Narcotráfico en Perú pone en peligro a la comunidad indígena Kakataibo

La etnia amazónica kakataibo está compuesta por cerca de 10.000 personas que habitan en pequeños pueblos en los departamentos peruanos de Huánuco y Ucayali (norte).

En esta zona remota, mafias de narcotraficantes operan escabullendo los controles de la Policía, pero también amenazando la vida e integridad de los indígenas que ven cómo sus territorios se vulneran con la instalación de laboratorios para la elaboración de cocaína o la construcción de pista de aterrizaje para avionetas que sacan la mercadería ilegal hacia los centros urbanos.

Herlin Odicio es un líder kakataibo y actualmente es presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibos (Fenacoka). En diálogo cuenta que ha trabajado por años en defensa de la integridad de su etnia, denunciando la amenaza del narcotráfico que enfrentan.

Odicio asumió la presidencia de Fenacoka en 2017, una decisión que, afirma, tomó por las crecientes amenazas y represalias contra los indígenas que se oponían a la presencia del narcotráfico, y los asesinatos de líderes que poco a poco han ido en aumento, una situación que quería hacer pública.

Aquí no hay paz

«A veces nos quedamos callados y nadie sabe lo que estamos pasando. Todos piensan que estamos bien, pero yo seguía impulsando el tema de difusión de estas amenazas y entonces allí empezaron a buscarme [los narcotraficantes], pero yo no me cansé de seguir con este proceso de de difusión, yo quería que esto se conozca para las autoridades», dice Odicio.

A pesar de que por tres décadas los kakataibo solicitaron al Estado peruano la creación de una reserva natural para la protección de sus territorios y el desarrollo de una vida pacífica, recién en julio de 2021 se creó la Reserva Indígena Kakataibo, algo que se calculó como el fin de los problemas, pero no fue así.

En septiembre de 2020, a Odicio lo buscó un narcotraficante para ofrecerle una cantidad nada desdeñable de dinero a cambio de instalar una pista de aterrizaje, un episodio que el dirigente narra con amargura.

«El 7 de septiembre del año pasado llegó un colombiano a ofrecerme dinero para que le permitiera trabajar dentro de la reserva y hacer una pista de aterrizaje. Fue muy dura la situación porque ya me había advertido que ellos (los delincuentes) conocían quién era. Me ofrecieron medio millón de soles (125.000 dólares) por cada vuelo cada 15 días, no acepté porque no puedo defraudar a mi pueblo, pero ha sido duro», cuenta.

Y es que luego de la negativa de Odicio vinieron amenazas violentas contra su vida, por lo que optó por huir de su comunidad y vivir escondido por unos meses en la capital, Lima.

Esta decisión no es para nada exagerada pues, afirma el presidente de Fenacoka, que desde abril del año pasado hasta la fecha han sido cuatro los dirigentes kakataibo que han sido asesinados por sicarios. El primero en abril de 2020, luego el segundo en junio, otro en febrero de este año y el último el pasado 24 de julio.

Todo sigue igual

Acosado por la violencia y ante la desatención de las autoridades peruanas frente a su problema, que evidentemente es reflejo del problema de toda la etnia kakataibo, Odicio cuenta que con la ayuda del Instituto de Defensa Legal de Perú y la ONG estadounidense Amazon Watch acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer su caso.

La CIDH exhortó al Estado peruano a brindar las garantías para la vida de Odicio, pero según afirma el dirigente no se logró en concreto.

«En octubre de 2020 nos presentamos ante la Comisión y (ésta) comprometió al Estado peruano para la protección, pero a finales de los primeros meses de 2021 terminaron asesinando igual a dos líderes. ¿Dónde está el compromiso del Estado? Me parece que esa garantía sólo está en los papeles», protesta Odicio.

Si bien existe una legislación para la protección de los líderes indígenas frente a narcotraficantes u otro tipo de delincuentes, la burocracia y la corrupción siguen siendo los obstáculos que impiden que esta se aplique y los kakataibo puedan vivir en paz.

«Lo cierto es que hasta ahora no hay nada concreto de parte del Gobierno, incluso cuando en un caso el asesino fue confeso y lo dejaron en libertad. Parece que acá el que tiene dinero hace lo que le da la gana», denuncia el dirigente indígena, con casi nulas esperanzas de que la situación cambie para el bien de su pueblo.

Cortesía de RT

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