toman dos caminos. Los poderosos contratan auténticos ejércitos privados para proteger su vida y la de sus bienes. La ciudadanía media y los excluidos, que son mayoría, como escribe Valencia, “bajo estas circunstancias”, se enfrenta a un dilema: “Te conviertes en un animal o estás en el límite, pues cuando empieza a haber muertos, no se puede hacer otra cosa que combatir”. Parafraseando a Roberto Saviano, la autora explica: “El problema es que no puedes sentirte excluido. No basta con suponer que la propia conducta podrá ponerte a resguardo. Ya no vale decirse: Se matan entre ellos”. Los casos de México o de Guatemala dan cuenta de ello.

El Informe Mundial de Armas Ligeras que hace cada año el Instituto de Estudios para el Desarrollo señala como, por ejemplo, en Guatemala ya hay 120 mil agentes de seguridad privada frente a 19.900 policías del Estado, la mayor desproporción entre los 70 países que analiza el informe. No es el único caso en América Latina: En Honduras hay 60 mil agentes y 12.300 policías; en Nicaragua, 19.700 frente a 9.200; en Panamá, 30 mil frente a 12.250; en República Dominicana, 30 mil frente a 29 mil.

Estos datos oficiales ocultan un subregistro importante de agentes de seguridad privada ilegales. Armados e ilegales [aunque la legalidad no garantice nada por la fragilidad de los controles oficiales, es evidente que los números se ven alterados]. En Brasil, por ejemplo, se podría pasar de los 570 mil agentes inscritos legalmente a un millón en la realidad, y en México, de los 450 mil efectivos privados a algo más de 600 mil.

Armados y armas por todos lados a los que hay que sumar las armas y los hombres armados de los carteles del narco, las guerrillas supervivientes en el continente y las de las fuerzas de seguridad estatales. Sin embargo, las fronteras entre todos ellos son difusas. El Informe Mundial de Armas Ligeras también señala el trasvase de efectivos de policías y ejércitos a esos ejércitos privados. Keith Krause, uno de los autores del GBAV, destaca que se han disuelto “los límites entre violencia, violencia política, criminal e interpersonal, como se revela en el caso de asesinatos relacionados con el tráfico de drogas en América Central”.

Sayak Valencia va más allá y analizando el caso de México insiste: “La mafia se entreteje con el Estado y cumple (o financia) muchas de las funciones de aquél, creando un entramado indiscernible y difícil de impugnar de forma eficaz (…) Se difuminan así las fronteras donde situar las funciones del Estado y del narcotráfico, todo ello coadyuvado por el encubrimiento y el silencio de la población civil”.

ARMAS PARA TODOS

La violencia es ejercida, mayoritariamente, por hombres, pero sí hay un porcentaje importante de víctimas mujeres. Valencia insiste en el ‘viejo’ carácter machista de las ‘nuevas’ violencias narco de Centroamérica o del Caribe. Las armas, por tanto, son fundamentalmente para los hombres. Y son muchas.

Según explica con detalle Luis Gutiérrez Esparza, en México circulan unos 15 millones de armas ilegales y en toda América Latina entre 50 y 80 millones. La industria de la muerte se ceba en Otramérica. Hace poco, Luis Alberto Cordero, director de la Fundación Arias para la Paz y el progreso Humano, calificaba a Centroamérica como “un paraíso para los traficantes de armas y municiones ilícitas”. La propia viceministra de Gobernación de Costa Rica, Marcela Chacón, reconocía que la mayor parte de esas armas y munición “procede de Estados Unidos y entra de manera legal. El problema es que para Estados Unidos no representa un conflicto llenarnos de armas, porque para ellos es un negocio: no tienen intención de frenar este tipo de exportaciones hacia el sur”. El Gobierno mexicano asegura que el 80% de las armas que decomisa han sido vendidas en comercios estadounidenses situados en la parte norte de la frontera.

Las armas llegan de todas las formas imaginables, incluso a través de la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) de Estados Unidos que ha reconocido haber perdido entre 2009 y 2010 al menos unas 2 mil armas que habría vendido al cártel de Sinaloa (en México) como parte de la operación ‘Rápido y Furioso’. Las declaraciones de ex agentes de la ATF y de otras agencias estadounidenses apuntan a que no es la primera vez que se “pierden” armas de este modo.

UN PASO MÁS

Las armas en manos privadas y sin control y la seguridad “pública”, en manos de empresas privadas. La nueva vuelta a la tuerca de la renuncia del Estado a ejercer como tal se escenificó a principios de noviembre de 2011 en Cartagena de Indias (Colombia). Allá se celebró el Congreso Mundial de Seguridad… sin apellidos. Es decir, se trataba del congreso de la patronal de la seguridad privada, con su feria de ‘juguetes’ violentos y sus conferencias de perspectivas económicas y avances del sector. Sin embargo, el Congreso estaba auspiciado por las autoridades colombianas y en él, el director del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) anunció, para solaz de los asistentes, que el Gobierno de Juan Manuel Santos estudia un proyecto para “concesionar” los penales colombianos. Un negocio redondo para las empresas de seguridad privada ya que el sistema penitenciario de ese país mantiene privadas de libertad a 100 mil personas.

Colombia, acostumbradas a utilizar contratistas y mercenarios estadounidenses (y de otras nacionalidades) como parte del Plan Colombia, no sólo tiene ideas de futuro para el interior del país, sino que durante los últimos años ha sido un país exportador de mercenarios a las guerras de Oriente Medio. En las últimos meses se ha revelado como algunos de estos agentes de seguridad privada eran instruidos en cuarteles del Ejército colombiano y también se ha desvelado la participación de algunos de esos mercenarios en el conflicto de Libia.

Violencia lucrativa en un continente sin guerras donde la mejor forma de llegar al poder es prometer mano dura contra el crimen y luego olvidar quién era el criminal.

—

Por Paco Gómez Nadal

Publicado en Otramérica

Medio colaborativo con El Ciudadano