Son mujeres de las 36 naciones originarias que pueblan el territorio argentino. Comenzaron a caminar el 14 de marzo desde diferentes puntos del país para confluir el 22 de mayo en Buenos Aires. Su pedido de ayuda al Estado y la sociedad para frenar con el extractivismo se escribe en pasos ya que sus voces han sido históricamente silenciadas.
Seis hermanas de la nación Tapiete, oriundas de Tartagal, al norte de la provincia de Salta, en el noroeste argentino, llevan caminados casi 700 km desde que partieron. Cruzaron Salta y la provincia de Tucumán, atravesaron las dos ciudades capitales homónimas de cada distrito hasta el poblado de Tafí del Valle. Siguen camino del sur, hacia La Rioja, donde se unirán a compañeras de la nación Diaguita antes de encarar la ruta este hacia la capital.
«Basta de terricidio significa basta de ecocidio, de femicidios, de culturicidio, de genocidios. En el norte sufrimos mucha discriminación en la educación, en la salud, al hacer trámites; hay muchos chicos desnutridos, que no tienen agua, y a nosotros nos están quitando la poca tierra que nos queda», dijo Fabiola Rodas, caminante de la comitiva Tapiete.
Esta larga marcha es replicada en diferentes puntos del país por las diversas caravanas del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que nuclea activistas de 36 pueblos originarios del territorio argentino, que comenzaron la peregrinación el 14 de marzo pasado para unirse en el destino final, la ciudad de Buenos Aires, el próximo 22 de mayo.
«Salimos a caminar con una mano adelante y una mano atrás, dejando a nuestras familias. Llegamos a Salta [capital] y no teníamos quien nos recibiera. Queremos ser escuchadas porque nosotras no somos caciques, somos madres y sabemos que en nuestro territorio está sufriendo más que nadie», destacó la referente del bloque noroeste de la caminata.
A través de las caminatas, por las que recorrerán casi 2.000 km, divididas en cuatro bloques (noroeste, noreste, centro y sur) buscan visibilizar su reclamo al Estado para que ponga fin al conjunto de industrias extractivistas que destruyen el ecosistema y las políticas racistas hacia comunidades originarias. En cada escala, realizan charlas abiertas para concientización.
«Las mujeres no queremos ser cómplices silenciosas frente a la destrucción de la vida, de nuestra Pachamama, nuestra mapu, nuestra madre tierra. Estamos decidas a caminar juntas hasta llegar a Buenos Aires, donde exigiremos que el terricidio sea considerado un delito de lesa humanidad y de lesa naturaleza, y que los culpables sean juzgados y condenados», dijo Eugenia Butrón Cárdenas, referente del pueblo Aymara en el Movimiento e integrante del bloque centro.
Sus pasos son huellas invisibles que conectan el país entero en un amplio pedido de solidaridad a la sociedad urbanizada y una solicitud de ser escuchadas por gobernantes y funcionarios públicos, para que sancionen leyes que limiten el accionar de grandes corporaciones mineras, petroleras, forestales y captadoras de recursos hídricos.
Cinco siglos de terricidio
Todavía en el siglo XXI, Latinoamérica esconde en sus entrañas los peores vestigios de colonialismo, racismo y machismo, instalados durante siglos de conquistas de cuerpos y territorios, y vigentes en la cultura misógina, clasista y xenófoba que impera en buena parte del continente, principalmente donde sobreviven las culturas originarias.
Como ocurriera en todo el continente desde la conquista e invasión europea y la formación de las naciones americanas, el Estado argentino exterminó a gran parte de las comunidades autóctonas y no reconoció a los pueblos aborígenes como sujetos de derecho ni sus reclamos sobre posesión de las tierras.
El primer Censo Indígena fue ordenado recién en 1965 por el expresidente Arturo Illia (1963-1966). El INAI fue creado en 1985, con el objeto de desarrollar políticas públicas a favor de estas comunidades, de las que forman parte un estimado de dos millones de personas.
En 1994, a partir de la presión de los movimientos de reivindicación cultural vernácula en el marco del V centenario del desembarco europeo en el continente, Argentina reconoció por primera vez los derechos indígenas cuando reformó la Constitución, incluida «la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan».
La Ley de Emergencia Territorial Indígena se sancionó en 2006 y suspendió los desalojos de comunidades de descendientes con el fin de realizar un registro de tierras ancestrales como paso previo para formalizar títulos de propiedad. Fue aplazado en 2009, 2013 y 2017, hasta 2021, ya que solo se completó 30% del relevamiento catastral según los últimos registros.
«En Chaco hay niños que no tienen agua para beber, en Córdoba yo vi llover cenizas después de los incendios provocados, sentí una impotencia de no poder hacer nada con esto, pero ahora es el momento de hacerlo. Si las voces de las mujeres no son escuchadas, entonces hablaremos con los pies. A Buenos Aires vamos a llegar más de 100 mujeres, en cada lugar van sumándose mujeres», dijo Butrón Cárdenas, integrante de Jaruma, Movimiento de Mujeres y Disidencias Indígenas de Córdoba.
Cortesía de Sputnik
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